José Luis Rodríguez ZAPATERO.

Nace el 4 de AGOSTO de 1960 en Valladolid (Castilla-León).

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Su abuelo paterno, el capitán del Ejército Juan Rodríguez Lozano, fue fusilado en Puente Castro, León, el 18 de agosto de 1936, al mes justo de iniciarse la Guerra Civil española, por negarse a secundar el alzamiento de Francisco Franco y otros generales contra el Gobierno legítimo de la República. En su testamento, Rodríguez Lozano pedía expresamente a sus descendientes que vindicaran su memoria, y esta trágica circunstancia, ciertamente, tuvo el efecto de reforzar la adscripción de los Rodríguez, una familia leonesa de clase media, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), puesto fuera de la ley y condenado a la clandestinidad en 1939 con la victoria militar del bando franquista, e iba a influir poderosamente en la trayectoria política de uno de los nietos del oficial ejecutado.

1. JOVEN DIRIGENTE DEL SOCIALISMO LEONÉS AFÍN A FELIPE GONZÁLEZ.

El muchacho nació 21 años después de terminada la Guerra Civil en Valladolid, donde vivía el abuelo materno, un reputado pediatra que quería atender personalmente a sus nietos, pero creció y se educó en la ciudad de León, lugar de residencia de la familia y de trabajo del padre, Juan Rodríguez García, un abogado que años después iba a ejercer en los servicios jurídicos del ayuntamiento leonés y a montar un bufete junto con el mayor de sus hijos, Juan, antes de convertirse en decano del Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad.

El menor de los hermanos Rodríguez Zapatero cursó la Enseñanza General Básica (EGB) en el colegio religioso Discípulas de Jesús, y el Bachillerato y el Preuniversitario en el Colegio Leonés. Continuando la especialidad profesional del padre y el hermano, estudió Derecho en la Universidad de León y en junio 1983 formó parte de la primera promoción de licenciados de su facultad, con una tesina sobre el estatuto de autonomía de Castilla y León, último en promulgarse (marzo de 1983) en la España de las comunidades autónomas.

En octubre del mismo 1983 fue contratado por el Departamento de Derecho Constitucional de dicha universidad pública como profesor asociado de Derecho Político, vínculo con las aulas que se prolongó hasta 1986 (posteriormente, desde 1988 a 1991, se acogió a un contrato administrativo de colaboración docente a tiempo parcial y sin retribución) y que no estuvo exento de controversia, al trascender, años después en la prensa, que su departamento le había adjudicado la plaza eludiendo los trámites habituales de convocar un concurso público y de formar una comisión académica de evaluación del aspirante, lo que habría dado pie a un caso de favoritismo por filiación política. Por lo demás, las sucesivas prórrogas que solicitó por motivos académicos terminaron por librarle del servicio militar obligatorio.

Zapatero acumuló experiencia política desde muy pronto. Con el recuerdo de su abuelo siempre presente y, últimamente, encandilado por el discurso del secretario general del PSOE, Felipe González Márquez (18 años mayor que él), el 23 de febrero de 1979, cuando el país estaba a punto de coronar con éxito la complicada transición del régimen dictatorial de partido único, agotado tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, al Estado de derecho basado en la Constitución y la democracia pluralista, Zapatero se afilió al partido, legal de nuevo desde febrero de 1977, y semanas después se convirtió en secretario general de las Juventudes Socialistas de León.

En diciembre de 1982, con sólo 22 años, cuando estaba en el último curso en la Universidad y al poco de obtener el PSOE una espectacular victoria en las terceras elecciones generales de la democracia, Zapatero fue elegido secretario de la Agrupación Local del partido en León capital a instancias del entonces secretario general del PSOE en la provincia amén de diputado nacional, Ángel Capdevilla, consiguiendo imponerse sobre militantes históricos locales que en algunos casos le doblaban en edad con creces.

En 1986 fue incluido en las listas de candidatos socialistas al Congreso de los Diputados (cámara baja de las Cortes Generales o Parlamento) en Madrid como número dos por León y en las elecciones generales del 22 de junio, que reeditaron la mayoría absoluta del PSOE si bien con pérdida de votos y de escaños, Zapatero obtuvo su primer mandato legislativo, convirtiéndose en el diputado más joven de la Cámara e integrando, por tanto, la mesa de edad que desde la tribuna del hemiciclo inauguró el período ordinario de sesiones. Fuera de los plenos, en los años siguientes Zapatero integró las comisiones Constitucional, del Defensor del Pueblo y de Justicia e Interior (en la última, en calidad de portavoz, en septiembre de 1993) así como, desde el 12 abril de 1993, la Diputación Permanente de la Cámara.

2. ENTRADA EN LA POLÍTICA NACIONAL Y PROGRESIÓN INTERNA EN EL PARTIDO.

Militante de perfil moderado, conciliador y abierto al diálogo, la sorpresiva elección de Zapatero para la Secretaría General de la Federación Socialista Leonesa (FSL) el 19 de junio de 1988, en el V Congreso del PSOE provincial celebrado en Astorga, fue ligada por los medios de comunicación a un pacto entre los hombres fuertes y facciones del socialismo leonés, caracterizado por los enfrentamientos internos, la tradición sindicalista y un fuerte apego al obrerismo minero. Esta reconocida capacidad para limar las discrepancias ideológicas y personales entre sus compañeros y sosegar los ambientes crispados iba a ser el mejor instrumento en la promoción política de quien todavía era en Madrid un diputado absolutamente anónimo.

En las elecciones generales del 29 de octubre de 1989, que supusieron la segunda reelección consecutiva del Gobierno de Felipe González aunque prolongando la tendencia descendente de votos, Zapatero renovó su escaño por León, ya como cabeza de lista en la circunscripción, y en noviembre de 1990 fue elegido vocal del Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre congresos, en el XXXII Congreso Federal del partido.

En la cita se escenificó el enfrentamiento entre los ministros del Gobierno partidarios de la línea económica liberal, con el titular de Economía y Hacienda Carlos Solchaga Catalán a la cabeza, y el aparato del partido, capitaneado por el número dos del mismo, el vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general Alfonso Guerra González, defensor de la línea izquierdista tradicional, más fiel a los postulados clásicos de la socialdemocracia pero también identificado por la opinión pública con las actitudes endogámicas que estaban convirtiendo al PSOE en una estructura con dificultades para comunicarse con la sociedad. También en 1990, el 27 de enero, Zapatero contrajo matrimonio en Ávila con Sonsoles Espinosa, antigua compañera de la facultad y profesora de música, hija de militar y abulense de nacimiento pero, como él, crecida y educada en León, con la que ha tenido hasta la fecha dos hijas, Laura (1993) y Alba (1995).

Zapatero fue sucesivamente reelegido al frente de los socialistas leoneses en el VI Congreso provincial el 17 de febrero de 1991, en su escaño de diputado por León en los comicios generales del 6 de junio de 1993 -que despojaron al PSOE de la mayoría absoluta-, en la vocalía del Comité Federal del partido en el XXXIII Congreso Federal del 18 al 20 de marzo de 1994, nuevamente en la Secretaría General de la FSL, con el respaldo del 70% de los delegados esta vez, en julio de 1994, y, por cuarta vez consecutiva, en su mandato parlamentario en las elecciones del 3 de marzo de 1996, tras las que desempeñó la portavocía socialista en la Comisión de Administraciones Públicas. En octubre del mismo año el PSOE le incluyó en la mesa bipartita con Izquierda Unida (IU, coalición permanente encabezada por el Partido Comunista de España, PCE) sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.

La derrota final del PSOE en los comicios de 1996 a manos del Partido Popular (PP), la gran fuerza de la derecha liberal española liderada por José María Aznar López, puso el colofón esperado a un largo declive en las fortunas de la formación socialista. La tendencia se había acelerado en el último quinquenio por el muy negativo comportamiento de la economía, la contestación social a la flexibilización del mercado de trabajo (capítulo muy sensible, pues España presentaba la tasa de paro más elevada de Europa occidental) y, fermento fundamental de esta erosión, los escándalos de corrupción política y económica, que desde 1992 se sucedieron sin desmayo y que conmocionaron a la ciudadanía con una cascada de imputaciones, dimisiones y procesamientos judiciales de personalidades del partido, el Gobierno, la administración del Estado y el mundo empresarial ligado a los socialistas.

Diana de muy duros ataques desde múltiples sectores de la opinión pública y la oposición política, González ofreció estos años la imagen, harto alejada del perfil carismático de otros tiempos, de un mandatario acorralado incapaz de reaccionar convincentemente ante las acusaciones de que era objeto y las convulsiones que dañaban al partido del que era jefe. Eso sí, la derrota del PSOE ante el PP en las generales de 1996 no fue abultada, de hecho lo fue por la mínima (el 38,8% y 156 escaños para los conservadores y el 37,6% y 141 para los socialistas), contrariando la mayoría de los vaticinios.

Después de varias advertencias de retirada nunca materializadas mientras estuvo en el Gobierno, González, visiblemente cansado, anunció por sorpresa su renuncia a la Secretaría General en el XXXIV Congreso Federal del partido el 20 de junio de 1997, arrastrando de paso a Guerra, mano derecha y luego rival durante un cuarto de siglo. Para llenar una vacancia fundamental que llenó de turbación a los socialistas, máxime cuando González no había dejado un sucesor perfilado, el XXXIV Congreso se decantó por el ex ministro de Trabajo y ahora portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín Almunia Amann, un dirigente con una imagen un tanto gris pero desligado de los escándalos de corrupción y capaz de proyectar honestidad y solvencia, amén de un exponente de los renovadores.

Esta corriente del PSOE mayoritaria estaba integrada por antiguos ministros, dirigentes regionales y ejecutivos del partido, y venía sosteniendo una pugna ruidosa con el sector guerrista con sus tesis de favorecer la autocrítica y la transparencia, de apostar por lo multilateral en las actuaciones políticas y de enfocar los principios del libre mercado con pragmatismo. La opinión pública había identificado todavía una tercera corriente interna, los integradores, más deshilvanada que las anteriores y cuyo objetivo sería, precisamente, tender puntos de encuentro de aquellas dos posturas aparentemente irreconciliables.

Zapatero, que en la presente legislatura ganó más protagonismo en el Congreso como portavoz socialista en la Comisión parlamentaria de Administraciones Públicas y, por tanto, como replicador del ministro popular Mariano Rajoy Brey, venía asistiendo a estas trifulcas intrapartidarias desde su nada conspicuo puesto en el Comité Federal. No se adscribía, al menos expresamente, a ninguna corriente interna, si bien desde años atrás sus constantes enfrentamientos con el poderoso sector guerrista de la FSL, cruzándose acusaciones de falsear censos de afiliados en agrupaciones locales para decantar a su favor las mayorías de compromisarios en congresos y asambleas, le habían endilgado la etiqueta de renovador.

En el momento actual, Zapatero únicamente hizo saber su admiración y respeto por González y su obra modernizadora de España, incluso ahora que, con su renuncia intempestiva, había dejado el partido sumido en la desorientación más aciaga. Esta aparente neutralidad del leonés continuó tras el XXXIV Congreso, del que salió convertido en uno de los 33 miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Federal (CEF), como titular de una de las vocalías. El 16 de noviembre de 1997 el VIII Congreso del PSOE leonés le confirmó como secretario general regional.

3. LA PLATAFORMA "NUEVA VÍA" COMO CATAPULTA A LA SECRETARÍA DEL "PSOE" EN 2000.

El 29 de enero de 1998 González rechazó definitivamente que pudiera ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2000 y postuló a Almunia para esa misión. Almunia gozaba del respaldo de la mayoría de los diputados, senadores y dirigentes regionales del partido. Pero en las elecciones primarias del 24 de abril, ejercicio de democracia interna sin precedentes en el sistema de partidos español, venció el catalán José Borrell Fontelles, ex secretario de Estado de Hacienda y ex ministro de Obras Públicas, procedente del círculo liberal de Solchaga, aunque ahora con un perfil de tecnócrata izquierdista, y partidario de dejar atrás el felipismo, éste entendido como la herencia y el, todavía, ascendiente interno de González, a la hora de elaborar cualquier estrategia del partido si lo que se pretendía era recuperar el poder. En esta ocasión, Zapatero, como la mayoría de los miembros de la cúpula, expresó su apoyo a Almunia, pero el parecer de las bases era otro.

La prolongación de la profunda crisis del partido con las dimisiones sucesivas de Borrell, como candidato a la Presidencia del Gobierno, el 14 de mayo de 1999, a raíz de la investigación judicial contra dos colaboradores de su etapa de secretario de Estado sospechosos de haber montado una red de influencias para conseguir tratamientos fiscales fraudulentos a empresas de Barcelona, y de su sustituto para dicho envite, el propio Almunia, en la Secretaría General, el 12 de marzo de 2000, nada más conocerse la fortísima derrota en las elecciones generales celebradas ese mismo día (caída al 34,2% de los votos y los 125 escaños, 10,3 puntos y 58 diputados menos que el PP), confirmó que el súbito retiro de González en 1997 había precarizado el liderazgo socialista y dificultado la oposición parlamentaria al Gobierno de Aznar.

El experimento de la bicefalia había fracasado y los análisis periodísticos más mordaces sostenían que el verdadero estado imperante en el PSOE desde hacía tres años no había sido sino la acefalia. A la renuncia de Almunia asumió interinamente la jefatura del partido una Comisión Política encabezada por el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Manuel Chaves González.

Ante la convocatoria de un nuevo congreso federal que debía cerrar la crisis en el liderazgo del partido y clarificar su estrategia de futuro justo ahora en que el PP se hallaba en la cúspide del poder político y la aceptación del electorado, Zapatero, recién elegido en su mandato legislativo por quinta vez consecutiva, empezó a mover sus piezas y a desvelar sus ambiciones políticas. En abril de 2000, junto con varios compañeros diputados que, como él, eran desconocidos por el gran público y no se les ubicaba en alguna de las familias socialistas, más con el respaldo discreto de viejos rostros de los gobiernos de González como Carlos Solchaga, Zapatero presentó una plataforma denominada Nueva Vía. Sólo en ese momento, el rostro y el nombre del diputado por León empezaron a ser conocidos por el público nacional, de quien puede decirse sin exagerar que emergió de la nada informativa.

El proyecto Nueva Vía, más perfilado en lo programático que en lo ideológico y, en opinión de algunas sensibilidades de la izquierda del partido, de contenido insípido y tinte "social liberal" (esto dicho por ellos con regusto despectivo), evocaba la Tercera Vía (Third Way) del primer ministro laborista británico Tony Blair y también el Nuevo Centro (Neue Mitte) del canciller socialdemócrata alemán Gerhard Schröder, los cuales pivotaban en nociones tales como el pragmatismo y la eficiencia a la hora de revisar las relaciones entre Estado y ciudadanía y de asumir con naturalidad los imperativos de la economía del libre mercado en las sociedades contemporáneas. Por la misma razón, la propuesta de Zapatero parecía alejarse del socialismo más clásico que caracterizaba, por ejemplo, al primer ministro francés Lionel Jospin, quien educadamente se distanció de las tesis de sus colegas de Londres y Berlín.

Su promotor presentó a Nueva Vía como una apuesta socialista por un cambio de rumbo político y social, no rupturista, para recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos y abrir el partido a una sociedad rica y crecientemente compleja con el fuerte incremento de la inmigración de gentes de otras razas y religiones. Zapatero hablaba de transformar hondamente las estructuras del PSOE, desencadenándolo del pasado con un nuevo estilo, pero reivindicando lo que había significado su etapa en el Gobierno, y de convertirlo en un "instrumento al servicio de la sociedad". Llamaba a impulsar el "debate de ideas y no de personas", a estimular el "rearme ideológico" de la izquierda y a elaborar un "proyecto de nueva izquierda y de modernidad" para España, "mucho más acorde con los tiempos que vivimos".

En el discurso no faltaban referencias a las mutaciones de la sociedad de la información, a la multiculturalidad, a la incorporación de las mujeres en la vida política y económica o a, según él, la obsolescencia tecnológica y el "déficit de futuro" de que adolecían las políticas públicas de investigación y desarrollo. Defendiendo la iniciativa empresarial privada como el motor de la economía, pero cuestionando que el libre mercado por sí solo fuera la garantía de la prosperidad general, Zapatero parecía apostar por una globalización con rostro humano cuyo fin primordial sería el servicio a los individuos. Los comentaristas encontraron en la plataforma de Zapatero importantes elementos del discurso de los renovadores, pero, por el tono y las personas implicadas, Nueva Vía se antojaba un proyecto novel y muy personal. No había, eso sí, acuerdo sobre si este proyecto que parecía haberse materializado de repente tenía mucha o poca substancia.

El 25 de junio de 2000 Zapatero formalizó en León su candidatura a secretario general del PSOE. En el XXXV Congreso, bajo el lema El impulso necesario, se iba a batir con otros tres aspirantes, valedores de propuestas dispares pero ninguno enfrentado personalmente con él, antes al contrario. Éstos eran: el favorito, José Bono Martínez, presidente desde 1983 de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, candidato oficial del aparato del partido ya dominado por los renovadores y uno de los poderosos barones regionales cuyos sucesivos éxitos electorales en sus respectivas circunscripciones garantizaban un caudal de votos socialistas que en otras comunidades se había evaporado tiempo ha; Matilde Fernández Sanz, ex ministra de Asuntos Sociales con González y una incondicional de Guerra; y Rosa Díez González, eurodiputada y figura emblemática del socialismo vasco por su militancia contra el terrorismo de la banda ETA (acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, divisa que en idioma euskera significa Patria Vasca y Libertad).

El 22 de julio se celebró la votación como el punto cardinal del XXXV Congreso y, con sorpresa, aunque no excesiva, Zapatero se adjudicó la victoria con 414 votos, esto es, con el apoyo del 41,7% de los delegados, una ventaja muy exigua sobre Bono, que obtuvo 405 votos, correspondientes al 40,8%. Bastante más atrás quedaron Fernández y Díez. La ex ministra cosechó menos votos de los previstos y los observadores arguyeron que un cierto número de delegados del sector guerrista había votado por el postulante de Nueva Vía sólo para impedir el triunfo de Bono y en la creencia de que su corriente sería luego tenida en cuenta a la hora de alinear la nueva CEF.

Ante el congreso que consagró su meteórico ascenso en el PSOE, Zapatero reiteró que apostaba por el "cambio tranquilo, sereno y disciplinado" en la dirección del Gobierno de España y anunció una "oposición útil socialmente" al ejecutivo del PP. Pero, contrariando las expectativas de muchos dirigentes veteranos sobre una cúpula "de integración", presentó una CEF de 25 miembros sin cuotas de representación de las corrientes socialistas (sólo la plataforma Iniciativa por el Cambio, aglutinada en torno a los seguidores de Borrell, obtuvo presencia) y que de hecho barrió a todos los grandes nombres socialistas.

El único dirigente de la anterior etapa que se mantuvo fue el andaluz Chaves, colocado en la Presidencia de la CEF (un cargo más bien honorífico que estaba vacante desde el fallecimiento del histórico dirigente Ramón Rubial Cavia en mayo de 1999) por el nuevo secretario general pese a que había votado por Bono. Zapatero, que en el discurso de presentación de candidatura había apelado al cambio pero "sin esconder a Felipe", había ofrecido antes del congreso ese puesto a González, pero el ex secretario general declinó la invitación. Aparte de Chaves, sólo dos integrantes de la CEF saliente fueron renovados, a la sazón muy poco conocidas por el gran público: Micaela Navarro y Consuelo Rumí.

Para flanquearle en los puestos de mayor relieve, Zapatero eligió a cuatro colaboradores en el proyecto Nueva Vía: José Blanco López, en la Secretaría de Organización y Acción Electoral; Trinidad Jiménez García-Herrera, en la Secretaría de Política Internacional; Jordi Sevilla Segura, en la Secretaría de Política Económica; y, Jesús Caldera Sánchez-Capitán, en la portavocía del grupo parlamentario socialista. La nueva CEF conformaba una dirección joven, animosa y sin hipotecas de pasado (léase, asociación con el desgaste en el poder, las prácticas corruptas y las actitudes corporativistas), si bien inexperta y, salvo un nombre o dos, absolutamente desconocida por la ciudadanía hasta la fecha, lo cual bien podría encerrar tanto una desventaja como un valor. El 23 de julio se clausuró el XXXV Congreso con la aprobación de la CEF propuesta por el 90,2% de los delegados.

4. PRIMEROS PASOS COMO LÍDER DE LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO DEL "PP" Y PROPUESTAS PACTISTAS.

En opinión de los observadores, la elección de Zapatero supuso un verdadero relevo generacional en el PSOE, sin precedentes desde el XXVI Congreso celebrado en Suresnes, Francia, en octubre de 1974, cuando los militantes jóvenes encabezados por González desplazaron a la vieja guardia socialista bregada en los avatares de la posguerra y la lucha antifranquista en la clandestinidad. El dirigente leonés había conseguido unificar el partido, cerrar la grave crisis que arrastraba desde hacía cuatro años por las luchas de banderías y el vacío de liderazgo, y presentar a la militancia un proyecto esperanzador trufado de optimismo.

En los meses siguientes a su elección, Zapatero pilotó en su partido lo que vino a llamarse el posfelipismo y ante el conjunto del país lideró la oposición parlamentaria al Gobierno del PP esforzándose en transmitir al electorado la alternativa del "cambio tranquilo" y de encontrar puntos de réplica a Aznar, un gobernante sólido que había hecho de su partido una formidable maquinaria de cuadros disciplinados y que apelaba a las incontestables realizaciones materiales de su gestión hasta el presente: el saneamiento de las finanzas del Estado, el mantenimiento de los niveles de crecimiento, la creación de empleo y la garantía a corto y medio plazo de la Seguridad Social en sus actuales niveles de cobertura universal.

Sin embargo, Aznar, amparándose en la mayoría absoluta y respaldado en todo momento de una manera irrestricta (al menos en público) por un partido rendido a su persona, empezaba a acumular muestras de cesarismo, de complacencia o nula capacidad de autocrítica, de incomprensión de determinadas realidades regionales y sociales del país, y de derechización neoespañolista, cuestionando el tan traído y llevado giro del PP al centro ideológico.

En los comienzos de esta etapa -a la postre de sólo cuatro años- no fueron pocas las impresiones, también desde ámbitos socialistas, de escepticismo sobre la capacidad de liderazgo de Zapatero. El sucesor de González hacía gala de un estilo reflexivo, articulado, didáctico, enemigo de los golpes bajos y abierto al diálogo y el pacto, un talante que a un sector del público crítico con la actuación del PP le parecía escasamente pugnaz, sin contundencia o calor, y quizá más propio, por poner una analogía, de un dirigente socialdemócrata de un país europeo del norte caracterizado por la cultura política sujeta al fair play y la moderación. Visto desde fuera, él parecía apostar más por la perseverancia y la persuasión que por el ataque verbal y la búsqueda del desgaste inmediato como instrumentos de rentabilidad electoral.

A partir de 2001, con el enfriamiento de la actividad económica, el incumplimiento de las previsiones de inflación del Gobierno, el frenazo en la reducción de la creación de empleo y el carácter altamente precario del mismo, la adopción de normas polémicas en los terrenos social y laboral (reformas de la Ley de Extranjería y de la protección del desempleo, leyes orgánicas de Calidad de la Educación, LOCE, y de Universidades, LOU), y la trascendencia de fraudes que salpicaron a personalidades del Gobierno y el Estado (casos del lino, Ercros y Gescartera), Zapatero pudo fundamentar sus críticas contra el PP en algo más que las valoraciones negativas del modelo de gestión redistributiva de los ingresos de la prosperidad económica (críticas a los recortes en el gasto social y al énfasis de la presión tributaria sobre las rentas de trabajo frente a las rentas del capital y patrimonio) o de las aparatosas maniobras del poder para controlar la línea editorial y la parrilla de contenidos informativos de cuantos medios de comunicación pudiera, una imputación ésta que, precisamente, había recaído insistentemente sobre los socialistas cuando habían gobernado ellos.

Entre sus propuestas diferenciadoras de las políticas de Aznar, Zapatero planteó un pacto constitucional sobre el fenómeno de la inmigración, con el objeto de "anticiparse al futuro y responder a una exigencia moral", la recomposición de las relaciones con los nacionalismos periféricos catalán y vasco o el avance hacia una Unión Europea (UE) de tipo federal que pusiera más énfasis en la dimensión supranacional y en el concepto de subsidiariedad, y que concediera mayor protagonismo a los ciudadanos y las regiones.

Discretamente, Zapatero acogió de manera positiva el modelo de vertebración del Estado elaborado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC, rama del PSOE en la comunidad autónoma), cuyo presidente desde 2000, Pasqual Maragall i Mira, antiguo alcalde de Barcelona, abrazaba un socialismo catalanista que oponía como factor de cohesión la noción de "proximidad", de corte cívico y multicultural, a la de "identidad cultural" cara a la fuerza nacionalista conservadora que ocupaba el Gobierno de la Generalitat desde el inicio de la autonomía en 1980, Convergencia i Unió (CiU), y que también apostaba por un "federalismo diferencial y no uniformista" tendente a la consagración de la "España plurinacional, pluricultural y plurilingüística". En Cataluña, Maragall intentaba atraer a electores que hasta ahora habían votado a la verdadera fuerza del nacionalismo catalán no independentista, CiU, presentándoles una alternativa política de defensa de la especificidad catalana en el conjunto del Estado sin rupturismo separatista.

Además, la propuesta de rediseño autonómico de Maragall para Cataluña no excluía acometer reformas en el Estatuto de Autonomía y en la misma Constitución española. El hecho de que Zapatero tomara al vuelo las propuestas de su compañero de partido en Barcelona, interiorizándolas pero sin vocearlas como propias o sin darles prelación divulgativa en la oferta socialista para el conjunto de los españoles, principió una serie de posicionamientos que a muchos observadores les parecieron meramente tácticos. De ahí que articulistas de opinión se preguntaran sobre si Zapatero no estaría improvisando de día en día las políticas que formulaba. Sus detractores en el PP le empezaron a achacar lisa y llanamente la carencia de "una visión de España". También había que tener presente un dato: cuando el XXXV Congreso del PSOE, la delegación catalana estuvo dividida, de manera que Maragall y sus partidarios apoyaron a Zapatero, mientras que el grupo en torno al antiguo ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno con González -amén de predecesor de Maragall en el liderazgo del PSC-PSOE-, Narcís Serra i Serra, expresó su preferencia por Bono.

Por otro lado, apelando a la responsabilidad política y a la razón de Estado, Zapatero encontró puntos de encuentro con Aznar en capítulos sensibles como la política exterior, no poniendo objeciones a la participación del Ejército español en la Operación Libertad Duradera, capitaneada por Estados Unidos contra el terrorismo islamista internacional a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por la organización Al Qaeda del saudí Osama bin Laden, y en la fuerza multinacional de asistencia a la seguridad en el Afganistán postalibán, la ISAF, así como, y sobre todo, en la lucha contra el terrorismo independentista vasco, donde el respaldo podía calificarse de total.

El 8 de diciembre de 2000 Zapatero firmó con el secretario general del PP, Javier Arenas Bocanegra, un nuevo pacto de Estado antiterrorista, el llamado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, al que no se sumó ninguna otra fuerza parlamentaria, y posteriormente apoyó el proceso judicial de ilegalización del brazo político de la banda ETA, Batasuna (formando parte ambas del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, MLNV, una sigla englobadora del entramado de organizaciones del mundo radical), prologado en junio de 2002 con la aprobación por las Cortes de la controvertida Ley de Partidos con la suma de los votos del PSOE. Además, el 28 de mayo de 2001 el PSOE, el PP y el resto de grupos políticos con representación parlamentaria adoptaron el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.

El 20 de junio de 2002 el país registró la primera huelga general desde la llegada del PP al Gobierno y, si bien sin excesiva complacencia, el dirigente socialista justificó la convocatoria. Concluida la jornada de paros, pidió a Aznar una "rectificación" de la reforma de la protección del desempleo que había motivado la reacción sindical. Tras el debate anual sobre el estado de la nación en julio de 2002, del que Rodríguez Zapatero salió muy bien parado y, en opinión de simpatizantes y observadores no adscritos, como el claro ganador, frente al experimentado Aznar, y la publicación en septiembre siguiente de unos sondeos de opinión propicios al PSOE y a él mismo (por primera vez, superó a Aznar en la valoración de líderes políticos), el dirigente socialista encontró más receptividad entre aquellos, de dentro y fuera del partido, que consideraban injustificado su optimismo cuando aseguraba que ganar las elecciones generales de 2004 era un objetivo "alcanzable”.

5. ACUMULACIÓN DE DESENCUENTROS CON JOSÉ MARÍA AZNAR: LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA Y LA GUERRA DE IRAK.

El 27 de octubre de 2002 el Comité Federal del PSOE proclamó a su secretario general candidato a la Presidencia del Gobierno justo cuando el viento parecía rolar a favor de los socialistas. Zapatero pintó "la España de Aznar" con tonos sombríos, enumeró una serie de problemas en los terrenos de vivienda, empleo estable, educación, sanidad o investigación, y aseguró que su intención era "quitar el poder a los poderosos y devolver derechos y libertad a los ciudadanos". En noviembre se produjo la catástrofe ecológica del petrolero con bandera de Bahamas Prestige, hundido por una tempestad frente a las costas de Galicia antes de comenzar a verter miles de toneladas de crudo, y el PSOE, haciéndose eco de la indignación de una parte de la opinión pública, acusó al Gobierno de reaccionar con parsimonia frente a la crisis, de cometer graves errores de gestión de la misma, de desinformar a la población y de minimizar el impacto medioambiental de la marea negra.

A finales de año el PSOE y el PP se hallaban virtualmente empatados en las intenciones de voto y los sondeos deslizaban la interpretación de que buena parte de los consultados veían en Zapatero a un político más próximo a los intereses y preocupaciones cotidianas del ciudadano que el presidente del Gobierno, percibido por aquellos como un gobernante hosco, distante o prepotente. En el arranque de 2003, uno de los años políticamente más calientes desde la restauración democrática, el enorme revuelo levantado por la inminente invasión de Irak por Estados Unidos y el anuncio hecho por Aznar de que España se embarcaba en la operación con un millar de soldados en misión de retaguardia disparó la intención de voto de los socialistas, pero la euforia se desvaneció muy pronto por la desactivación de las protestas populares contra la guerra y la recuperación de la iniciativa política por el Gobierno popular, que supo reponer en el criterio valorativo de una mayoría de la población aspectos tales como la prosperidad económica, la paulatina disminución del paro y los grandes éxitos en la lucha contra ETA.

En el segundo semestre del año, después de las elecciones autonómicas y municipales, que apenas dieron alegrías al partido, el PSOE y su líder encajaron reveses de imagen y los durísimos ataques de desprestigio por parte del PP, con el consiguiente desaliento de la militancia y la desmotivación de potenciales votantes de izquierda que estaban hastiados de las formas destempladas de Aznar y, en general, el estilo de Gobierno del PP. En vísperas de la campaña de las elecciones generales de marzo de 2004 el PP volvía a aventajar al PSOE en todas las encuestas de una manera nítida y su tercera victoria consecutiva se antojaba poco menos que una certeza.

El consenso de socialistas y populares en política exterior ya experimentó serias grietas a lo largo de 2002. Las relaciones con Marruecos, en la picota desde la retirada por Rabat de su embajador en Madrid en octubre del año anterior, experimentaron en julio del presente año un deterioro sin precedentes desde la Marcha Verde de 1974 con la ocupación por gendarmes marroquíes y la inmediata recuperación manu militari (aunque sin disparar un tiro, luego limpia y eficaz) del islote Perejil, de soberanía española pero no reconocida por el país norteafricano, que tiene este diminuto peñón deshabitado a tiro de piedra de su costa.

El 19 de diciembre de 2001 Zapatero se había entrevistado en Rabat con el rey Mohammed VI y el primer ministro Abderrahman El Youssoufi -colega en la Internacional Socialista- para propiciar el desbloqueo de las relaciones diplomáticas, visita propiciatoria que fue descalificada desde Moncloa como una injerencia en competencias del Ejecutivo. En la crisis de Perejil, el jefe de la oposición emitió un apoyo matizado a Aznar por el envío del destacamento militar. Lo que Zapatero le reprochó al líder popular es que tomara una decisión de esa gravedad, susceptible de dar pábulo a una escalada bélica, sin informarle previamente. Unilateralismo, opacidad informativa y descontrol parlamentario iban a ser tres reconvenciones constantes de Zapatero a la política exterior de Aznar.

Con todo, la cesura definitiva en este terreno se produjo con motivo del drástico viraje en las prioridades diplomáticas de España por una decisión básicamente personal de Aznar, quien hizo un cierre de filas prácticamente irrestricto con Estados Unidos, con los ejes de su política exterior y sus prioridades de seguridad nacional, claramente incompatibles con el derecho internacional en los enfoques más agresivos, todo ello, mantenía el PSOE, en detrimento de las relaciones tradicionalmente privilegiadas de España con Francia y Alemania -con las que se estaba chocando reiteradamente en la UE a propósito de la reforma institucional y el reparto de las subvenciones agrícolas y los fondos de cohesión-, amén de América Latina y el mundo árabe.

Zapatero manifestó su desacuerdo con el respaldo de Aznar a la inmunidad de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) y a la llamada doctrina Bush de autodefensa preventiva unilateralmente determinada, la cual apuesta por que la superpotencia ejerza una hegemonía activa en los asuntos mundiales de ser preciso a través de ataques militares allá donde se detecte una amenaza inminente para su seguridad nacional, sin mediar primera agresión y sin distinguir entre los terroristas y sus amparadores gubernamentales. Del enunciado maniqueo y simplista del "eje del mal" acuñado por Bush Aznar se quedó con su expresión práctica de una lucha sin cuartel contra el terrorismo, percibido por él como un todo altamente amenazador para Occidente y para España, contra la proliferación de armas de destrucción masiva y contra las posibles conchabanzas entre grupos terroristas y estados incontrolados.

El PSOE coincidía en el diagnóstico de que el terrorismo de organizaciones como Al Qaeda era una amenaza de primer orden, como habían demostrado el 11-S y los atentados anteriores y posteriores cometidos en varios países, pero rebatía el análisis uniformizador del fenómeno y la recomendación de volcarse en el combate antiterrorista con los medios más adecuados para cada circunstancia, inclusive las "acciones anticipatorias" de carácter bélico, sin preguntarse por las causas de su explosión en los países de origen y sin delimitar adecuadamente los distintos terrorismos.

En el caso español, el terrorismo vasco de ETA, activo desde 1968 y con más de 800 muertes a sus espaldas, y el de Al Qaeda (la red de bin Laden, a tenor de las 40 detenciones practicadas entre 2001 y 2003, había conseguido introducirse en España y establecido aquí una estructura de ramificaciones insospechadas, y las pesquisas judiciales estaban revelando que España y Alemania fueron los países donde se planificaron los atentados del 11-S) no guardaban relación ni en la ideología, ni en los objetivos confesos ni tampoco en la forma de operar, aunque se asemejaban en el resultado mortífero de sus agresiones, en el desprecio absoluto a la vida de sus víctimas y, naturalmente, en la pretensión básica de todo adversario terrorista que es causar terror entre la población civil y doblegar a los gobernantes. Con todo, hasta ahora Al Qaeda o sus nebulosos grupos satélites no habían atentado en España, en la que los servicios de inteligencia occidentales situaban una suerte de base de operaciones logísticas y de reclutamiento del entramado islamista radical.

Aznar se abonó punto por punto a la argumentación pretextada por la administración de George W. Bush para lanzar la invasión de Irak y derrocar el régimen de Saddam Hussein: el dictador árabe continuaba burlándose de la comunidad internacional, escondía armas prohibidas que la ONU le había ordenado destruir después de su expulsión de Kuwait en 1991 y además era altamente probable que mantuviera lazos con Al Qaeda, todo lo cual le convertía en una amenaza intolerable para la paz y la seguridad.

Su contrincante socialista replicó que había que dar más tiempo a los inspectores de la ONU que estaban rastreando sobre el terreno ese supuesto armamento químico y bacteriológico, y que la opción de la guerra debía considerarse sólo como última opción, cuando se hubieran agotado todas las vías diplomáticas, y nunca al margen de la legalidad internacional -la misma que Aznar invocó en todo momento para justificar la consideración del recurso a la fuerza- no existiendo por el momento, en su opinión, un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU para desencadenar la intervención armada.

En el debate parlamentario de principios de febrero, cuando ganaba ímpetu la división en el Consejo de Seguridad entre los partidarios de iniciar las hostilidades ya en la convicción de que el tiempo se había agotado para Saddam y sacando adelante una resolución adicional a la controvertida resolución 1.441 de noviembre si era necesario (Estados Unidos, Reino Unido y España), y quienes apostaban por continuar con las inspecciones (Francia, Alemania, Rusia y China), Zapatero y Aznar se enzarzaron en un acerbo intercambio de reproches: el líder de la oposición echó en cara al mandatario popular no haberle ofrecido "consenso, sino adhesión a Bush" en la crisis de Irak y rechazó la tesis de la "guerra preventiva" porque "no se puede desencadenar una guerra por sospechas y convicciones"; el presidente del Gobierno acusó a su vez al socialista de carecer de "sentido de Estado" y de "irresponsabilidad" por abandonarse al "oportunismo, el aislacionismo rancio y la ansiedad de poder".

De una manera inequívoca, la postura de Zapatero y los socialistas coincidió con el masivo sentir antibelicista de los españoles, que protagonizaron las manifestaciones más multitudinarias de las celebradas en las jornadas de protesta mundial del 15 y el 16 de febrero (tres millones de manifestantes en todo el país, 900.000 en Barcelona y otros tantos o unos pocos menos en Madrid); de acuerdo con encuestas periodísticas, hasta el 90% de la población se oponía a la guerra en ciernes, un índice que no tenía parangón entre los vecinos europeos, y no cabía duda de que entre los que así opinaban había muchos votantes del PP.

Aznar no se amilanó frente a este rechazo social sin precedentes contra una política gubernamental: copatrocinó los fracasados intentos del grupo liderado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para obtener una resolución autorizando la invasión y el 16 de marzo integró junto con Bush y Blair el trío de líderes que lanzó el ultimátum a Irak en Lajes, Azores; para el principal partido de la oposición española, la cumbre de Azores fue más bien una especie de ultimátum a la ONU y un desaire unilateral a la comunidad internacional. Días después de comenzar la Operación Libertad Irakí, el 20 de marzo, algunas encuestas de preferencia electoral atribuían al PSOE una ventaja de seis puntos sobre el PP.

6. LAS AMBIGUAS ELECCIONES LOCALES DE 2003 Y EL ESCÁNDALO DE LA ASAMBLEA DE MADRID.

Sin embargo, Zapatero no capitalizó en votos correlativos el estruendoso No a la guerra de los españoles. El enturbiamiento de las protestas con algunos episodios aislados de violencia dirigida contra sedes y responsables del PP desagradó o asustó a los electores moderados susceptibles de cambiar de voto y empujó al elector fielmente popular a cerrar filas con su partido. A la vez, Aznar, en una estrategia que le reportó algunos beneficios, acribilló al secretario socialista con acusaciones de radicalismo y de haberse embarcado junto con los comunistas de IU (la "alianza Zapatero-Llamazares"), en una campaña de acoso cuya única pretensión sería socavar al Ejecutivo; ciertamente, a Zapatero, quien se había construido una imagen de sobriedad y contención, no le hizo ningún favor esa identificación con las agitaciones callejeras de signo izquierdista.

Por lo demás, la brevedad de la operación bélica, el inicio de la ocupación de Irak con unas razonables perspectivas de estabilidad después del clímax de violencia y el apaciguamiento de los ánimos, unidos a la marcha imperturbablemente bonancible de la economía, volvieron a reequilibrar la balanza ligeramente a favor del partido en el Gobierno, que también hizo todo lo posible para minimizar la cuestión de Irak en el repertorio de sus discursos. Así, las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo de 2003, planteadas por los socialistas como una primaria de las generales de 2004, dejaron una sensación agridulce, tirando a insatisfactoria, en el partido. El PSOE fue la fuerza más votada en el conjunto del Estado -en los comicios municipales, que no en los autonómicos- con apenas 100.000 votos de diferencia sobre el PP (el 34,7% contra el 34,3%, básicamente el mismo empate técnico registrado en la edición de 1999, cuando los populares aventajaron en sólo 40.000 papeletas), pero el partido del Gobierno obtuvo 600 concejales más.

El PSOE recibió más papeletas en 12 de las 52 capitales de provincia (inclusive Barcelona, Sevilla y Zaragoza, no así Madrid, Valencia o Málaga, cuyos ayuntamientos iban a seguir regidos por los populares), y en 4 de las 13 comunidades donde se renovaron los parlamentos autonómicos, en dos de ellas por mayoría absoluta (Extremadura y Castilla-La Mancha), a las que se sumaba Andalucía, que tenía una convocatoria electoral específica y donde gobernaba Manuel Chaves desde 1990. El partido de Zapatero perdió el Gobierno de Baleares pero a cambio iba a recuperar el de la Comunidad de Madrid, la plaza de poder más emblemática y codiciada en esta consulta, merced al pacto con IU, que otorgaba una mínima mayoría absoluta en Asamblea autonómica frente a la fuerza más votada, el PP. De hecho, la apurada victoria de la coalición de izquierdas en la Comunidad de Madrid, la primacía socialista en las municipales sevillanas y la ganancia de la alcaldía zaragozana por el ex ministro de González Juan Alberto Belloch Julbe, eran los únicos éxitos tangibles de que podían alardear los socialistas en unas elecciones nada negativas para el PP.

El único que no se dejó vencer por la decepción fue Zapatero, que prefirió destacar el retroceso general del PP -por más que éste había sido muy inferior al conjeturado al calor de las protestas contra la guerra o de las anteriores crisis del Prestige y la huelga general- con respecto a 1999, la eliminación del fuerte diferencial de voto bipartidista experimentado en las generales de 2000 y el registro inapelable de que en los primeros comicios disputados por el PSOE siendo él secretario general el partido había sido la lista nacional más votada y recobraba esa condición perdida en 1993.

A partir de este momento, los contratiempos golpearon a Zapatero. El 10 de junio estalló el escándalo en la Comunidad de Madrid cuando dos diputados electos del PSOE se ausentaron en la votación del presidente de la Asamblea, malogrando la mayoría de la izquierda y permitiendo que la candidata popular, inopinadamente, se llevara el puesto. Los tránsfugas rompieron con el partido, se constituyeron como Grupo Mixto y el 28 de junio su abstención impidió que el socialista Rafael Simancas Simancas fuera investido presidente del Ejecutivo; toda vez que la aspirante del PP, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex ministra del Gobierno nacional y ex presidenta del Senado, rehusó someterse a su propia investidura en estas condiciones y, antes bien, propuso celebrar nuevas elecciones cuanto antes, el presidente saliente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, hubo de continuar en funciones simultáneamente al desempeño de su flamante cargo de alcalde de la capital.

Los diputados rebeldes justificaron su actuación por discrepancias ideológicas (rechazo al pacto PSOE-IU) y aventaron un supuesto acuerdo incumplido por Zapatero para garantizar a los Renovadores por la Base, la facción de la Federación Socialista Madrileña (FSM) en la que estaban ubicados, una determinada cuota representativa en las listas electorales y los puestos de función. El secretario general y la dirección socialista acusaron a los Renovadores por la Base de "traicionar" al partido con el incentivo del soborno, se querellaron contra ellos ante la justicia y denunciaron la existencia de una "conspiración" o "golpe" de naturaleza político-urbanística para abortar la formación en Madrid de un gobierno de la izquierda cuyo programa de vivienda iba a perjudicar a determinados intereses privados, y señalaron como artífices de esta atribuida trama de cohecho a personalidades del PP madrileño y a promotores inmobiliarios afiliados al partido conservador, cuyos contactos con los tránsfugas salieron a la luz.

El PP rechazó de plano unas imputaciones que, fundamentadas con pruebas contundentes, dieron realmente que pensar, y calificó la esperpéntica situación de "problema interno" del PSOE. Sin embargo, el daño de imagen ya estaba hecho: expulsar a los diputados en cuestión, denunciarles ante los tribunales y pedir perdón a los atónitos votantes no les parecieron actuaciones suficientemente vigorosas a muchos ciudadanos que habrían apreciado una menor insistencia en denunciar conspiraciones fraguadas en los cuarteles del PP y un lavado más eficiente de los trapos sucios de casa.

Zapatero no depuró responsabilidades políticas (rechazó la oferta de dimisión que le planteó José Blanco, el responsable de elaborar las listas electorales, como secretario de Organización de la CEF), que era precisamente lo que él tanto achacaba al PP, y pospuso la apertura de un proceso interno. Que al PSOE le resucitara precisamente ahora su turbio pasado de corrupción por culpa de unos cuadros medios poco o nada escrupulosos "colados" por los mecanismos de selección de candidatos a puestos de representación popular fue considerado un desastre por la abatida militancia de base. En efecto, el escándalo pasó factura: en las nuevas elecciones del 26 de octubre a la Asamblea madrileña, el PP obtuvo la mayoría absoluta con nueve puntos de diferencia sobre el PSOE y Esperanza Aguirre fue catapultada a la Presidencia de la Comunidad.

7. ESCALADA DE REPROCHES CON EL "PP" SOBRE IRAK Y LA VISIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA.

En el verano y el otoño Zapatero contraatacó a Aznar a propósito de Irak, donde las tropas de ocupación (incluidos los 1.300 efectivos españoles, basados en las provincias de Najaf y Qadisiyah) y la Autoridad Provisional de la Coalición (APC, la estructura de administración civil hegemonizada por Estados Unidos), así como sus planes de restitución de soberanía a unas instituciones nacionales irakíes, topaban con crecientes dificultades por la multiplicación de los actos de resistencia de los antiguos partidarios sunníes de Saddam, transformados en insurgentes que golpeaban a un número creciente de objetivos, y los atentados terroristas indiscriminados de naturaleza islamista.

No en vano, las razones aducidas por Aznar, Bush y Blair para desencadenar las hostilidades en marzo se estaban derrumbando ante la opinión pública: las supuestas armas de destrucción masiva no aparecían por ningún lado, los nexos operativos entre Saddam y bin Laden se revelaron una patraña y, al revés, era ahora cuando los secuaces de Al Qaeda actuaban a sus anchas en el país árabe, el terrorismo internacional no daba ninguna muestra de remitir sino todo lo contrario, la calidad democrática seguía brillando por su ausencia en los grandes estados de la región, y el interminable conflicto palestino-israelí, una vez convertido en papel mojado el plan de paz de la Hoja de Ruta, permanecía en el abismo en que había caído tres años atrás y no tenía visos de salir de él.

A finales de agosto Zapatero endureció su discurso y exigió a Aznar que "diera la cara" en las Cortes para que explicara las "falsedades" por las que había "convocado" la guerra contra Irak, y tachó su silencio tras la muerte de un oficial de la Armada (primera baja española en Irak) en el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad del día 19 de "acto de pura cobardía política y personal"; desde el Gobierno se le respondió que lo que pretendía era "sacar tajada" de la tragedia.

El asesinato el 29 de noviembre en una emboscada al sur de Bagdad de siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, el servicio secreto español) impelió al líder socialista a demandar a Aznar una "rectificación", el reconocimiento de que se había "equivocado" en Irak apoyando la invasión sin el visto bueno de la ONU y enviando tropas nacionales sin el acuerdo previo del Congreso, y la aceptación de un pacto con los socialistas en política exterior. Ahora, el líder opositor apoyó la permanencia de los soldados españoles en Irak, pero insistió en la internacionalización del proceso político allí emprendido y en la creación de una verdadera fuerza multilateral que se encargara de la paz y la seguridad, lo que, a su entender, pasaba por la implicación de la ONU, la Liga Árabe y la Conferencia Islámica. A la perentoriedad de la completa legitimación de la ocupación de Irak Zapatero ligó la revisión de la estrategia contra el terrorismo internacional.

Por su parte, Aznar negó que en Irak hubiera otra cosa que terrorismo puro y duro perpetrado por nostálgicos de Saddam y por extremistas religiosos, incidió en lo dicho por la resolución 1.511 aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 16 de octubre -la cual reconoció a la APC como poder temporal hasta la transferencia de soberanía a un gobierno representativo irakí además de al Consejo de Gobierno Irakí como el órgano político de transición, luego eliminó la situación de ilegalidad de las fuerzas extranjeras en el país, incluidas las españolas- y ridiculizó el cambio de opinión de Zapatero sobre la presencia del contingente nacional en el país árabe, que según el Gobierno estaba desarrollando tareas esencialmente humanitarias. En diciembre Zapatero pintó un balance muy negativo de la política exterior de Aznar, al que acusó de subordinarse a Bush, de pretender establecer una "agenda común" con Londres y Roma para liderar esa "nueva Europa" de la que venía hablando la administración republicana de Washington, y de jugar a ser el "caballo de Troya de Estados Unidos" en la UE, siendo el resultado de todo ello la "soledad" y el "aislamiento".

El 16 de noviembre se celebraron las elecciones autonómicas en Cataluña. Tanto CiU, que presentaba como cabeza a su secretario general, Artur Mas i Gavarró, y el PSC-PSOE, experimentaron un fuerte retroceso en votos y escaños con respecto a la edición de 1999. En esta pugna particular, el equilibrio de fuerzas se mantuvo: CiU siguió aventajando en un puñado de escaños al PSC-PSOE, pero éste volvió a ser, por la mínima, la lista más votada. En cualquier caso, Maragall se aseguró la jefatura de un Gobierno mayoritario en alianza con las otras dos fuerzas de la iquierda parlamentaria, que duplicaron votos y escaños: la Esquerra Republicana (ERC), partido nacionalista autocalificado de independentista, aunque sin un manifiesto de secesión del Estado español, y la coalición no nacionalista Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA, siendo EUiA la rama de IU en la Comunidad). La suma de los cuatro partidos daba una confortable mayoría absoluta de 74 escaños sobre 135.

Las negociaciones sobre el pacto del Gobierno tripartito catalán, que iba a poner fin a los 23 años de presidencia del convergente Jordi Pujol i Soley, levantaron una fuerte controversia política cuando se conoció que Maragall y sus socios estaban de acuerdo con una agenda de lo más ambiciosa: la reforma del Estatuto de Autonomía, la convocatoria de un "procedimiento de consulta dentro de la legalidad" para que los catalanes se pronunciaran al respecto si las Cortes rechazaban la iniciativa, la transferencia por el Estado de más competencias de autogobierno, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fuera la última instancia judicial en los asuntos que afectaran a la Comunidad, y el avance hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que permitiera aumentar los recursos fiscales de Cataluña sin poner en peligro el régimen estatal, lo que podría requerir la creación de una Agencia Tributaria propia.

Zapatero respaldó desde Madrid el programa de Maragall porque lo veía compatible con los principios esenciales del Estado autonómico y censuró la catilinaria lanzada por el Gobierno popular, que vio en los planes del tripartito catalán un "incumplimiento clarísimo de la Constitución" y que se preguntó sobre si aquellos no pondrían en peligro normas básicas de la solidaridad y la unicidad del Estado. Al calor de la trifulca, el PP emplazó al PSOE a que aclarara qué "modelo de España" auspiciaba. En vísperas de la investidura de Maragall, el 16 de diciembre, Zapatero exigió al ejecutivo de Aznar que dejara de "intoxicar, mentir y dividir", y añadió que mientras que el PP era "el partido de la división, la crispación y el temor", el PSOE era "el partido de la convivencia, la integración y el diálogo".

El cruce de acusaciones y la turbamulta política escalaron en las semanas subsiguientes, cuando la campaña de las generales de marzo ya asomaba en el horizonte. El 18 de diciembre, dos días antes de la toma de posesión del Gobierno catalán, el Congreso de los Diputados aprobó con el único voto positivo de los populares una reforma del Código Penal para considerar delito punible con penas de cárcel y de inhabilitación la convocatoria por autoridades o funcionarios públicos de elecciones o referendos no autorizados por las Cortes del Estado.

La medida se había elaborado y concebido como advertencia al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyo lehendakari perteneciente al Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Juan José Ibarretxe Markuatu, había presentado en septiembre su plan de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi en "Régimen de Libre Asociación" con el Estado, el cual implicaba sendas reformas del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 -de hecho lo reemplazaba- y, según opinaban políticos y juristas, también de la propia Constitución española, si lo que se pretendía era no violarla. En las presentes circunstancias, el PP insinuó que los catalanes también podrían verse afectados por la tipificación penal.

El más conocido como Plan Ibarretxe contemplaba un marco de negociación con el Gobierno central en la segunda mitad de 2004 y la posibilidad de que el Gobierno de Vitoria, de manera unilateral, lanzara un proceso de ratificación de la propuesta por la ciudadanía vasca en referéndum, aunque sólo "en ausencia total de violencia" (léase terrorismo etarra), antes de reemprender el proceso de negociación con el Estado para que éste incorporara "la voluntad democrática de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico". Por lo demás, el plan definía a Euskadi como una nación repartida en dos estados (España y Francia), reclamaba la elevación del techo competencial, hasta alcanzar la completa autogestión en los ámbitos fiscal, financiero, laboral, sanitario y de protección social, reconocía la nacionalidad vasca en paralelo a la española y subrayaba la importancia de un poder judicial autónomo vasco. La definición de competencias exclusivas del País Vasco era tan amplia que algunos expertos atisbaron una intención confederal; los detractores más furibundos del plan hablaron de aventura secesionista apenas disfrazada.

Aprobado por el Gobierno Vasco y remitido al Parlamento para su debate el 25 de octubre, el Plan Ibarretxe fue rechazado de plano por los socialistas vascos y por la CEF del PSOE en Madrid. En este punto, Zapatero coincidía con Aznar en la opinión de que el proyecto del nuevo estatuto vasco se impulsaba sin una lógica de integración y consenso, había sido elaborado a título particular por los partidos que componían el Ejecutivo de Vitoria, planteaba un escenario rupturista que no tenía cabida en la Carta Magna y tenía todo el aspecto de estar únicamente dirigido a la comunidad nacionalista, pasando por alto que aproximadamente la mitad de los vascos no se consideraba tal (en los últimos comicios autonómicos, en mayo de 2001, el voto estatalista había supuesto el 46%, si bien el 5% correspondía a IU del País Vasco, socio de gobierno del PNV y favorable a la iniciativa del lehendakari).

Además, a Zapatero y Aznar les resultaba de todo punto inaceptable que Ibarretxe diera prelación a la mudanza del marco político-jurídico sobre la urgencia de acabar con la violencia de ETA y elementos del entorno abertzale, con sus expresiones delictivas de asesinatos (el último, el de un Policía Nacional, en mayo, siendo éste uno de tres únicos crímenes cometidos este año por la banda, muy zarandeada por los golpes policiales), sabotajes, extorsiones y amenazas que conculcaban derechos elementales de miles de vascos; más aún, consideraban que el PNV liderado por Xavier Arzalluz Antia asumía tesis de ETA y de la ilegalizada Batasuna.

Este enfoque interpretaba que los partidos nacionalistas democráticos estaban dispuestos a aceptar un "precio político por la paz", según la expresión acuñada por las formaciones estatalistas (o autonomistas, por su defensa del actual Estatuto) para referirse al muy polémico Pacto de Estella o Pacto de Lizarra-Garazi, firmado por el conjunto de las fuerzas nacionalistas vascas en septiembre de 1998 y que seguía vigente, el cual llamaba a resolver el conflicto vasco por la vía de la negociación política sobre la base del principio de autodeterminación, y preludió una tregua unilateral de ETA de 14 meses de duración.

Sin embargo, Zapatero, que, en apariencia, un tanto a rebufo de lo que decía y hacía Maragall, acababa de relanzar su propuesta de abrir un debate sobre el desarrollo de la España de las autonomías, inclusive la eventual reforma de los estatutos de algunas comunidades "en el marco de la Constitución y con el respaldo de un alto grado de consenso democrático", primero rechazó hacer un "frente común" con el PP para frustrar un plan que de todas maneras consideraba inviable, y ahora también se opuso al "despropósito" de amenazar con la cárcel a los responsables autonómicos que convocaran referendos contrarios a la ley. El Gobierno Aznar denunció el Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional el 13 de noviembre y arremetió contra el PSOE porque le pareciera mal el proyecto del tripartito vasco pero no el del tripartito catalán, que para el PP presentaba muchas similitudes con el primero.

8. VÍSPERAS DE LAS "GENERALES" DE 2004: EL CASO CAROD EN CATALUÑA Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO AL ELECTORADO.

La precampaña y la campaña para las elecciones del 14 de marzo, por tanto, iba a tener el modelo territorial de España como uno de sus ejes fundamentales. Zapatero, con el eslogan de Merecemos una España mejor y la sigla identificativa de ZP (Zapatero Presidente), iba a hacer hincapié en el diálogo Estado-autonomías, en el consenso social, en el cambio de actitudes de los responsables gubernamentales, en las políticas incluyentes dirigidas a los ciudadanos y en un modelo de "España cohesionada a partir de su diversidad", el cual no podía venir ni del "centralismo inmovilista de unos" ni de las "aventuras independentistas de otros", sino del "desarrollo leal del Estado de las Autonomías", todo ello regado con constantes advertencias sobre el "retroceso democrático", la "crispación" y la "agresión verbal" del PP.

En su programa, el PSOE acusaba al PP de "querer apropiarse de la idea de España" y de "no tener reparos en utilizar el terrorismo y la unidad de España para obtener rentabilidad electoral, aun a costa de originar tensiones en torno al modelo de Estado que no se conocían desde la Constitución". De entrada, el PSOE lanzaría una reforma constitucional del Senado con el objeto de convertirla en una verdadera cámara de representación territorial.

Su contrincante en el envite por el despacho en Moncloa, el ex vicepresidente del Gobierno, secretario general del PP y delfín designado por Aznar en la jefatura del partido, Mariano Rajoy (dirigente popular con un estilo más dialogante y comedido que el mandatario saliente, aunque también menos identificado con las dotes del liderazgo personalista fuerte que entusiasmaban a la militancia), confiaba en poder desarrollar una campaña cómoda, no particularmente militante o estridente, quitando validez a las propuestas socialistas, apostando por la continuidad y enfatizando las realizaciones tangibles por los ciudadanos en los ocho años de aznarismo, sobre todo en los terrenos de la economía, las finanzas públicas, el empleo y la lucha contra ETA.

Ahora bien, el constante protagonismo de Aznar en la campaña del oficialismo, afirmando que el PSOE había "dejado de ser un partido nacional" y que sus medidas "romperían el esqueleto del Estado", e incluso ninguneando al que debía ser su estrella, mediatizaron la liza Zapatero-Rajoy con nuevas dosis de aspereza. Todos los sondeos propios y la gran mayoría de los ajenos daban por segura la victoria del PP, pero las encuestas diferían sobre si habría reválida de la mayoría absoluta, aunque por escaso margen, o retroceso a la mayoría simple. Zapatero, de nuevo, apareció como el socialista más seguro de que al partido le iban a ir las cosas mucho mejor de lo que pronosticaban los sondeos, ninguno de los cuales hablaban de otra cosa más que de derrota del PSOE.

Los avisos del PP y de Aznar en particular de que, con compañeros de viaje como ERC en Cataluña y con el respaldo a la reforma estatutaria de Maragall, el PSOE y Zapatero entrañaban poco menos que un peligro para la unidad de España, encontraron una munición muy oportuna en la sospechosa peripecia protagonizada por el secretario general de ERC y flamante conseller en cap o número dos de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, que, tal como reveló el diario ABC el 26 de enero, había sostenido a comienzos de año una reunión con dos máximos dirigentes de ETA en la ciudad francesa de Perpignan. Concurría la circunstancia de que Carod era esos días presidente de la Generalitat en funciones debido a un viaje del titular, Maragall.

El revuelo generado fue mayúsculo y colocó a Zapatero en una situación comprometida. Carod reconoció haber celebrado la entrevista como una iniciativa particular, pero negó haber intentado concertar una tregua de ETA en Cataluña, alcanzado pacto alguno y hablado con los terroristas en nombre de ningún gobierno; con todo, reconoció su "error", pidió "disculpas" al Gobierno catalán por los perjuicios ocasionados y ofreció la renuncia a Maragall. El PP intervino al punto considerando delictiva la reunión y exigiendo al PSC-PSOE la inmediata abrogación de todos los acuerdos con ERC. Maragall, cogido por sorpresa como todo el mundo, calificó de "gravísimo error" la iniciativa de Carod y de momento le sancionó con la retirada de sus competencias en política exterior.

Zapatero, sobre quien recayeron todas las miradas de la estupefacta opinión pública y que recibía presiones para que impusiera su autoridad por parte de los barones socialistas de las comunidades del sur que siempre habían expresado sus reservas o su abierto desdén al programa catalanista del PSC-PSOE (con el manchego José Bono, tildado a veces de "jacobino" en Cataluña, a la cabeza), se sumó a la censura de lo que llamó "deslealtad intolerable" e instó a Maragall a que aceptara la dimisión presentada por el conseller en cap. Pero los socialistas catalanes eran refractarios al cese, y durante unas horas la cruda discrepancia entre Zapatero y Maragall sobre cómo afrontar la crisis pareció que pudiese derivar en una ruptura entre el PSOE y el PSC.

Al día siguiente se llegó a una solución que a muchos, no pocos socialistas entre ellos, les pareció un cierre en falso de la crisis y un órdago de Maragall a Zapatero que éste estaba obligado a aceptar tanto si le gustaba como si no: Carod, que según Maragall acudió a hablar con ETA "de buena fe", era apartado como conseller en cap, pero permanecía en el gabinete como consejero sin cartera. Se trataba, ahora bien, de una presencia temporal, hasta que, tal como ordenaba la ley (el plazo expiraba en unas tres semanas), terminara en toda función ejecutiva para registrarse como candidato a diputado del Congreso; de todas maneras, el interesado no descartó regresar al Gobierno de Barcelona en un futuro. El pacto del tripartito se mantenía intacto y, desde luego, Carod, arropado por los suyos, que consideraban intolerables los intentos del PP de Madrid de "criminalizar" al partido, continuaba en la Secretaría General de ERC.

Desde Madrid, Zapatero calificó de "impecable" la solución tomada por Maragall y se apresuró a trasladar la polémica al derrotero del origen de la filtración periodística desde medios de la lucha antiterrorista, en la cual el PSOE entrevió una operación para reportar réditos políticos al Gobierno del PP. Confidencialmente, medios socialistas no tuvieron ambages en calificar lo sucedido de "desastre" para los intereses del partido, ya que la principal fuerza de la oposición que se presentaba como alternativa nacional de gobierno no podía permitir que la ciudadanía percibiera el mínimo indicio de condescendencia o vacilación en cualquier asunto que involucrase a ETA.

El 18 de febrero las aguas del caso Carod ya se habían remansado y Zapatero estaba volcado en las labores preelectorales cuando la banda terrorista irrumpió en la campaña con un comunicado difundido por la televisión pública vasca en el que anunciaba el final de los atentados exclusivamente en Cataluña con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La primera tregua de ETA con distingos territoriales fue inmediatamente ligada a la extraña entrevista de Carod, que no había despejado de dudas lo hablado en Perpignan y que ahora se defendió asegurando que la tregua era una "trampa política", y reeditó las escenas de enero: Zapatero exigió al PSC-PSOE "consecuencias políticas de alcance", afectando bien al Gobierno catalán, bien a ERC, pero Maragall no estaba dispuesto a romper el tripartito. El jefe de la Generalitat ciñó las medidas a Carod, que definitivamente no volvería al Gobierno y que dejaba de ser el "interlocutor principal" de ERC con él; este rol lo pasaba a desempeñar el nuevo conseller en cap, Josep Bargalló Valls.

El líder del PSC-PSOE dio por cerrada la crisis. Zapatero validó el desenlace y lamentó que "por primera vez en la historia de la democracia, un comunicado de ETA se haya intentado utilizar electoralmente", refiriéndose a las afirmaciones hechas por el Gobierno central de que la continuidad de los acuerdos PSC-ERC constituía una ruptura del Pacto Antiterrorista PP-PSOE. Los medios de comunicación hablaron de un intento de ETA de condicionar la campaña electoral e incluso de un perjuicio deliberado de las expectativas electorales del PSOE, pero discreparon sobre si el error achacado a Carod de manera prácticamente unánime descansaba en una actitud ingenua o en una fría insolidaridad con los ciudadanos que no vivían en Cataluña. De todas maneras, estaba por ver si el rocambolesco episodio de Carod iba a restar votos al PSOE fuera de la Comunidad; dentro, todo apuntaba al efecto contrario, por reacción a unas durísimas censuras del PP nacional que allí se percibían como torpedos contra la línea de flotación del tripartito de izquierda.

Aunque envueltos en el intercambio general de denuestos entre sus respectivos partidos (el candidato del PSOE no anduvo a la zaga en el envío de artillería verbal y retó al popular a debatir "principios y convicciones" como "no matar" o "no mentir"), a lo largo de la campaña Zapatero y Rajoy desgranaron unos programas articulados y prolijos. El aspirante socialista ofreció un modelo de crecimiento duradero y sostenible que, dado que el PP legaba una coyuntura de tasas anuales superiores al 2% del PIB -un ritmo superior al promedio de la UE e incluso de la OCDE- y el dato positivo no facilitaba la promesa de un ritmo más potente, incidía en la calidad del mismo, la cual se ligaba al aumento de la productividad, la inversión pública en el desarrollo tecnológico y la innovación, la sociedad de la información, el fomento del ahorro y la ganancia de competitividad en los mercados externos. El mensaje era que el modelo de crecimiento del PP "estaba agotado" porque se basaba en la expansión de la demanda interna, el consumo de las familias (aprovechando los bajísimos tipos de interés de acuerdo con la política monetaria del Banco Central Europeo, luego endeudándose) y el tirón productivo del sector de la construcción.

Una reforma fiscal eliminaría el carácter "injusto, ineficiente y obsoleto" del actual sistema mediante la simplificación de los tramos del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la elevación de los mínimos exentos de tributación en las declaraciones de renta y patrimonio, el recorte del Impuesto de Sociedades, la exoneración del impuesto de Sucesiones y Patrimonio para las rentas medias y bajas (reforma que debería consensuarse con las comunidades autónomas), y rebajas en algunos tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Para compensar la menor recaudación por estos conceptos, se elevarían las tasas del tabaco y el alcohol y se mejoraría la lucha contra el fraude. Globalmente, la presión fiscal no debería aumentar, que era lo que el PSOE venía achacando al PP con el argumento, rechazado desde el Gobierno, de que las bajadas en la fiscalidad directa habían sido anuladas por las subidas en la fiscalidad indirecta.

Por lo demás, el equipo económico de Zapatero anunciaba una mayor "libertad económica" para no reproducir las pautas del "intervencionismo inédito" vislumbrado en una de las grandes reformas estructurales llevadas a cabo por el PP, la privatización de los antiguos monopolios del Estado (cuyos puestos directivos habían sido adjudicados a licitadores próximos al partido gobernante), y se comprometía a preservar el equilibrio presupuestario y la salud de las cuentas del Estado. Se trataba éste de otro logro, histórico, del Gobierno popular, que en 2003 consiguió el primer superávit en las finanzas de las administraciones públicas, del 0,3% del PIB, gracias al sobrante del 1% en la caja de la Seguridad Social, a la vez que la deuda pública descendía hasta el 43% del PIB, unas tendencias que afianzaban el cómodo cumplimiento por España de dos de los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que se someten los países de la zona euro. En añadidura, Zapatero prometió subir el salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas y las no contributivas, de viudedad y de jubilación

Habría un "plan de choque" para la vivienda que facilitara el acceso de los ciudadanos a la vivienda digna y asequible, y refrenara la burbuja inmobiliaria -ésta entendida como la sobrevaloración desorbitada de los pisos en el mercado en peligrosa relación con el mayor endeudamiento de los titulares de hipotecas por la escasa capacidad de ahorro y el abismal desajuste de los ritmos de crecimiento de los precios y los salarios- a través de la lucha contra la especulación, la promoción de la vivienda de protección oficial y el alquiler, y el refuerzo del control público del suelo urbanizable. El programa socialista hablaba expresamente de "asegurar" la entrada en el mercado de 180.000 viviendas al año "a un precio razonable".

Otros puntos destacados del programa socialista en política doméstica eran: la reforma del mercado de trabajo, con el objeto de reducir el número de contratos temporales y mejorar la calidad del empleo generado en España, uno de los más precarios y peor remunerados de la UE; otra reforma de la justicia, para agilizar este servicio a los ciudadanos; el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares hasta 2024, la atención a la sostenibilidad medioambiental y la revisión total del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que eran tres metas básicas de los ecologistas; la congelación o retirada de elementos legales de la llamada "contrarreforma" educativa del PP; el aumento de los efectivos policiales para luchar contra el terrorismo y la delincuencia, y el mando unificado de la Guardia Civil y la Policía Nacional; una ley sobre la violencia de género (malos tratos a las mujeres), la regulación jurídica de las parejas de hecho y del matrimonio civil entre personas del mismo sexo sin discriminación de derechos; y, medidas para garantizar la imparcialidad y el pluralismo en la radiotelevisión pública.

En cuanto a las relaciones exteriores, Zapatero anunciaba mudanzas completas, resumidas en el retorno a la política de alianzas de la etapa felipista pero adecuándola al nuevo escenario de las amenazas globales. El candidato abogaba por un modelo de "seguridad democrática global" apoyado en los mecanismos de acción multilateral, la diplomacia preventiva y el derecho de la ONU (víctima, según consta en el programa, de intentos de convertirla en un "instrumento legitimador de políticas de agresión y dominación") frente al concepto neoconservador de la guerra preventiva unilateral y la tendencia a la "privatización del orden internacional", acompañado de medidas para reducir "la pobreza, el hambre y la desesperación", y para hacer cumplir los Derechos Humanos, dado que el terrorismo "no es el problema exclusivo de la humanidad".

En el ámbito de la UE, Zapatero incidía en la recuperación de la visión comunitarista de la construcción europea y en la potenciación del proyecto político de manera que en sus aspectos exteriores y de seguridad fuera autónomo de Estados Unidos. Una promesa particular caló hondo en la opinión pública: que si para el 30 de junio, fecha decidida por Washington para poner fin formal al régimen de ocupación y entregar la soberanía a una institución nacional irakí, la ONU no asumía el liderazgo del proceso político y la seguridad militar, el contingente español sería repatriado. El político seguía insistiendo en el carácter "ilegal e injusto" de una guerra "basada en la manipulación y la falsedad", y rechazaba que allí hubiera de librarse una batalla fundamental en la lucha global contra el terrorismo.

Fuera de los contenidos programáticos, Zapatero aseguró también que no formaría gobierno a menos que fuera el partido más votado, con lo que eliminaba la posibilidad de un frente de izquierda para desalojar a un PP que conservase la primacía simple en escaños y apelaba al voto útil en favor del PSOE. IU, secundada por ERC, lamentó que Zapatero se empeñase en "cerrar las puertas a una alternativa plural" de la izquierda. La coalición permanente que coordinaba Gaspar Llamazares Trigo también objetó con vehemencia los postulados de política económica del PSOE, considerados continuistas de la gestión popular.

9. DEL 11-M AL 14-M: VICTORIA CONTRA PRONÓSTICO FRENTE A MARIANO RAJOY BAJO EL IMPACTO DE LOS ATENTADOS ISLAMISTAS DE MADRID.

En el tramo final de la campaña, los sondeos periodísticos aventuraban una victoria del PP con más de cinco puntos de ventaja, si bien la eventualidad de la mayoría absoluta del partido de Rajoy y Aznar estaba desdibujándose al detectarse una ligera progresión socialista en las últimas semanas. Confidencialmente, Zapatero transmitía su convencimiento de que el PSOE podía ganar por mayoría simple el 14 de marzo, por más que todos los análisis divulgados colocaban ese optimismo en la categoría de presunción sin fundamento.

Sin embargo, el jueves 11 de marzo, tres días antes de la cita con las urnas, el país se despertó con una terrible noticia llamada a dejar una huella indeleble en la memoria colectiva y, de manera fulminante, a imprimir un giro de 180 grados al panorama electoral: la muerte de 191 pasajeros y heridas de diversa consideración a 1.460 personas más en el estallido, con escasos minutos de diferencia entre sí -entre las 7,26 y las 7,29 horas de la mañana- y en las estaciones de Atocha, El Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, al sur y el este de Madrid, de una decena de bombas camufladas en cuatro trenes de cercanías que realizaban trayectos desde las ciudades de Guadalajara y Alcalá de Henares hasta destinos en el norte de la capital. En realidad, fueron 13 las mochilas-bomba rellenas de dinamita colocadas por el comando terrorista, pero tres no llegaron a estallar. Además, entre las víctimas figuró un número significativo de súbditos de una decena de nacionalidades, entre ellos rumanos, marroquíes y ecuatorianos.

La catástrofe terrorista, la mayor sufrida en España y el conjunto de Europa en toda su historia (excepción hecha del atentado libio contra el avión de línea estadounidense que cayó en Lockerbie, Escocia, en 1988), produjo una conmoción indescriptible entre los españoles y generó una ola internacional de condolencias y apoyos hacia el país europeo como no se recordaba. Mientras los servicios de urgencia no daban abasto en la recuperación de los cadáveres de entre los amasijos de metal en que se habían convertido los vagones y en el auxilio a los centenares de heridos, y el sur de Madrid ofrecía imágenes propias de una zona de guerra, los partidos políticos suspendían los actos de campaña y el nombre de ETA se puso en el pensamiento y en la boca de casi todo el mundo como la responsable de la masacre.

En su primera comparecencia, el ministro del Interior, Ángel Acebes Paniagua, atribuyó la autoría a ETA "sin ninguna duda" sobre la base de peritajes preliminares de los restos del explosivo empleado, al parecer dinamita de la marca francesa Titadyne, y de los mecanismos de ignición, que correspondían a los habitualmente empleados por la banda vasca. Acebes recalcó que arrojar dudas sobre esta certeza básica del Gobierno era una actitud moral "miserable" y que las especulaciones al respecto eran "intoxicaciones". Zapatero advirtió a la banda que "cualquier gobierno" le daría "la misma respuesta" y la perseguiría "hasta que responda de sus atroces delitos", a la vez que elevaba un llamamiento a mantener la unidad de todas las fuerzas democráticas frente al terrorismo. El mismo lehendakari Ibarretxe dio por sentada esta autoría en su declaración institucional de condena. El presidente Aznar, aunque sin citar expresamente a ETA, aseguró a primera hora de la tarde que los terroristas nunca lograrían sus propósitos y que todo el peso de la ley caería sobre ellos.

La generalizada convicción, o media convicción, en medios políticos y sociales de la factura etarra de los atentados en las primeras horas desde su comisión se nutría de dos inquietantes antecedentes de la banda: la interceptación en Cuenca días atrás de una furgoneta cargada de dinamita y cuyos conductores dirigían presuntamente a algún punto de Madrid, y el intento de atentado desbaratado en la estación de Chamartín en las pasadas Navidades; también, de ciertos indicios aventados por medios policiales europeos que apuntaban a un salto cualitativo en los ataques de la banda, la cual, diezmada por los sucesivos golpes policiales y posiblemente desesperada, buscaría arrancar negociaciones con el Estado español mediante grandes atentados indiscriminados en lugares públicos (de hecho, ya había intentado volar edificios enteros), de enorme impacto mediático y emocional, aun a riesgo de enajenarse el respaldo social, muy disminuido, que le quedaba en el País Vasco.

Muchos espantados ciudadanos pensaban que ETA, organización terrorista que había alcanzado cotas extraordinarias de abyección, era perfectamente capaz de dejar atrás sus últimos escrúpulos morales y cometer una atrocidad de este tamaño. Pero causaba estupefacción la envergadura operativa de una operación que, sin duda, debía haber involucrado a un número significativo de activistas no controlados por las fuerzas de seguridad, lo que no encajaba en absoluto con la realidad mensual de arrestos y desarticulaciones, facilitados por la bisoñez de los jóvenes terroristas reclutados. El Gobierno Aznar había asegurado reiteradamente en los últimos tiempos que ETA se encontraba en el momento de mayor debilidad de su historia. Sin embargo, fue en esta misma jornada dramática cuando la hipótesis etarra empezó a perder vigor en favor de la conexión islamista a fuer de una serie de pistas informativas y de pruebas materiales que se acumularon con rapidez.

Por de pronto, Arnaldo Otegui Mondragón, portavoz de Batasuna, condenó sin paliativos los atentados (un posicionamiento insólito en la izquierda abertzale) y declaró no contemplar "ni como hipótesis" que ETA estuviese detrás de los mismos porque la banda a lo largo de su historia "siempre" había avisado de la colocación de explosivos en llamadas telefónicas y porque la masacre se había cebado en "trabajadores y población civil"; más bien le parecía cosa de la "resistencia árabe". Estos comentarios son a los que luego se refirió Acebes en sus descalificaciones en la comparecencia. Ahora bien, el mentís de Otegui fue acogido con desdén tanto en el PP como en el PSOE, conociendo los antecedentes de la banda y el elevado número de civiles (de hecho, casi tantos como uniformados) cuyas vidas había segado sin el menor miramiento; más aún, sangrientos atentados realizados en las dos últimas décadas del siglo pasado contra lugares de esparcimiento y casas cuartel de la Guardia Civil buscaron expresamente matar a paisanos que hacían sus compras y a los familiares de los agentes acuartelados.

Por la tarde-noche, el ministro Acebes anunció el hallazgo en Alcalá de Henares de una furgoneta con siete detonadores y una casete con recitaciones coránicas (como se supo horas más tarde, el vehículo resulto ser el empleado por los terroristas para trasladar su mortífera carga y en su interior se hallaron también restos de explosivo), tras lo cual había ordenado a la Policía "no descartar ninguna línea de investigación", si bien la pista etarra seguía prevaleciendo para el Gobierno. Ya de noche se conoció un comunicado enviado al periódico londinense en lengua árabe Al Quds Al Arabi por las denominadas Brigadas de Abu Hafs Al Masri, las cuales, en nombre de Al Qaeda, reivindicaban la "Operación Trenes de la Muerte", se felicitaban por haber conseguido golpear "a uno de los pilares de los Cruzados y sus aliados", y calificaban los ataques de "parte de un viejo ajuste de cuentas con el Cruzado España, aliado de América en su guerra contra el Islam".

Entendidos en el tema consultados por los medios de comunicación restaron credibilidad a la misiva, por más que estas Brigadas de Abu Hafs Al Masri (el nom de guerre corresponde a uno de los lugartenientes de bin Laden, el egipcio Muhammad Atef, considerado el cerebro de la estructura militar de Al Qaeda cuando fue abatido por las tropas estadounidenses en Afganistán en noviembre de 2001) ya se habían atribuido atentados de indudable impronta islamista en Turquía y en el Irak ocupado. Por otro lado, no podía olvidarse que en octubre pasado el propio bin Laden había amenazado expresamente a España, entre otros países, por su respaldo a Estados Unidos en Irak en una grabación sonora enviada a la televisión qatarí Al Jazeera.

En respuesta al urgente requerimiento de la representación española y a pesar de las reluctancias de países como Rusia y Alemania, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el jueves mismo una resolución, la 1.530, condenando en los términos más enérgicos los atentados de Madrid "perpetrados por el grupo terrorista ETA". Se trataba de una resolución sin precedentes: nunca antes el supremo órgano de la ONU había condenado el terrorismo vasco, y además citaba expresamente a la banda, amén de emplear el término terrorista. Cuando los atentados de 2001 en Estados Unidos, el Consejo había emitido la condena al día siguiente y además sin citar a Al Qaeda ni a organización alguna.

A primera vista, se trataba de un éxito diplomático sensacional del Gobierno de España, que lograba así el pronunciamiento solidario de la comunidad internacional y borraba las últimas actitudes de tibieza o comprensión hacia el "separatismo" vasco encarnado por ETA, pintada con resabio legitimador en algunos medios de comunicación occidentales como una organización guerrillera. En estas mismas horas y en las siguientes, Aznar y su ministra de Exteriores, Ana de Palacio Vallelersundi, telefonearon a directores de periódicos nacionales y a embajadores de España en el extranjero para asegurarles que los atentados habían sido de ETA y que ésa era la línea informativa que había que divulgar.

Al día siguiente, viernes 12 de marzo, al dolor y la desolación de la población se les agregó la inquietud y las primeras muestras de malestar por la aparente opacidad informativa del Gobierno, que seguía sin ofrecer datos incontrovertibles sobre los responsables de los atentados. Que ETA de momento guardara silencio no significaba nada, ya que la banda tenía por costumbre reivindicar sus acciones al cabo de semanas o de meses. Además, entraba dentro de lo posible que no se atreviera a reivindicar la de ahora ante el oprobio universal suscitado, y menos ante su base social en el País Vasco, donde reacciones como la de Otegui indicaban que este atentado era indigerible.

Otra elucubración era que ETA jugaba a la confusión e intentaba desviar la atención sobre su autoría dejando pistas falsas que apuntasen a los islamistas, en cuyo caso no se entendía el propósito de un macroatentado a cuyo mensaje político y propagandístico renunciaban, pues lo primero que venía a la mente es que ETA había intentado reventar las elecciones. Zapatero y líderes de otros partidos de la oposición empezaron a decir sin tapujos que el Gobierno estaba ocultando o reteniendo información transmitida por el CNI y los expertos policiales en la lucha antiterrorista. El candidato socialista afirmó además que la "respuesta política" debía ser "diferente dependiendo de la autoría de los atentados".

Con esta valoración, Zapatero se refería implícitamente a dos escenarios alternativos: si había sido ETA, entonces el Gobierno del PP podía contar con una rotunda victoria electoral el domingo porque la lucha contra el desafío terrorista vasco era uno de sus puntos fuertes y porque cabía esperar un efecto de cierre de filas de la población con el Ejecutivo en estos momentos de crisis de seguridad provocada por un enemigo interno; si, en cambio, habían sido radicales islámicos, lo más seguro que venidos de fuera, el trasfondo político cambiaba completamente, ya que las cábalas sobre el nexo con la controvertida participación española en la guerra de Irak y el evidente resultado multiplicador del terrorismo internacional de esta malhadada acción bélica podrían arrojar la conclusión de que ahora, España no tenía uno, sino dos enemigos terroristas por culpa de la política exterior de Aznar, luego el voto podría orientarse hacia el PSOE.

A efectos internacionales, las implicaciones eran también muy diferentes, ya que la autoría etarra no justificaría en modo alguno la inmediata puesta en marcha de operativos especiales de seguridad y vigilancia en otros países susceptibles de sufrir ataques de Al Qaeda. De hecho, numerosas cabeceras de la prensa internacional, fuentes de Interpol y Europol, y especialistas foráneos en la lucha antiterrorista detectaron el estilo de Al Qaeda en la voladura de los trenes. Aznar, visiblemente irritado, insistió en otra comparecencia televisada en la probable autoría de ETA pero se negó a aclarar si la línea de investigación del terrorismo islamista era ahora la prioritaria. Por su parte, Acebes desveló que la dinamita usada había resultado ser del tipo Goma 2, de fabricación española al igual que los detonadores, y admitió que ambas características eran coincidentes en el material hallado en la furgoneta y en una de las bombas desactivadas por los artificieros que no había llegado a estallar. ETA hacía años que no empleaba este tipo de material en sus atentados.

Por la tarde, en respuesta a la convocatoria de la Presidencia del Gobierno, 11 millones largos de españoles, es decir, más de la cuarta parte de la población total, salieron a manifestarse en todas las ciudades del país con el lema de la repulsa al terrorismo y la defensa de la Constitución, gigantesca movilización popular que empequeñeció a las protestas contra la guerra de febrero de 2003 y donde la tristeza contenida y una serenidad impresionante no fueron óbices para que afloraran algunos gritos demandando conocer "quién" había sido, y "por qué". La manifestación de Madrid congregó a más de dos millones de personas y estuvo encabezada por Aznar, Zapatero, el príncipe de Asturias Felipe de Borbón, otros líderes partidistas y varios estadistas europeos. Una hora antes de iniciarse las manifestaciones, ETA, con una rapidez inusitada, comunicó a dos medios de comunicación vascos que no tenía "ninguna responsabilidad" en la matanza de Madrid.

El sábado 13, día de reflexión previo a las elecciones, la tensión política y social aumentó. El PSOE y el resto de la oposición redoblaron sus críticas al Gobierno, que se defendió asegurando que la ciudadanía estaba siendo puntualmente informada y que las imputaciones de encubrimiento con propósitos electoralistas eran absurdas. Por la tarde, unas cuantas miles de indignadas personas, presumiblemente simpatizantes de las formaciones de izquierda, se concentraron ante las sedes del PP en Madrid, Barcelona y otras ciudades exigiendo saber "la verdad" y dirigiendo improperios al Gobierno y a los medios de comunicación afines. El PSOE, aunque no por boca de Zapatero, aseguró saber de motu propio que el Gobierno estaba diciendo cosas "no ajustadas a la verdad" y le acusó de "ocultar datos" en función de su "juego político". Rajoy, que el día anterior había dicho que "todos los terrorismos son iguales y execrables" y que hoy declaraba a un periódico que tenía la "convicción moral" de la autoría de ETA, denunció las concentraciones ante las sedes de su partido como "ilegales e ilegítimas".

El Ministerio del Interior dio por la tarde una noticia muy importante: la detención de tres marroquíes y dos indios presuntamente miembros del entramado que habría cometido los atentados. Uno de los magrebíes, Jamal Zougam, fue relacionado por la Policía con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y con la más difusa organización Salafiya Jihadiya (Jihad Auténtica); adscrita al ultrarrigorismo wahhabí exportado por Arabia Saudí y a la corriente fundamentalista salafista, directamente emparentada con la anterior, la Salafiya Jihadiya venía operando como una sucursal multinacional de Al Qaeda en el país norteafricano y su capacidad terrorista había quedado trágicamente demostrada el 16 de mayo de 2003 con el quíntuple atentado cometido por 14 suicidas cargados de explosivos contra intereses españoles en Casablanca, con el resultado de 41 muertos, tres de ellos de nacionalidad española. A Zougam también se le descubrieron vínculos con Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, el jefe de la célula de Al Qaeda en España, en prisión desde noviembre de 2001 y procesado por la justicia española en septiembre de 2003 por su presunta implicación en la preparación de los atentados de Estados Unidos.

Acebes compareció avanzada la noche para informar del hallazgo de una cinta de vídeo recogida cerca de la Mezquita de Madrid siguiendo las instrucciones de un comunicante anónimo a la televisión autonómica en la que un hombre presentado a sí mismo como el "portavoz militar de Al Qaeda en Europa" asumía la responsabilidad de los atentados, justo dos años y medio después de los ataques en Estados Unidos, como retribución a "vuestra colaboración con el criminal Bush" en Irak y Afganistán, y advertía de calamidades aún mayores si estas "injusticias" no cesaban.

Los ciudadanos, impactados por el horror del jueves, acudieron a votar el domingo 14 con su particular valoración política de lo sucedido en estas 72 horas, y la prevalencia de una u otra impresión iba a reflejarse en el veredicto de las urnas. Tres consideraciones podían formularse sobre la actuación del Gobierno de Aznar: éste, bien había manipulado a la opinión pública y sucumbido a la tentación de demorar la divulgación de información crucial sobre los atentados antes de rendirse a las evidencias que iban desgranando una investigación policial autónoma, luego se estaría ante una situación gravísima e intolerable; o bien se había dejado llevar por su sincero convencimiento de que había sido ETA y por su incapacidad para asumir la hipótesis contraria, en cuyo caso se trataría de una gestión torpe o prejuzgada de la crisis; o bien había actuado con transparencia y presteza en todo momento, teniendo presente además que bien habría podido decidir un bloqueo informativo con el objeto de no perjudicar las investigaciones y no poner en guardia a los terroristas en situación de ser capturados.

Los electores airados con el Gobierno tendían a trazar una relación de causa y efecto entre la participación de España en la guerra de Irak y el alineamiento incondicional con Estados Unidos por una parte, y los atentados por la otra, así que algunos de ellos podían hacer a Aznar responsable indirecto de los mismos. Quienes no veían mala fe en la manera en que el Gobierno estaba llevando la crisis, podían también rechazar aquella cábala y conjeturar con que la decisión de los radicales islámicos de atentar en España venía de antes. Al margen de esta cuestión, la impresión prácticamente unánime era doble: que el PSOE iba a aunar muchos votos nuevos y que las fuerzas de seguridad del Estado estaban realizando una labor extraordinariamente eficiente a posteriori, si bien las labores de inteligencia o los criterios de los altos mandos para valorar el alcance de la amenaza jihadista en España habían fallado a priori, al no poder impedir los atentados.

Los comicios tuvieron un resultado espectacular: con una participación del 77,2%, 8,5 puntos más que en 2000, el PSOE se adjudicó la mayoría simple con el 42,6% de los votos y 164 diputados, una ventaja sobre el PP de 5 puntos y 16 escaños. La formación socialista regresaba al Gobierno de la nación con Zapatero como cabeza de lista por Madrid con una ganancia de 3,1 millones de votos con respecto a 2000, hasta superar, por primera vez en la historia de la democracia, la barrera de los 11 millones de papeletas, y la primacía en 21 provincias y cuatro comunidades autónomas, entre ellas las dos más populosas, Andalucía y Cataluña. Saltaba a la vista que el PSOE se había beneficiado masivamente de dos elementos: el gran índice de participación, con mucho electorado joven que había decidido abstenerse pero que cambió de opinión a raíz del 11-M, y el corrimiento de votos desde IU, que sufrió duramente el llamamiento de Zapatero al voto útil, cosechó prácticamente las mismas papeletas que en 2000, 1,3 millones, y por lo tanto perdió tres de sus ocho diputados.

10. VORÁGINE DE REACCIONES INTERNACIONALES Y FORMACIÓN DEL GOBIERNO.

En sus primeras alocuciones, conferencias de prensa y entrevistas tras proclamarse la victoria socialista, un contenido Zapatero se comprometió a "encabezar el cambio tranquilo" y a "gobernar para todos y con humildad", ya que "el poder no me va a cambiar" (el comentario evocaba en los oyentes el caso de Aznar, pero también el de González). Aseguró que su prioridad iba a ser "combatir toda forma de terrorismo", y que los españoles "tenían ganas de cambio", atribuyendo a este deseo, y no a los atentados, su triunfo en las urnas.

Zapatero negó que los españoles hubiesen votado con miedo o pensando en el chantaje de los terroristas, mientras que algunos observadores opinaron que el 11-M había funcionado de hecho como la caja de resonancia de un malestar acumulado en un importante número de electores por determinadas políticas y actitudes del PP, o como el despertador de una irritación que ya se había manifestado en el pasado y que se había adormecido o abandonado al fatalismo, en el convencimiento de que los populares iban a revalidar en las urnas. Por su parte, algunas figuras del PP, donde el varapalo no parecía ser fácilmente digerido, arguyeron que la causa de su derrota había que buscarla en el "aprovechamiento de la conmoción" y en la "manipulación del dolor" por el PSOE y ciertos medios de comunicación de unos electores que, viéndolo así, se habrían comportado con inmadurez política.

Zapatero reafirmó también su promesa de que las tropas regresarían antes del 30 de junio a menos que la ONU no se hiciera cargo de la situación en Irak sobre la base de una nueva resolución del Consejo de Seguridad que imprimiera un "cambio radical, a fondo, de la estrategia" aplicada allí, y se despachó con una serie de valoraciones críticas con la política de Estados Unidos contra el terrorismo y su actuación en el país árabe; para el presidente del Gobierno in péctore, la lucha antiterrorista debía sostenerse en la "utilización de los instrumentos del Estado de Derecho y la legalidad internacional" y en una "comunidad mundial de inteligencia" construida con el principio de la cooperación interestatal, ya que al citado mal "no se le derrota con guerras". En cuanto a la ocupación de Irak, la tachó de "desastre" y de "neocolonial".

Los horribles atentados, el misterio sobre su autoría, la gestión de la crisis por Aznar, el vuelco electoral, las declaraciones de Zapatero y las implicaciones para Irak convirtieron a España durante unos días en el tema de debate político interno en muchos países (en especial en Estados Unidos, donde liberales y neoconservadores, al calor de la precampaña de las presidenciales de noviembre, hicieron sobre lo sucedido en España lecturas contrapuestas que emplearon como armas arrojadizas para defender o fustigar las políticas de Bush) y en el foco de una controversia internacional en torno a la cual se manifestaron gobiernos, dirigentes y medios de comunicación de todo el mundo; con seguridad, desde la Guerra Civil de 1936-1939 España no suscitaba tanto apasionamiento y sentimientos encontrados.

El análisis fulminante de medios políticos y periodísticos progubernamentales o conservadores de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Italia y otros países, compartido también, aunque con un poco de más contención, por instancias de la misma España, sostenía que los españoles habían permitido que los terroristas orientaran su voto. Castigando al partido del Gobierno, el electorado habría querido apaciguar a Al Qaeda ("appeasement" fue la expresión empleada insistentemente por los partidarios de Bush en Estados Unidos) y protegerse de futuros atentados.

Y si ahora el presidente socialista electo enviaba la "mala señal" de la retirada de Irak, no podía hablarse menos que de "claudicación", "cobardía" y "egoísmo". En resumidas cuentas, España, según estas tesis, había hecho un flaco favor a la alianza mundial contra el terror al, prácticamente, animar a los terroristas a que intentaran condicionar el curso político de otras naciones provocando masacres en vísperas de elecciones. Cabeceras informativas y políticos de impronta liberal o izquierdista destacaban, en cambio, la "lección de democracia" de los españoles, recordaban que la repatriación de las tropas de Irak era un compromiso electoral adquirido por el PSOE y pedían un análisis más profundo de lo sucedido.

La declaración de intenciones de Zapatero suscitó decepción, críticas o inquietud en medios gubernamentales de Washington, Roma, Varsovia, Tokyo y Canberra, pero fueron acogidas con manifiesta satisfacción en París, Berlín Rabat, Buenos Aires y La Habana. Zapatero rechazó la exhortación de la Casa Blanca para que reconsiderara su decisión sobre Irak (el candidato presidencial demócrata, John Kerry, también se le dirigió en ese sentido) y sus colaboradores intentaron diferir los reproches estadounidenses comentado la intención de destinar más tropas a Afganistán, para ser destinadas a la ISAF y servir bajo mando de la OTAN o el Eurocuerpo.

El próximo ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, ex representante especial de la UE en el proceso de paz de Oriente Próximo, señaló que el Gobierno socialista iba a desarrollar "una nueva relación transatlántica más equilibrada y no sumisa con Estados Unidos", a tener como "prioridad absoluta" la “vuelta a Europa y con Europa", y a levantar las objeciones españolas al sistema de doble mayoría de países y de población, que en 2009 reemplazará al criterio de ponderación de voto fijado en el Tratado de Niza, para tomar decisiones por mayoría cualificada en el Consejo de la UE. La negativa de Aznar fue, junto con la intransigencia absoluta de Polonia, el motivo principal del fracaso en diciembre de 2003 de la cumbre de Bruselas que debió haber aprobado el proyecto de Constitución Europea elaborado por la Convención Europea y que actualmente debatía la Conferencia Intergubernamental, ostentado Irlanda la presidencia semestral del Consejo.

Con motivo de los solemnes funerales de Estado por las víctimas del 11-M celebrados el 24 de marzo en la catedral madrileña de La Almudena, que acogieron a unos 40 primeros ministros, presidentes, príncipes herederos de casas reales, ministros de Exteriores y antiguos gobernantes, Zapatero sostuvo breves entrevistas con Blair, Schröder, el polaco Leszek Miller, el francés Jacques Chirac y el estadounidense Colin Powell.

El proceso de constitución del Gobierno de Zapatero estuvo acompañado de las secuelas de los atentados, con nuevos e inquietantes sobresaltos para la ciudadanía. En el transcurso de un mes, las fuerzas de seguridad realizaron detenciones, desentrañaron, en apariencia, lo esencial de la trama operativa y logística del 11-M, y desmantelaron el núcleo del comando terrorista. El 3 de abril, un día después de descubrirse una bomba lista ser explotada en las vías del tren AVE Madrid-Sevilla y dos días antes de que el supuesto portavoz militar de Al Qaeda en Europa volviera a amenazar con convertir España en un "infierno", siete islamistas acorralados por un grupo de operaciones especiales de la Policía se inmolaron con explosivos en un piso de Leganés, ciudad del sur de Madrid, matando a un agente y provocando enormes destrozos en el edificio.

Entre los suicidados se encontraban los tres terroristas más buscados: Serhane Ben Abdelmajid Farjet, alias El Tunecino, jefe de la banda y coordinador de los ataques, su lugarteniente Jamal Ahmidan, llamado El Chino, y Abdennabi Kounjaa, Abdallah. De los demás fallecidos en Leganés, al menos dos, los hermanos Oulad, eran también autores materiales de los atentados. Contra todos ellos pesaban sendas órdenes de búsqueda y captura internacional. Ya el 18 de marzo había sido detenido Abderrahim Zbaj, alias El Químico, sospechoso de haber confeccionado las mochilas bomba. El 16 de abril el número de arrestados en relación con el caso ascendía a 35, de los cuales 18 (entre ellos 14 marroquíes) estaban en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional.

El 7 de abril el rey Juan Carlos I cumplió la formalidad de proponer la candidatura de Zapatero para jefe del Gobierno al presidente del recién constituido Congreso de la VIII Legislatura, Manuel Marín González (PSOE), y el 15 comenzó el debate parlamentario de investidura, que coincidió con la difusión por Al Jazeera de un mensaje en el que la supuesta voz de bin Laden justificaba los atentados de España y ofrecía una tregua a los países europeos.

En su discurso y turnos de intervención, Zapatero repasó los puntos principales de su programa y recalcó dos cuestiones fundamentales: la luz verde a la reforma de determinados estatutos autonómicos y el acometimiento de otra reforma "concreta y limitada" de la Carta Magna para convertir el Senado en cámara territorial, abolir la Ley Sálica que impide la igualdad de hombres y mujeres en la sucesión de la Corona (la medida tendría valor a partir de la descendencia del Príncipe de Asturias), introducir en el articulado la denominación oficial de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, e incorporar una referencia a la próxima Constitución Europea. El candidato también propuso abrir el Pacto Antiterrorista a otras fuerzas políticas, instó al PNV -desde enero presidido por Josu Jon Imaz San Miguel en lugar del polémico Arzalluz- a "rectificar en el fondo y en la forma" en el Plan Ibarretxe, anunció la suspensión de la LOCE, la reforma de la LOU y la anulación del trasvase de aguas del río Ebro hasta las regiones levantinas dentro del PHN, y aseguró que se disponía a "sacar a España de la foto de Azores".

Al día siguiente, 16 de abril, Zapatero fue investido presidente del Gobierno con los 183 votos del PSOE, ERC, IU-ICV-Entesa, Coalición Canaria (CC), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y la Chunta Aragonesista (CHA). Se abstuvieron los 19 representantes de CiU, el PNV, Eusko Alkartasuna (EA) y Nafarroa Bai (Na-Bai), y votaron en contra los 148 del PP. El PSOE regresaba al Ejecutivo en solitario, en minoría parlamentaria y sin pactos de legislatura con ninguna formación pequeña, lo que iba a obligar a Zapatero a negociar permanentemente los apoyos puntuales y necesarios para cada proyecto o proposición de ley. Además, en el Senado el PSOE tenía incluso menos escaños que el PP: 81 (93 si se sumaban los 12 obtenidos por la lista conjunta del PSC-PSOE, ERC e ICV-EUiA, conocida como Entesa Catalana de Progrés) frente a 102.

El 17 de abril Zapatero tomó posesión de su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y un día después lo hicieron sus 16 ministros, la mitad justa de los cuales eran mujeres -la cuota femenina más elevada en la historia de los gobiernos españoles-, de acuerdo con la promesa electoral de paridad de género en el reparto de carteras. En el gabinete, considerado una mixtura de personalidades políticas y técnicas, algunas de las cuales no tenían carné del PSOE, destacaban María Teresa Fernández de la Vega Sanz en la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de la Presidencia, el comisario europeo saliente de Asuntos Económicos y Monetarios, y hombre de conocidas credenciales liberales, Pedro Solbes Mira en la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Economía y Hacienda -luego regresaba a la oficina ocupada con González entre 1993 y 1996-, Moratinos en Exteriores, Bono en Defensa y José Antonio Alonso Suárez en Interior. De la CEF del PSOE estaban Jesús Caldera, en Trabajo y Asuntos Sociales, Jordi Sevilla, en Administraciones Públicas, Juan Fernando López Aguilar, en Justicia, y Cristina Narbona Ruiz, en el nuevo Ministerio de Vivienda.

El mismo 18 de abril, por la tarde, Zapatero dio la sorpresa con el anuncio, mal recibido en Estados Unidos, de la inmediata retirada de los 1.300 soldados de Irak con la explicación de que no consideraba factible que antes del 30 de junio hubiera una resolución de la ONU ajustada a las condiciones expuestas por el PSOE. El presidente habló de "hacer honor" a la palabra dada a los electores y se comprometió a que España siguiese contribuyendo "desde la legalidad internacional" en la reconstrucción y la democratización del país árabe, y en la lucha contra el terrorismo. Se daba la circunstancia de que el régimen de ocupación atravesaba por su peor momento desde la conquista de Bagdad, con un centenar de soldados estadounidenses muertos en lo que iba de mes, ante la extensión de la insurgencia sunní en lugares como Fallujah, escenario de matanzas de civiles, y la insurrección armada, comenzada el día 4, de los partidarios shiíes del clérigo radical Moqtada as-Sadr, cuyas huestes controlaban Najaf y hostigaban de cuando en cuando a los retenes acuartelados de la Brigada Plus Ultra-II.
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*** NOTA: Este resumen recoge datos hasta ABRIL de 2004.