1. La agonía del Franquismo.
A fines de los años sesenta había muy pocos españoles politizados, tanto entre los franquistas como entre sus enemigos, capaces de prever que, después de Franco, habría una transición a la democracia.
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A la vista de lo que ocurrió, el paso de la dictadura a las elecciones de junio de 1977 se convirtió en una intensa búsqueda del control entre las fuerzas unidas de la oposición antifranquista y algunos de los elementos más hábiles y liberales del franquismo.
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Habría sido difícil profetizar la naturaleza de tal proceso desde la perspectiva de 1969. La oposición, pese a las frecuentes iniciativas comunistas, aparecía entonces aún más dividida que cuando Carrillo lanzó por primera vez la idea de Reconciliación Nacional de 1956. Para un observador ocasional, la izquierda parecía estar muy debilitada por la gimnasia pro china de los grupos ultraizquierdistas de reciente aparición. Pese al fortalecimiento de los sindicatos clandestinos y al aumento del descontento estudiantil, las fuerzas del régimen parecían tener un futuro relativamente asegurado.
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La posibilidad de que pudiese instaurarse la democracia en España, gracias a un consenso entre la oposición unida y los representantes políticos de la burguesía progresista, era en 1969 un concepto confinado a las páginas de una revista de exiliados, conciencia de la izquierda culta, Cuadernos de Ruedo Ibérico, donde Fernando Claudín, expulsado del PCE por herejía en 1964, propuso precisamente un escenario semejante, aunque su visión tuviera entonces escaso eco.
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Mientras la nueva izquierda se ejercitaba en las tácticas terroristas del nechayevismo, la izquierda moderada aceptaba, en mayor o menor medida, el punto de vista comunista, según el cual la democracia sólo llegaría cuando existiese un frente suficientemente amplio como para barrer a la dictadura y a sus beneficiarios por medio de la acción de masas a través de huelgas y manifestaciones.
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Por el lado de la derecha, existía la determinación de salvar lo salvable. Desde fuera, la élite franquista parecía tener confianza en que nunca se vería obligada a negociar con sus enemigos de la izquierda. De todos modos, había ya señales de que la élite temía que los tiempos dorados de la corrupción y de la represión impune caminaban hacia su fin.
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El temor de lo que ocurriría cuando Franco muriese afectó a los diferentes sectores de las fuerzas del régimen de manera distinta. Los falangistas de la línea dura, atrincherados en la burocracia estatal y sindical, la Policía y la Guardia Civil, tenían intención de defender la dictadura y sus propios privilegios hasta el final. Desde los peces gordos que habían acumulado inmensas fortunas gracias al régimen, los llamados cleptócratas, hasta los simples serenos y porteros que creían que la continuidad de su empleo era consustancial con la dictadura, existía un sentimiento creciente de que el franquismo había de ser defendido como el hitlerismo lo había sido en los últimos días de Berlín : desde un búnker.
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Tales temores no harían sino aumentar en intensidad después de 1973, pero la sensación de asedio creció ante la evidencia de que otros elementos del régimen trataban de sobrevivir y preparaban algún tipo de entendimiento con los enemigos de ayer.
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Los antaño seguros soportes del régimen parecían estar cediendo. Desde el más humilde cura obrero hasta los miembros de la jerarquía, la iglesia católica mostraba signos de una inquietante benevolencia hacia las aspiraciones de los regionalistas y de la clase trabajadora. Era sabido que algunos empresarios negociaban secretamente con las ilegales Comisiones Obreras en vez de con los sindicatos estatales. Incluso en los más cerrados círculos del Gobierno había aperturistas que querían liberalizar lo suficiente para permitir que el régimen sobreviviera. A diferencia del búnker, los aperturistas constataban que los notables cambios sociales y económicos de los diez años anteriores habían convertido las estructuras políticas del franquismo en algo totalmente anticuado.
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Con cualquier tipo de liberalización, el búnker tenía probabilidades de perder y los aperturistas de ganar. Los aperturistas deseaban adaptar las formas políticas del régimen a uno de los aspectos, al menos, de la cambiante realidad española, es decir, el surgimiento de un capitalismo a gran escala, tanto nacional como multinacional, fuerza económica dominante del momento. Esa realidad traía consigo la creciente irrelevancia política de las fuerzas del búnker.
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Después de todo, la guerra civil había sido ganada por una coalición de fuerzas derechistas, surgidas en respuesta al equilibrio de poder socioeconómico predominante durante la II República. Así, los objetivos principales del régimen político instaurado por esa coalición fueron la protección de las estructuras de pro- piedad de la tierra existentes y un control férreo sobre los proletariados rural y urbano derrotados en la guerra. Estas tareas fueron llevadas a cabo por una burocracia político-militar formada por esos miembros de las clases media y trabajadora, que constituía la clase de servicio del franquismo. Por diversas razones, tales como la lealtad geográfica durante la guerra, por convicción ideológica genuina, por oportunismo o por necesidad, se trataba de gente que compartió la suerte del régimen y que quedó ligada a éste por lo que Raymond Carr ha llamado un pacto de sangre, la red de corrupciones y complicidades a lo largo de la gran represión durante los años del hambre. La función de estas fuerzas fue bastante evidente entre 1939 y 1959, pero en 1969 estaba comenzando a ser cada vez más discutible.
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Después de la guerra civil, los burócratas sindicales de la Falange, apoyados por el poder armado de las fuerzas del orden, sirvieron concienzudamente a sus jefes disciplinando a la clase trabajadora y a los campesinos a través de los sindicatos corporativos. Puede pensarse que la adopción de semejantes estructuras políticas por parte del franquismo, a fin de conservar el equilibrio socioeconómico de la España anterior a 1931, llevaban consigo la semillas de su propia destrucción, si bien esto no fue evidente hasta después de 1969.
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Si antes de 1959, los sindicatos oficiales y el peso de las fuerzas represivas resultaron ventajosos para las clases económicas dominantes, hacia 1969 el desarrollo económico que éstas habían en parte propiciado, comenzaron a hacerlos innecesarios. La legislación laboral represiva, con los elevados márgenes de beneficios que permitió, había hecho de España un lugar extremadamente interesante para los inversores extranjeros, fomentando la emigración al extranjero o a las nuevas ciudades industriales de la propia España, el crecimiento económico disminuía la intensidad del conflicto fundamental de la España de los años treinta y cuarenta entre la oligarquía terrateniente y lo que era un verdadero ejército de jornaleros desesperados. A fines de los sesenta, las clases terratenientes habían quedado desplazadas del poder por el sector financiero e industrial, más dinámico.
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2. Estudiantes, obreros y sacerdotes.
Además, la relativa prosperidad traída por el neo-capitalismo había alterado la naturaleza de la amenaza de la clase obrera sobre la oligarquía (precisamente, también, porque la propia oligarquía había cambiado). La relación entre unos trabajadores que pagaban los plazos de un Seat 600, un televisor y una nevera y los banqueros e industriales que dependían de una elevada y continuada productividad, era claramente diferente de la existente entre braceros y latifundistas en los años treinta. Las exigencias de una economía más compleja habían creado un nuevo proletariado con un nivel relativamente alto de especialización y de ingresos.
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Para los industriales y banqueros que dirigían la economía, los acuerdos en torno a la productividad eran más necesarios para asegurar un crecimiento continuado de la economía que el terror policial. Cuando muchas de las mayores y más competitivas empresas, preferían mirar al futuro e integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista, a través de una economía basada en incentivos económicos y ampliar sus operaciones entrando en contacto con la Comunidad Económica Europea, el búnker franquista y sus métodos resultaban ya, en el mejor de los casos, embarazosos y, en el peor, un obstáculo para el futuro desarrollo económico.
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En 1969, estas contradicciones se hallaban todavía en estado latente. Aún no había llegado el momento en que la presión ya tradicional de intelectuales, estudiantes, trabajadores y campesinos por el cambio se viera reforzada por una presión similar por parte de sectores antes firmemente franquistas : ese momento llegaría sólo tras la crisis de 1973.
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Con todo, ya podían verse signos en esa dirección. La oposición estudiantil y obrera estaba creciendo en escala e intensidad de forma continuada y reforzaba los efectos que el cambio socioeconómico estaba teniendo sobre la élite franquista. Esto quedaría dramáticamente claro con ocasión del escándalo Matesa, en 1969, y con ocasión de las repercusiones que tuvo el proceso de Burgos de 1970.
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La agitación en las universidades española había sido intermitente desde 1956 y prácticamente endémica desde 1962, pero en 1968 la situación de crisis había alcanzado un punto en que la ocupación policial de los campus universitarios era casi permanente. La presión de los estudiantes aspiraba a sustituir el Sindicato Español Universitario (SEU) por instituciones democráticas, aspiración que chocaba completamente con el edificio político franquista. A la vista de lo que ocurría en otros puntos de Europa, el régimen observaba los disturbios estudiantiles con gran atención. En mayo de 1968 hubo incidentes en Madrid entre la policía y 5.000 manifestantes universitarios y el descontento llegó incluso a la Universidad opusdeísta de Navarra.
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Para el régimen el problema era agudo. No sólo se trataba de estudiantes, en general, preparados para ser en el futuro los burócratas del Estado español y los directores de la industria española, sino que muchos de los estudiantes que fueron víctimas de las cargas de la policía eran hijos e hijas de la burguesía acomodada e incluso de los altos funcionarios del régimen. El propio Caudillo reflejó su preocupación por este problema en su discurso de Sevilla el 22 de junio, refiriéndose, con sorpresa de todos, a la necesidad de un diálogo. Ya en abril de 1968, la gravedad del problema era cosa conocida, aunque inadecuadamente, lo que quedó patente con el nombramiento de un simpatizante del Opus Dei, José Luis Villar Palasí, como ministros de Educación.
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Esto significó un revés para los inmovilistas de la élite gubernamental, revés paralelo a su incapacidad para enfrentarse al problema del descontento obrero. El crecimiento económico de los sesenta había traído consigo una creciente prosperidad para los trabajadores, pero aun así recibían tan solo una parte desproporcionadamente baja de los beneficios del boom económico español. Se produjo una intensificación de la conciencia de clase, lo que quedó reflejado en un aumento de la fuerza de Comisiones Obreras y en el hecho de que las huelgas se iban politizando cada vez más.
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La Organización sindical oficial nunca había llegado a ser un intermediario eficaz entre los trabajadores, patronos y el Estado, y, desde 1969, sus deficiencias saldrían a la luz de manera mucho más rotunda cada día. José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, hizo un débil intento de captación de los nuevos militantes de la clase trabajadora para el sindicalismo oficial. Inevitablemente, y pese a la retórica anticapitalista de la Falange, toda operación de este tipo que no ofreciese a los trabajadores el derecho de representación independiente o el derecho de huelga, estaba destinada al fracaso. Mientras banqueros e industriales negociaban ya, desde hacía tiempo, en secreto con los dirigentes de CC.OO. en Madrid y Barcelona, los encuentros entre los funcionarios de los sindicatos oficiales y los representante de CC.OO. llegaban demasiado tarde. Además, la inanidad de la operación de Solís quedó de manifiesto ante el uso continuado de la policía para acabar con las huelgas.
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Para poner las cosas todavía peor para los inmovilistas, la Conferencia de Obispos del 24 de julio de 1968 había condenado los sindicatos verticales y hecho un llamamiento en pro de unos sindicatos libres. Ahora ya, el alejamiento respecto del régimen no se limitaba a organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o como la Juventud Obrera Católica (JOC) o a los curas obreros, sino que, tras el Concilio Vaticano II, el movimiento para disociar a la Iglesia del régimen empezó a extenderse también a la jerarquía.
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También la iglesia estaba dividida entre inmovilistas y aperturistas, pero el Vaticano apoyaba de forma creciente a las fuerzas más liberales. Esto se hizo evidente durante las negociaciones de 1969 para la renovación del Concordato, que quedaron bloqueadas por la negativa de Franco a ceder su derecho al nombramiento de obispos, derecho al que se agarraba desesperadamente desde el momento en que la independencia de los obispos había comenzado a ser un grave problema. El Vaticano y la jerarquía española replicaron explotando el hecho de que, bajo el Concordato, el régimen no podía interferir en el nombramiento de obispos auxiliares o de administradores apostólicos. Pese a la irritación de los franquistas duros, los nombramientos algo más liberales fueron convirtiéndose en norma, no sin que se llevase a cabo una furiosa actividad de retaguardia por parte del régimen y de los miembros reaccionarios de la jerarquía eclesiástica.
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El proceso por el que obispos liberales como monseñor José María Cirarda Lachiondo, de Santander, y como monseñor Antonio Añoveros Ataún, de Cádiz, criticaban abiertamente la injusticia social, siguió un curso ascendente a comienzos de 1969. El primado reaccionario cardenal Plá y Deniel había muerto en julio de 1968 y había sido sustituido por monseñor Vicente Enrique y Tarancón, comprometido con el espíritu del Vaticano II. El proceso de gradual retirada del apoyo eclesiástico al régimen de Franco se convirtió, a partir de entonces, en uno de los elementos dominantes del periodo 1969-1975. Lo que no quiere decir, con todo, que los obispos reaccionarios como Guerra Campos, Morcillo González, Almarcha Hernández y Cantero Cuadrado no continuasen identificándose plenamente con la dictadura.
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El clamor crítico, en aumento, de estudiantes, obrero y sacerdotes no condujo a liberalización alguna pese a la aparición de serios desacuerdos en el seno de las fuerzas del régimen. Por el contrario, como corresponde a una agonía lenta y larga, el régimen se lanzó a la represión con una dureza creciente.
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Ya en 1968, la intensificación de la violencia en el País Vasco había conducido a la proclamación del estado de emergencia en Guipúzcoa y al resurgimiento de la Ley de Bandolerismo y Terrorismo. Luego, el 24 de enero de 1969, como respuesta a las manifestaciones estudiantiles, a la huelgas del Norte y a la continua tensión en Euskadi, el ministro de Gobernación, general Camilo Alonso Vega, convenció a Franco para que proclamase el estado de emergencia en todo el país, aun con la oposición de algunos de los ministros del Opus Dei, que habían preferido que quedase limitado a Madrid y Barcelona. Se realizaron numerosas detenciones, pero el estado de emergencia acabó pronto, el 25 de marzo, por miedo a atemorizar a los turistas. Era, pues, una demostración más de como una realidad social y económica en vías de cambio mostraba la falta de adecuación y la inoportunidad de los métodos franquistas.
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La manera en que el búnker estaba siendo aislado y forzado a recurrir a la violencia da inevitablemente una imagen favorable de los aperturistas. La mete de los tecnócratas del Opus Dei, que controlaban los ministerios económicos, era la de alcanzar una economía capitalista próspera, integrada en el mercado mundial. En ese sentido, al menos, eran claramente más progresistas que algunos de los trogloditas políticos que ocuparon cargos ministeriales con Franco.
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Sin embargo, no habría que olvidar que sus esfuerzos para impulsar el crecimiento se caracterizaron con frecuencia por la ineficacia, la corrupción y el alto coste social. El primer Plan de Desarrollo reflejó la creencia de los tecnócratas de que los esfuerzos para redistribuir la riqueza, para disminuir los desequilibrios regionales o, incluso, para aumentar las inversiones estatales, producirían cambios fiscales que perjudicarían a las clases privilegiadas, para cuya protección el Régimen existía principalmente. Por ello, los tecnócratas buscaron un crecimiento que aceptase e intensificase la desigual distribución de la riqueza, las desigualdades regionales y la dependencia tecnológica. Esta tendencia quedó plenamente de manifiesto en los planes de desarrollo siguientes.
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A pesar de la autocomplacencia de los tecnócratas, el crecimiento comenzó antes de que sus planes fueran realidad y, con frecuencia, continuó a pesar de ellos. Una vez en marcha el impulso económico debido a la apertura de España al comercio mundial, la planificación a largo plazo tendió hacia una política de vaivén que aspiraba únicamente al control de la inflamación y de los déficit de la balanza de pagos. Así, cuando el boom de los sesenta comenzó a ralentizarse, los tecnócratas sólo pudieron responder con medidas de austeridad, dirigida contra el crédito y los salarios, por lo que fue inevitable que la presión social sobre el régimen se intensificara.
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3. El sucesor.
El aumento de la inestabilidad socioeconómica hizo aumentar, por otra parte, la preocupación del régimen respecto a la sucesión de Franco y a los años posteriores a su desaparición. Hacía ya mucho tiempo que Franco se había comprometido oficialmente a hacer volver la monarquía a España. Aparte de su repugnancia personal a abandonar el poder, el Caudillo estaba decidido, asimismo, a nombrar únicamente un sucesor plenamente comprometido con la perpetuación de su régimen, lo que excluía de entrada a don Juan de Borbón y a Carlos Hugo.
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En efecto, el príncipe Juan Carlos había sido preparado para su futuro cargo y su presentación e introducción en la vida oficial había comenzado en los años sesenta. Sin embargo, Franco había pospuesto siempre lo más posible su decisión final, con el fin de conservar el apoyo de todas las distintas facciones monárquicas y evitar la oposición de los falangistas. La situación se aclaró a fines de 1968 tras la expulsión de Carlos Hugo. Más tarde, el 22 de julio de 1969, Franco proclamó sucesor oficial a Juan Carlos y, al día siguiente, el príncipe prestó juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado.
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El nombramiento de Juan Carlos fue recibido con satisfacción en los círculos franquistas, que veían que de este modo se habían tomado finalmente las medidas definitivas para garantizar la continuidad del régimen. Los monárquicos liberales que apoyaban a don Juan y propugnaban una política de evolución desde dentro, se sintieron decepcionados al ver desvanecerse sus esperanzas y algunos de ellos comenzaron a aproximarse a la oposición democrática. También los falangistas se sintieron decepcionados, aunque se consolaron pensando que la supervivencia del franquismo sin Franco facilitaría su propia supervivencia. Ni ellos ni los enemigos del régimen podían prever el papel que jugaría Juan Carlos en la transición a la democracia en 1976 y 1977.
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Sea como sea, aunque el nombramiento de Juan Carlos resolvía por el momento el problema de la sucesión de Franco, no resolvió la incipiente lucha por el poder con relación a la naturaleza del futuro régimen. Las divisiones entre aperturistas e inmovilistas estaban produciendo disensiones (fútiles, como se vería dentro de poco) sobre el problema de las asociaciones políticas. En 1967, los inmovilistas habían conseguido ser los ganadores en todas las batallas sobre proyectos de leyes relativos a la libertad religiosa, a la representación familiar y a la Ley Orgánica, pero en 1968 los aperturistas habían sido capaces de introducir en el Estatuto del Movimiento un artículo que permitía la formación de asociaciones dentro del Movimiento, que facilitaría la formulación y el contraste de opiniones legítimas.
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Pero lo que reveló la inutilidad del intento de formalizar un pluralismo limitado de las fuerzas del régimen fue la aprobación, por parte del Consejo Nacional del Movimiento, del Estatuto de Asociaciones, el llamado Estatuto Solís, en julio de 1969. Asociaciones de opinión sin significado alguno, no tenían función electoral alguna, y requerían un número de miembros mínimo fijado en 25.000, y su legalización quedaba el arbitrio del Consejo Nacional. Las asociaciones, totalmente rechazadas por la oposición democrática, estaban limitadas a las fracciones franquistas : Fuerza Nueva, de Blas Piñar ; Acción Política, de Pío Cabanillas ; Reforma Social Española, de Cantarero del Castillo.
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Franco no había sido nunca contrario a los esfuerzos para dotar a su régimen de una capa cosmética de liberalismo, aunque sólo fuese para impresionar a la oficina internacional. Tuvo buen cuidado, asimismo, de permanecer apartado de las pugnas internas entre sus colaboradores, excepto cuando podía reforzar su propia posición explotando aquellas divisiones. No obstante, no había la menor duda de que Franco llevaba sus simpatías más hacia los inmovilistas. Tales simpatías, con todo, quedaban subordinadas habitualmente a su instinto de supervivencia. Lo que quedó ilustrado gráficamente por el tratamiento que dio Franco al escándalos Matesa, que salió a la luz en agosto de 1969.
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Los falangistas habían tolerado malamente el creciente predominio de los tecnócratas del Opus Dei. Temían, asimismo, que ese predominio se consolidara en el futuro, con la monarquía de Juan Carlos. El asunto Matesa pareció ser el modo perfecto para restablecer el poder falangista.
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Matesa era una empresa dirigida por Juan Vila Reyes, amigo íntimo de Laureano López de Rodó, el ministro del Plan de Desarrollo. La empresa se había visto involucrada en una gigantesca apropiación ilegal de fondos del estado obtenidos fraudulentamente del Banco de Crédito Industrial. Los fondos, en torno a los 10.000 millones de pesetas, habían sido utilizados para financiar las aventuras del Opus Dei en el extranjero. Junto a Vila Reyes y a López Rodó, los ministros más directamente implicados, Faustino García Moncó, de Comercio, y Juan José Espinosa san martín, de Hacienda, más el gobernador del Banco de España, Mariano navarro Rubio, eran todo miembros del Opus Dei. Solís y Fraga vieron llegado su momento. Fraga permitió que la cadena de publicaciones del Movimiento lanzase una violenta campaña contra el Opus, con el discreto apoyo de otros grupos igualmente hostiles al Opus Dei. Sin embargo, ambos habían cometido un grave error de cálculo al sopesar la situación.
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4. Carrero.
El triunfo falangista no habría favorecido los planes de Franco respecto de una transición suave hacia la monarquía de Juan Carlos. Además, el sofocante puritanismo que caracterizaba a Franco, a su cada vez más íntimo valido, Luis Carrero Blanco, y a sus mujeres respectivas, se había visto ofendido por la leve liberalización impulsada por Fraga en el Ministerio de Información. Así, en un reajuste ministerial a fines de octubre, Franco destituyó a tres ministros del Opus Dei como castigo por el asunto Matesa, pero también se libró de Solís y de Fraga, como castigo por intentar capitalizar políticamente un incidente que había dañado el prestigio del Gobierno. Con todo, los tecnócratas del Opus Dei pudieron conservar sus posiciones en el nuevo Gobierno, en el que las figuras dominantes eran el almirante Carrero Blanco y López Rodó.
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Quizá consciente de que su vitalidad iba en disminución, Franco eligió a Carrero Blanco para la vicepresidencia y primer ministro de hecho. El poco brillante almirante de secano era la persona adecuada para llevar adelante la política de continuismo y garantizar que Juan Carlos no se desviara de las normas establecidas por el Caudillo.
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Carrero, aunque se hallaba estrechamente ligado al Opus Dei a través de la influencia de su mujer y del que se decía que había persuadido a Franco de que abandonase la autarquía y dejase probar suerte a los tecnócratas, resultaba muy aceptable para los inmovilistas. Era la encarnación viviente de la línea dura del franquismo de los años cuarenta y estaba estrechamente identificado con el propio Caudillo. El primer encargo político de Carrero había sido asistir, en 1939, a la celebración en Roma del vigésimo aniversario de la fundación del Movimiento fascista. Treinta y un años más tarde escribirá en ABC, bajo el seudónimo de Ginés de Buitrago, que tratar de liberalizar a España era algo tan censurable como ofrecer un trabajo a un alcohólico reformado.
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El llamado Gobierno monocolor adquirió tono de esta hosca figura. El poderoso grupo de los ministros del Opus Dei, que incluía a Gregorio López Bravo, en Asuntos Exteriores, iba a ser el que intentara hacer realidad las concesiones de Carrero Blanco a la modernidad. Su esquema de un franquismo sin Franco se basaba en la esperanza de que continuara la prosperidad económica, como sustituto de la liberalización política. No resultó sorprendente, pues, que el nuevo ministro-secretario del movimiento, Torcuato Fernández Miranda, pusiese fin inmediatamente al proyecto Solís de asociaciones política, por temor a que éstas dieran lugar a una proliferación de partido de verdad.
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5. Represión.
Sea como sea, el plan de Carrero iba a terminar con su asesinato y con la crisis económica general. Apenas dos años después de su muerte se vería a los aperturistas intentar manipular la liberalización política como un sustitutivo de la prosperidad económica. En 1970, sin embargo, subsistía la esperanza de una reforma educativa, de una nueva ley sindical, de una mejora de las relaciones Iglesia-Estado e, incluso, por muy ilusorio que esto pudiese parecer, de entrar en la Comunidad Económica Europea.
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En efecto, el 29 de junio de 1970, López Bravo consiguió un acuerdo comercial preferencial con la Comunidad, aunque la plena integración siguiese dependiendo de una liberalización política que el régimen era incapaz de llevar a cabo. Sin embargo, el acuerdo llegaba en un momento de recuperación política, y dio pie para algún optimismo, pero, en última instancia, el Gobierno de Carrero se mostraría incapaz de resolver los más graves conflictos entre el Estado franquista y amplios sectores de la sociedad española.
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La reforma educativa apenas produjo otra cosa que la masificación, destinada a crear las grandes hornadas de directores, técnicos y funcionarios que la nueva España capitalista exigía. Esto añadió un profundo descontento educativo al descontento político de los estudiantes. Por consiguiente, la agitación universitaria aumentó.
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Al mismo tiempo se incrementó el divorcio entre la iglesia y el régimen. Esto fue, en parte, una respuesta al aumento de los conflictos laborales y a la rapidez con que el Gobierno de Carrero Blanco recurrió a un tipo de represión violento que la mayoría de los españoles creía haber dejado atrás en los años cuarenta. Las huelgas y el terror policial empleado contra los huelguistas dio un aire de irrealidad a los debates sobre la nueva ley sindical.
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1970 comenzó con huelgas en Asturias, que se extendieron rápidamente y llegaron a ser las más serias desde la ola huelguística de 1962. A mediados de enero había ya 30.000 trabajadores en huelga en el norte. El Gobierno se vio obligado a importar carbón para mantener en funcionamiento las industrias del hierro y del acero. Esto fue un relativo triunfo para López Bravo, ya que una parte importante de las importaciones vinieron de los países del Este (aunque ello reflejó también la disposición de la URSS a castigar a los comunistas españoles por su indisciplina más que, quizá, el éxito de la apertura de López Bravo a la URSS,
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La tensión laboral aumento durante la primavera y los primeros meses del verano. Alcanzó su punto culminante cuando se produjeron las huelgas de la construcción, de Granada, y las del metro, de Madrid. El 21 de julio, la policía abrió fuego sobre 2.000 obreros de la construcción en Granada, matando a tres e hiriendo a seis. Quizá, la prueba de la crisis de identidad y autoridad que el régimen estaba padeciendo fue el que se recurriera a la violencia policial de esa manera. Esta impresión se refuerza por la reacción histérica de la prensa del Movimiento, que lanzó un ataque inmediato contra el clero granadino, acusándolo de haber provocado la huelga. El 28 de julio, el arzobispo de Granada, Benavente Escuín, hasta entonces considerado como conservador, publicó una carta pastoral en la que condenaba la brutalidad de la policía y defendía a los sacerdotes obreros que habían sido atacados por los diarios falangistas.
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Considerando, celosamente, que el terreno sindical era su reserva exclusiva, los falangistas se irritaron por la intervención de la Iglesia y se enfurecieron por el hecho de que el arzobispo Benavente exigía, además, canales a través de los cuales los trabajadores pudieran presentar sus reivindicaciones legítimas. La catedral de Granada había servido de santuario para los huelguistas y fue haciéndose común en España el uso de edificios de la Iglesia para fines similares (tales como reuniones obreras y refugio anta la policía). Y, finalmente, fueron los violentos ataque rencorosos de los extremistas de Fuerza Nueva contra los curas lo que a su vez alejó aún más a la Iglesia del régimen.
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El descontento laboral, del que la huelga de Granada había sido tan sólo un episodio, era reflejo de la fuerza creciente de Comisiones obreras y de la continua presencia de la HOAC y de la JOC. El 26 de julio, más de cien representantes de las tres organizaciones se habían reunido en un monasterio de Las Rozas para planear una estrategia común. Aunque la reunión fue interrumpida por la policía, que detuvo a algunos de sus líderes, tuvieron tiempo de tomar diversas decisiones respecto de la política a seguir sobre diversos aspectos, entre los que se incluían planes para la coordinación de una jornada nacional de acción.
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La atmósfera conflictiva y de inestabilidad se hizo más densa el 29 de julio, cuando, por primera vez desde la guerra civil, el metro madrileño quedó paralizado por una huelga que fue la culminación inesperada de tres meses de discusiones sobre los salarios. Una reunión de urgencia del Gobierno decidió militarizar a 3.800 obreros, lo que significaba que podían ser sometidos a un Tribunal militar por sedición. Los huelguistas no tuvieron otra opción que volver al trabajo.
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La impresión de que el régimen se mostraba brutal porque tenía miedo se vio confirmada al día siguiente, cuando en Pamplona la policía cargó con caballos contra una manifestación. La vuelta a las tácticas represivas estaba produciendo algo muy importante: un número cada vez mayor de personas se estaba convenciendo de la necesidad de la unidad, con el fin de alcanzar el cambio político.
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Esto quedó claro en el otoño de 1970. Mientras continuaban huelgas esporádicas en Madrid y en Asturias, el 3 de noviembre, Comisiones Obreras optó por lanzar un plan que preveía una huelga general de veinticuatro horas, para presionar en favor de la amnistía de los presos políticos.
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En cierto sentido, el plan resultó contraproducente, ya que proporcionó a la autoridades la ocasión y el pretexto para emprender violentas represalias. Debido a la represión y a la falta de una motivación económica inmediata, la respuesta a la jornada de lucha de noviembre fue desdibujada. Sin embargo, comparada con la huelga nacional pacífica de 1959, la jornada de lucha no fue un fracaso total. Incluso las estimaciones oficiales, exageradamente bajas, hubieron de admitir que la huelga había sido seguida por 25.000 persona, en particular en Cataluña, en el País Vasco, Madrid y Sevilla.
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Hubo indicios importantes de que las huelgas en cuestión no habían sido inspiradas tan sólo ya por motivaciones económicas. Esto se vio confirmado por el apoyo público dado a la jornada de lucha de intelectuales, artistas y estudiantes, tanto en Barcelona como en Madrid. Era evidente que estaba aumentando la solidaridad entre las fuerzas de la oposición, al tiempo que se agrandaban las grietas en la coalición de fuerzas franquistas. Paralelamente, el Gobierno estaba volviendo, debido a las presiones a que se veía sometido, a sus instintos primordiales.
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6. El juicio de Burgos.
La ironía de la situación estaba en que, mientras se esperaba poder cortejar a Europa para obtener sus favores, el retorno reflejo a un terrorismo de estado había horrorizado, sin más, a la opinión pública internacional y había aumentado el aislamiento exterior del régimen. El ciclo de desunión del régimen, cohesión de la oposición y repulsa mundial quedó subrayado gráficamente por los procesos de Burgos. El gobierno, que esperaba obtener cierto prestigio de los procesos de dieciséis activistas de ETA, los anunció con antelación. Pero esto produjo una situación explosiva, que se tradujo en un mes cargado de marchas, manifestaciones de protesta y violentos choques con la policía.
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Además del asesinato de un policía secreto acusado de torturar a los detenidos, ETA había organizado una serie de robos y atracos que le habían proporcionado varios millones de pesetas.
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En 1970, había casi trescientos nacionalistas vascos detenidos. Para llamar la atención sobre sus reivindicaciones y sobre los próximos procesos de Burgos, el 1 de diciembre de 1970 un comando de ETA secuestró a Eugen Beihl, cónsul de Alemania Federal en San Sebastián, y anunció que su suerte dependería de la suerte de los seis etarras sobre los que pendían sentencias de muerte en el proceso de Burgos. Mientras se efectuaban frenéticas investigaciones, las autoridades de Alemania Federal, país de importantes proveedores, clientes e inversores en España, comenzaron a ejercer presiones para que las sentencias de muerte no se llevasen a cabo. Estaba claro que, en caso contrario, habría sanciones económicas. Así, ya antes de comenzar, al proceso se le habían limado los colmillos.
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Sea como sea, el juicio fue llevado con considerable incompetencia. Los oficiales encargados del juicio vieron en él una oportunidad para conseguir una forma de promoción personal asestando un tremendo golpe a la organización ETA. Así convirtieron el juicio en juicio colectivo, juntando en uno solo los dieciséis casos individuales. No fueron capaces de ver que haciendo esto centraban la atención mundial sobre las aspiraciones vascas, compartidas por todos los acusados, en vez de concentrarla en las presuntas actividades terroristas de algunos de ellos.
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La opinión mundial fue movilizada fácilmente en contra del juicio. El régimen ya no podía volverse atrás sin sufrir una fuerte humillación. En cualquier circunstancia, la respuesta instintiva del régimen ante toda oposición solía ser la de endurecer sus posiciones, confiando en que sus farsas judiciales podía, por lo general, celebrarse sin publicidad. En este caso, el juicio de Burgos fue uno de los más largos celebrados durante la dictadura, y se convirtió en un proceso al propio régimen tanto por parte de los etarras acusados como de la prensa mundial.
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Que esto fuese así era la demostración de la poca habilidad del régimen, especialmente respecto del creciente enfrentamiento con la Iglesia. El disgusto, esperado, de los eclesiásticos por un juicio así se vio reforzado por el hecho de que dos de los acusados eran curas vascos. Los términos del Concordato permitía que un juicio así se celebrara a puerta cerrada, por lo que los obispos de las provincia vascas iniciaron una largar batalla para que el juicio se celebrara públicamente.
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El 22 de noviembre, el obispo Cirarda, de Bilbao, y el de San Sebastián, Argaya, publicaron una carta pastoral, leída en todas las iglesias de Guipúzcoa y Vizcaya, en la que condenaban el procedimiento judicial y la aplicación de la Ley de bandidaje y Terrorismo, de reciente reintroducción. Pedían clemencia, asimismo, para todos los acusados que pudieran ser condenados a muerte. El Gobierno reaccionó furiosamente, acusando a los obispos de instigadores políticos y de prejuzgar un asunto que estaba sub iudice.
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La carta de los obispos había condenado toda violencia, viniese de donde viniese. Y ello provocó airados ataques contra la iglesia por parte de la prensa falangista. El clero fue acusado de injerencia en asuntos temporales, lo que no había incomodado al régimen cuando los curas predicaban el franquismo desde los púlpitos en los años cuarenta. El Ministerio de Justicia justificaba la violencia institucionalizada del estado como legítima defensa de la autoridad. Numerosos curas estaban profundamente descontentos, en especial porque se esperaba de ellos que se comprometiesen dando su bendición moral a un régimen cuyos actos consideraban cada vez menos defendibles, en particular cuando se dirigían contra ellos mismos. La Conferencia Episcopal, reunida en sesión plenaria en Madrid, hizo una declaración en la que apoyaba a monseñor Cirarda y a monseñor Argaya, reiterando sus peticiones de gracia.
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La actitud de la Iglesia proporcionó un formidable espaldarazo moral a las fuerza antifranquistas. Los sindicatos y partidos clandestinos estaban preparando ya, en efecto, una operación de propaganda contra el régimen. El 30 de noviembre se produjo una manifestación masiva contra Franco en Barcelona: 3.000 estudiantes se manifestaron marchando por Las Ramblas, destrozando automóviles y rompiendo escaparates. En Tarrasa, otros 4.000 chocaron con la policía. El régimen tenía dificultades para comprender que la causa de los vascos despertaba simpatías con el resto de España o que el juicio sólo traería un desprecio generalizado. Cuando el juicio se inició el 3 de diciembre, lo hizo sobre un trasfondo de huelgas y manifestaciones callejeras organizadas por ETA, por los sindicatos y partidos políticos ilegales en solidaridad con los dieciséis acusados. Dos manifestantes acabaron muertos por la policía. El 4 de diciembre, el gabinete se reunió en sesión extraordinaria y decretó el estado de excepción para Guipúzcoa por tres meses, con registros domiciliarios, detenciones indefinidas, prohibición y censura del correo normal durante toda la duración del juicio.
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El 6 de diciembre, el primer acusado hizo su primera declaración. Ante el asombro de todos los asistentes, el presidente del Tribunal, coronel Ordovás, permitió que el acusado expusiese con todo detalle las torturas a que había sido sometido por la policía. Los tres acusados siguientes hicieron otro tanto. Una exposición tan abierta de los métodos policiales reflejaba probablemente el desagrado de Ordovás, oficial del ejército regular, por la creciente función represiva atribuida a las Fuerzas Armadas. El 7 de diciembre, el juicio fue aplazado y cuando volvió a reanudarse estaba claro que se había ordenado a Ordovás que pusiese fin a las revelaciones sobre la brutalidad de la policía. La sesión del 9 de diciembre terminó caóticamente. El último acusado saltó fuera de la barra de testigos y cogió un hacha, que estaba allí como prueba, y los otros quince, esposados todos juntos, arremetieron contra sus guardianes. Tras un nuevo aplazamiento, el juicio se reanudó a puerta cerrada. Esa misma noche, las mediada de excepción fueron extendidas a todo el país.
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El juicio estaba provocando una grave crisis. La violencia continuó el 9 y 10 de diciembre, con choques entre la policía y los manifestantes en Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla y Pamplona. El día 12 de diciembre, 300 artistas e intelectuales catalanes se encerraron el la abadía de Montserrat y lanzaron un manifiesto en el que pedían la amnistía política, libertades democráticas y el derecho a la autodeterminación regional. La ocupación finalizó el 14, pues los manifestantes temieron que el abad y los monjes sufrieran las represalias gubernamentales. Sin embargo, días después, el abad, dom. Cassiá Just, declaraba en Le Monde que la iglesia no se asociaría a un régimen que condenaba al pueblo, incluidos los católicos, por el único crimen de oponerse a Franco.
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7. Reacción.
La tensión no se limitaba a las calles e iglesia españolas. Reinaba cierto malestar también en el ejército por haber sido elegido como blanco del descontento popular al pedírsele su colaboración para resolver los problemas que, según los militares, habían sido causados por la incompetencia de los políticos. El malestar del cuerpo de oficiales se expresaba a través de la denuncia contra todos los enemigos tradicionales del régimen de Franco --estudiantes, obreros, curas rojos e intelectuales--, pero, de manera muy significativa, se dirigía también contra los tecnócratas del Opus Dei del Gobierno, cuya tibia liberalización era considerada responsable del deterioro de la situación.
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Dada la condición del ejército como pariente pobre del régimen, los oficiales, que tenían pagas bajas y ascensos lentos, se resentían ante el aparatoso estilo de vida de los tecnócratas. Su resentimiento instintivo halló justificación moral durante el escándalo Matesa. En sus sentimientos sobre el Opus Dei y sobre la farsa del juicio de Burgos estaban plenamente de acuerdo con el búnker. El 14 de diciembre, un grupo de coroneles y generales, dirigidos por el capitán general de la I Región Militar, Joaquín Fernández de Córdoba, se reunieron secretamente en el capo de tiro de Carabanchel para tratar de la situación, llegando a la conclusión de que no se debería tolerar ninguna otra manifestación de la oposición y se envió una delegación a El Pardo para informar a Franco.
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La consecuencia fue una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada por Franco. Con López Bravo y López Rodó ausentes, una mayoría entusiasta urgió a Franco para que diera satisfacción al ejército y aplastase la agitación. Se suspendió el habeas corpus por seis meses. La victoria de los ultras abrió el camino a una contraofensiva masiva del régimen. Irónicamente, todo esto no hizo sino revelar más claramente las crecientes disensiones en el seno del franquismo.
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El 16 y 17 de diciembre se produjeron manifestaciones de masa en favor de Franco, organizadas en Burgos y en Madrid. Los manifestantes, provenientes del medio rural castellano, fueron metidos en autobuses y se les dio la paga de un día y unos bocadillos. La organización del día de afirmación nacional fue realizada por un comité, reunido precipitadamente, compuesto por los duros del régimen, camisas viejas, oficiales del Ejército y ministros desplazados en su día por los tecnócratas del Opus. Así pues, las frases y slogans de los manifestantes se destinaron tanto a insultar al Opus Dei, a los Gobiernos débiles y a Juan Carlos, como a defender a Franco de los rojos, de los trabajadores, de la ETA y de los Gobiernos extranjeros. A lo largo de la siguiente semana hubo una serie de manifestaciones dirigidas desde arriba y una formidable campaña de prensa. Dada la renovada gravedad de la represión, la oposición prefirió permanecer silenciosa.
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Carrero Blanco se apresuró a demostrar que no había sido salpicado por el liberalismo del Opus Dei. En un discurso en las Cortes, el 21 de diciembre, derramó toda clase de elogios al ejército y prometió que tomaría severas medidas. La determinación de reconquistar el terreno perdido durante el juicio de Burgos quedó reflejada en la sentencias. El coronel Ordovás había estado en contacto con el general Fernández de Córdoba. El general García Rebull, capitán general de la VI Región militar, había recibido la visita de numerosas delegaciones de oficiales que le pedían imponer una línea dura. Por consiguiente, las sentencias anunciadas el 28 de diciembre difícilmente pudieron ser más duras. Las seis sentencias de muerte pedidas desde el principio fueron confirmadas y, además, otros tres acusados fueron hallados culpables de dos delitos capitales cada uno y fueron, por tanto, condenados a dos penas de muerte. En total hubo nueve sentencias de muerte, quinientos diecinueve años de cárcel y multas por valor de 1.500.000 pesetas.
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Ante una campaña internacional masiva, Franco anunció que condecía el indulto. Este, sin duda, había sido decidido de antemano, debido a las presiones de Alemania Federal. En su tradicional discurso de fin de año, Franco hizo saber que, ante el ingente plebiscito favorable al régimen, la clemencia quedaba justificada, pero también se salió de lo acostumbrado al alabar al ejército por su patriotismo, por haber aprobado las sentencias. En un asunto que puso de manifiesto claramente la rivalidad entre el Opus Dei y los duros del régimen, Franco fue un árbitro hábil, apaciguado al búnker con unas condenas feroces y a los aperturistas con los indultos. Como era propio de su estilo, castigó a algunos oficiales que habían hablado demasiado abiertamente contra el Opus, pero premió a otros, como García Rebull, que obtuvo la I Región Militar, y Carlos Iniesta Cano, que fue nombrado director de la Guardia Civil.
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8. Inmovilismo.
Esta salida provisional a la crisis interna de las fuerzas del régimen no cambió el hecho de que el Gobierno estaba enfrentándose a una situación cada vez más difícil. El triunfo del inmovilismo no aumentó la capacidad de los ministros para hacer frente a los problemas. Esto quedó claro por las insuficiencias de la nueva ley sindical aprobada el 16 de febrero de 1971.
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La ley aceptaba asociaciones profesionales limitadas, pero no preveía nada que viniese a dar a los obreros participación o representación. Con las notables excepciones del arzobispo Cantero Cuadrado y del obispo Guerra Campos, la ley fue condenada por la gran mayoría de la jerarquía religiosa. La irrelevancia de la ley se vio resaltada por el hecho de que los poderes arbitrarios de la policía se utilizaran no sólo contra ETA, sino contra los miembros de Comisiones Obreras y de la Unión general de Trabajadores (UGT).
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El grueso de la represión, sin embargo, siguió dirigido contra los activistas vascos, los cuales, pese al cada vez mayor número de detenciones, incrementaron su campaña de robos, atracos y atentados con bombas. Con el tiempo, y como respuesta a la represión contra las aspiraciones de clase y regionalistas, había intentos para unificar ambas luchas. Semieclipsados los aperturistas, no parece que los duros creyeran en la cuenta de que la utilización de la violencia servía únicamente para hacer crecer a las fuerzas de la oposición.
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En ningún lugar fue esto más evidente como en Cataluña. A lo largo de 1971 se llevaron a cabo reuniones preparatorias entre representantes de las principales fuerzas de oposición catalanas, socialistas, comunistas, Comisiones Obreras, monárquicos y católicos liberales.
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El 7 de noviembre, unos 300 delegados se reunieron secretamente en Barcelona en lo que fue la primera Assemblea de Catalunya, inspirada en parte por las experiencias del año anterior en Montserrat. Lo importante de esta Assemblea y de su programa para la amnistía y libertad políticas fue que se consiguiera algo sin precedentes: la unidad de un amplio espectro de grupos políticos y sindicales. Además, entre los firmantes se incluían algunos miembros de la burguesía industrial y bancaria catalana. La Assemblea demostró que, frente a las respuestas políticas fosilizadas de los inmovilistas, los sectores influyentes de la oligarquía industrial y económica española buscaban ya vías alternativas de entendimiento para su propia supervivencia.
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La respuesta del Gobierno puso de manifiesto su descomposición. Sin más, Carrero dispuso que se tomaran medidas más duras, y un número de delitos, hasta entonces bajo jurisdicción civil, quedaron sometidos a la ley marcial. La ley de Orden Público fue reformada y se aumentó la cuantía de las multas del Tribunal de Orden público (TOP). No pagar las multas acarreaba ahora tres meses de cárcel. El diario más liberal del país, Madrid, fue clausurado y su director, el opusdeísta liberal Rafael Calvo Serer, hubo de exiliarse. El endurecimiento de la censura causó problemas a las publicaciones izquierdistas de todo tipo.
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El impacto de todas estas medidas sería compensado, ante el mundo, por una amnistía parcial, el 1 de octubre de 1971, con ocasión del trigesimoquinto aniversario del acceso de franco al poder. Pero lo reducido de la amnistía quedó claro ante el hecho de que de los 13.256 presos admitidos oficialmente, sólo 3.086 se beneficiaron de ella, y de éstos, la mayoría purgaba penas de breve duración. Los presos con penas mayores, entre los que se encontraban la mayoría de los políticos, no se beneficiaron de la amnistía. Por otro lado, al extenderse la amnistía a las multas, ello dio como resultado la absolución de los ex ministros y funcionarios multados en su día por el asunto Matesa.
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En términos generales, aunque existía un intenso debate sobre el futuro político del país, la tendencia parecía ir hacia el endurecimiento gubernamental. Pero la tendencia no parecía suficiente para satisfacer al búnker. Esto se comprobó por la aparición de violencia de grupos neofascistas a partir de 1971.
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Pululando alrededor de la revista Fuerza Nueva y de su director, Blas Piñar, convertido en dínamo intelectual de la ultraderecha, los llamados guerrilleros de Cristo Rey y el Partido Español Nacional-Socialista (PENS) llevaron a cabo campañas de terrorismo cultural contra los obreros, curas en intelectuales. Con la evidente connivencia policial, estos grupos asaltaron varias galerías de arte y librerías de izquierda. Las operaciones se extendieron de Madrid a Barcelona y a Valencia. Los panfletos abandonados tras las incursiones proclamaban la determinación de defender los valores de la victoria de los nacionales en la guerra civil contra el comunismo y contra los seudoliberales en el poder. El 6 de febrero de 1972 el piso de un simpatizante neofascista saltó por los aires en Barcelona, destruyendo el inmueble y matando a ocho personas. La gente creyó que lo que había explotado era un depósito de armas y no unas tuberías del gas, que era la versión de las autoridades.
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Los blancos de los neonazis revelaban cuál era su función en la crisis continuada del régimen. Asimismo, ayudaban a explicar por qué las fuerzas del orden cerraban los ojos continuamente. Los comandos ultras llevaban a cabo lo que en un estado que pretendía ingresar en el Mercado Común Europeo no podía hacer por sí mismo sin ponerse en situaciones delicadas. En las universidades los izquierdistas eran sometidos a oleadas esporádicas de terror; en los barrio de la clase obrera las incursiones se efectuaban contra los dirigentes sindicales y, lo que era aún más significativo, los guerrilleros de Cristo Rey entraban en las iglesia de los curas progresistas y apaleaban tanto al clero como a los feligreses.
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No había duda de que los ultras pretendían taponar las grietas aparecidas en la presa del franquismo. Sus actividades eran una clara demostración de que la sociedad estaba cambiando y que el régimen se mostraba incapaz para contrarrestar el cambio. Los ultras trataban de dar marcha atrás al reloj con su terrorismo. Esto se hizo evidente cuando atacaron a los símbolos de la burguesía catalana e incluso al Banco Atlántico de Madrid, controlado por el Opus. Se consideraba que Blas Piñar se hallaba próximo a Carrero Blanco, cuyos artículos, con el seudónimo de Ginés de Buitrago, manifestaban una firme hostilidad a la democracia. No resultó sorprendente, pues, que el almirante Carrero comenzase a sentirse acorralado, dada la persistencia de la oposición de obreros y vascos.
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El descontento de la clase obrera no resultaba demasiado sorprendente. Los incrementos salariales habían sido limitados a un 6,5 por 100, cuando el incremento real del coste de la vida se acercaba al 12 por 100, pese a las cifras oficiales de inflación del 6 por 100. Además, el tan cacareado crecimiento del Producto Interior Bruto simplemente ocultaba la realidad de las condiciones sociales de la clase trabajadora. El acceso a ciertas mercancías de consumo era una compensación escasa ante un nivel de servicios sociales abismalmente bajo. Los planificadores habían fracasado en su intento de resolver el problema de la vivienda creado por la urbanización masiva. El vacío fue llenado por la especulación inmobiliaria. Asimismo, los problemas derivados del bajo nivel sanitario y de un inadecuada organización de los servicios educativos y médicos sirvieron para intensificar la conciencia de la clase obrera. La protesta contra las deficientes condiciones sociales se convirtió en una parte importante del proceso de politización.
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Sin embargo, el régimen, como quedó de manifiesto a través de una circular oficial del Ministerio de trabajo de 1971, no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión. Según la circular, las situaciones conflictivas debían ser paliadas por medio de detenciones preventivas y de limitaciones a la prensa en sus informes sobre los conflictos laborales.
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Así pues, las huelgas se hicieron aún más enconadas que antes. En septiembre de 1971, durante una huelga en Madrid convocada por los obreros de la construcción, un huelguista, que repartía panfletos, murió de un disparo dado por la guardia civil. Setenta mil trabajadores de la construcción se negaron a volver al trabajo durante cinco día, por solidaridad y en señal de duelo por el muerto. Los obreros del metal de Pamplona y Sevilla se mantuvieron en huelga durante más de un mes. El momento culminante llegó en octubre, en las minas de carbón asturianas y en las fábricas de automóviles de la SEAT, en Barcelona. Ya que ambas empresas eran de propiedad estatal, las huelgas fueron un desafío directo al régimen.
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La factoría de SEAT fue ocupada por 7.000 trabajadores como protesta por el encarcelamiento de 23 huelguistas, incluidos nueve enlaces sindicales. El gobernador civil ordenó a la policía que desalojase a los ocupantes, por lo que se produjeron choques sangrientos. Numerosos patronos comenzaban a ver con disgusto la creciente coincidencia entre conflictos laborales y políticos y acabaron por ver en los mecanismos represivos del régimen un obstáculo real para unas relaciones laborales viables.
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La ola de huelgas y paros continuó en 1972. El 19 de enero ETA empleó una táctica espectacular para reforzar las peticiones de los obreros vascos en huelga al secuestrar en Durango al industrial Lorenzo Zabala. Fue liberado tres días después, cuando su empresa, Precicontrol, anunció que 183 trabajadores, despedidos por haber ido a la huelga, serían readmitidos y que habría una subida salarial para toda la plantilla de trabajadores. El efecto sobre la imagen popular de ETA fue considerable.
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En aquellos días, antes de su degeneración posterior a 1977, ETA gozaba de amplia admiración en España y en el extranjero, como instrumento eficaz de la oposición contra una dictadura cada vez más represora. Acciones tipo Robin Hood , como el secuestro de Zabala, confirmaban las afirmaciones de ETA de que su frente militar era apoyo y complemento de la lucha de masas de los obreros. A las actividades habituales de ETA, como robos de explosivos, de dinero, equipos de falsificación, etcétera, y ataques contra las fuerzas del orden, los activistas vascos añadían ahora ataques a los locales de los sindicatos verticales. Al mismo tiempo, también fueron dinamitados lugares de reunión conocidos por su vinculación a la oligarquía financiera, como clubs náuticos y casinos.
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En enero de 1973, otro industrial, Félix Huarte, fue secuestrado para apoyar a los trabajadores en huelga en una de sus numerosas empresas. Como ejercicio de propaganda, esta acción difícilmente podía ser superada, pues era casi imposible, en esos años, pasearse por las calles de cualquier ciudad española sin ver el nombre de Huarte en los carteles de algún edificio en construcción. Al igual que en el caso de Zabala, los deseados aumentos salariales acabaron siendo concedidos.
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No hace falta decir que las actividades de ETA no eran aceptada admirativa y acríticamente por toda la izquierda. Tanto CC.OO. como la UGT preferían ir reforzando el poder de la clase obrera por medio de un desarrollo gradual de la solidaridad de masas, en vez de por medio de la violencia. Los comunistas en particular, al haber adoptado una política de alianzas con los sectores dinámicos del capitalismo español, como parte de su Pacto por la Libertad, lo que era una aproximación a las viejas ideas de Claudín, se mostraban hostiles a ETA.
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De todos modos, esto no disminuía la sensación de que el régimen estaba en estado de sitio, ni lo disuadía de reaccionar violentamente contra los huelguistas y contra los activistas vascos. Así pues, en 1973 las operaciones contra ETA se convirtieron en enfrentamientos armados directos entre nutridos contingentes de la guardia civil y pequeños comandos de ETA. ETA afirmaba que el régimen no deseaba enfrentarse a nuevos juicios de Burgos y prefería, en cambio, acabar físicamente con sus miembros. Cada vez más, estas acciones militares estaban orientadas concretamente a intimidar a la población vasca. No sólo se usaban amplios poderes para detener e interrogar, con una dureza especial indiscriminada, sino que se había lanzado también una campaña contraterrorista.
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Con evidente aquiescencia oficial, los comandos de acción de extrema derecha pronto empezarían a realizar ataques con bombas y metralletas contra las casas de los nacionalistas vascos más prominentes. Así se crearon las condiciones que harían que los problemas del país Vasco envenenasen la vida política española en los años 70.
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En 1972 y 1973, la situación en el País Vasco no había alcanzado todavía el grado de violencia a que llegaría desde fines de 1974 en adelante. Los peores enfrentamientos parecían ser, por el momento, con obreros y estudiantes. En marzo de 1972, una huelga en la empresa estatal Bazán de construcciones navales con sede en El Ferrol, fue dominada con tanta brutalidad por la policía que acabó en motín en el centro de la ciudad, en el que dos manifestantes fueron muertos. A esta le siguieron huelgas de solidaridad y manifestaciones en todo el norte de España.
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Y peores aún fueron los choques entre la policía y los estudiantes: entre el 6 y el 8 de enero de 1972, más de cincuenta personas resultaron heridas en choques en la Universidad de Madrid. Tras los disturbios del verano, la Facultad de Medicina de Madrid quedó clausurada por cinco meses y la Universidad de Valladolid fue escenario de manifestaciones particularmente violentas. Esto llevó a elementos duros al Ministerio de Educación, como primer paso en la purga de profesores y estudiantes subversivos en las universidades. Pero no sirvió para detener las manifestaciones de descontento por parte de los estudiantes, y el primer cuatrimestre de 1973 vivió enfrentamientos aún más violentos.
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9. Se agudiza la crisis.
El aislamiento del establishment franquista se vio incrementado por la creciente influencia de corrientes liberales sobre la jerarquía de la Iglesia. Esto se debió, parte, a la eliminación, por su avanzada edad, de muchos de los obispos de la Cruzada. El arzobispo duro de Madrid-Alcalá, monseñor Morcillo, había fallecido en junio de 1971 y el Vaticano había nombrado a Enrique y Tarancón para el cargo de administrador apostólico. Una vez confirmado como nuevo arzobispo, otros obispos liberales fueron promovidos a los puestos que habían quedado vacantes. Ya en septiembre de 1971, Enrique y Tarancón había desconcertado al búnker al crear la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. En su comunicado había propugnado la ruptura de toda relación con el régimen, la revisión del concordato y la renuncia a la participación eclesiástica en las Cortes. Enrique y Tarancón se convirtió en presidente de la Conferencia Episcopal y, al convertirse oficialmente en arzobispo de Madrid, el 11 de enero de 1972, declaró que la unión entre la Iglesia y el Estado había llegado a su fin. Un año más tarde, la Conferencia Episcopal publicó un documento titulado La Iglesia y la comunidad política, en el que se reiteraba el llamamiento para una retirada eclesiástica en lo referente a sus contactos con el régimen. La única respuesta de la dictadura fue intensificar los ataques de los grupos terroristas ultraderechistas contra los hombres de la Iglesia.
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Así, a comienzos de 1973, la situación de crisis se había agudizado. El gobierno de Carrero no había encontrado ninguna solución al descontento social y político o a la hostilidad cada vez más fuerte entre aperturistas e inmovilistas. Los reformistas estaban convencidos de que la supervivencia del régimen dependía de la liberación y del desarrollo de las asociaciones políticas. Los de la línea dura preferían retirarse al búnker.
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El discurso de Franco en la Navidad de 1972 pereció dar ánimos a los aperturistas, al hablar, como lo hizo, de la legitimidad de la disparidad de ideas y tendencias. Con gran irritación del búnker, incluso Carrero pareció tomar el mismo camino. El 1 de marzo, Carrero se dirigió al Consejo General del Movimiento y pidió medidas para ampliar la participación del pueblo español en la vida política. En opinión del búnker, ese lenguaje liberalizador era responsable del colapso de la estabilidad sociopolítica del país. A primeros de abril se produjeron huelgas masivas de solidaridad en toda Barcelona cuando un huelguista fue muerto por la policía en San Adrián de Besós. La ultraderecha estaba decidida a detener la descomposición.
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Su oportunidad llegó el 1 de mayo. Durante las tradicionales manifestaciones d la clase trabajadora en Madrid, un inspector de la policía secreta, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, murió apuñalado por un miembro del ultraizquierdista FRAP. Fueron heridos, asimismo, otros dos policías secretos. Años después se reveló que el FRAP estaba infestado de agentes provocadores de la policía. Pero en aquel momento proporcionó una excusa perfecta para que los duros del régimen emprendieran una ofensiva a gran escala.
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Se llevaron a cabo detenciones y torturas generalizadas de izquierdistas de todos los grupos del espectro político. Sin embargo, los acontecimientos más significativos se produjeron durante el funeral de Fernández Gutiérrez. A él asistieron Carrero y el ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi. El cortejo fúnebre fue encabezado por el general Iniesta Cano, de la guardia Civil. Los miembros de las fuerzas policiales se manifestaron y exigieron medidas represivas. Unos 3.000 ex combatientes falangistas pidieron venganza. Sus proclamas defendían la actividad de los ultra neo-nazis y exigían que se acabase a tiros con los arzobispos rojos. El asunto, que era prácticamente un motín policial, fue tolerado, lo que sugería que los manifestantes y sus aspiraciones gozaban de la comprensión de círculos elevados. La aparente apertura fue cerrada de un portazo.
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Percibiendo la victoria, los ultras aumentaron la presión. El gabinete declaró su compromiso de mantener el orden público y aumentar el número de policías y sus recursos. Pero esto no bastaba. Los ultras intentaron convencer a Franco de que el Gobierno había fracasado en su cometido de mantener el orden. Así, el 8 de junio, Carrero fue nombrado presidente del Consejo de ministros y el 11 anunció la formación de un nuevo gobierno duro.
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Los ministros acusados de debilidad y liberalismo fueron destituidos. El nuevo gobierno era un gobierno de carácter defensivo. Los tecnócratas quedaron fuera de juego y los que permanecieron lo hicieron a costa de abandonar su liberalismo. La ampliación de los poderes de Carrero indicaba que se preparaba una operación de control para cubrir la sucesión. El incremento de las actividades de los ultras sugería que éstos tendrían la función de francotiradores en la operación.
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La más significativa concesión a la extrema derecha fue la sustitución de Garicano Goñi por Carlos Arias Navarro, en su día director general de Seguridad de mano de hierro. El ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, se convirtió en vicepresidente del Consejo de ministros. El rutilante López Bravo fue cesado. Era un equipo destinado a sofocar las reformas y a aplastar a la oposición. En el barco a medio naufragar del franquismo, la tripulación no podía pensar en ninguna otra táctica mejor que la de ponerse equipos de buceo.
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Franco constató con satisfacción que todo estaba atado y bien atado, pero nunca había estado más equivocado. Tras los sucesos del verano, hubo un breve período de respiro tanto en las universidades como en las fábricas. Pero en noviembre el Gobierno aprobó una serie de medidas de estabilización como respuesta a la creciente inflación. Casi inmediatamente se produjeron huelgas en Asturias y en las industrias siderúrgicas del país Vasco. La industria textil catalana sufrió también problemas laborales y se produjeron huelgas incluso en ciudades habitualmente tranquilas como Zaragoza, Valladolid y Alcoy. Dado que los trabajadores necesitaban, cada vez más, dos trabajos o al menos numerosas horas extraordinarias para cubrir sus necesidades, los conflictos sociales constituían el mayor problema al que se enfrentaba el gobierno de Carrero Blanco. La crisis de la energía estaba a la vista y para un país tan dependiente de las importaciones de energía como era España era inevitable la recesión y, con ella, los nuevos problemas laborales. La única respuesta de la que el Gobierno se sentía capaz era la represión, tal y como se vio en la preparación del proceso 1.001, un proceso ejemplar contra diez miembros de CC.OO. acusados de asociación ilícita. El proceso estaba destinado a demostrar la determinación del Gobierno a aplastar a los sindicatos clandestinos.
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10. Muerte de Carrero Blanco.
Así pues, se celebró el juicio, en una atmósfera de terror en la que los acusados y sus defensores sufrirían incluso amenazas de linchamiento. Esto fue así, porque quince minutos antes de la hora en que debía comenzar el juicio, Carrero Blanco era asesinado por un comando de ETA. Una bomba colocada bajo el suelo de la calle por la que iba a pasar hizo saltar por los aires al automóvil donde viajaba, que cayó por encima de la iglesia en la que había estado momentos antes.
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El pánico se extendió de golpe por los círculos oficiales. Gracias a su atentado, minuciosamente preparado, ETA parecía haber desbaratado los planes del régimen, tan cuidadosamente trazados. El asesinato estaba dirigido a intensificar las latentes divisiones entre las fuerzas del régimen, como indicaba claramente el comunicado de ETA en el que se aceptaba la responsabilidad por la muerte de Carrero: "Luis Carrero Blanco, hombre duro y violento en sus actitudes represivas, era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista. Es seguro que sin él las tensiones en el Gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán." En realidad, no parece probable que Carrero hubiese sido capaz de impedir a la larga el choque entre los partidarios de una política reaccionaria y los de una economía moderna. Y es evidente que una vez muerto, las tensiones aparecieron rápidamente.
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En cierto sentido, el régimen salió con bastante facilidad de la confusión creada por la muerte de Carrero. Fernández Miranda manejó los mecanismos constitucionales necesarios con habilidad y calma. Esto y la ausencia de alteraciones importantes del orden fueron la base, evidentemente, de las numerosas expresiones de autofelicitación referentes a la madurez política del pueblo español, lanzadas en aquellas fechas por los portavoces oficiales.
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En realidad, no todo pudo resolverse tan fácilmente. Pareció que el director de la Guardia Civil, general Iniesta Cano, intentó dar algo parecido a un golpe: ordenó a los comandantes locales que ocupasen las capitales de provincias y que disparasen contra los izquierdistas a la menor señal de manifestaciones. La iniciativa conjunta del jefe del Estado Mayor , general Manuel Díez Alegría, que era más liberal, y del ministro de gobernación, Arias navarro, de asumir el control de la situación previno el derramamiento de sangre.
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Quedaban muchas preguntas sin respuesta con el asesinato de Carrero. Parecía extraño que tras el atentado no se hubiesen establecido controles en el aeropuerto de Barajas o en las carreteras de salida de Madrid durante las cinco horas siguientes a la explosión. Había un sentimiento de extrañeza generalizado sobre el hecho de que los preparativos para la explosión, tan complejos, hubiesen sido realizados con tanta facilidad en una zona en la que se hallaba la embajada de Estados Unidos y numerosos edificios oficiales. Era más bien singular que las investigaciones de los servicios de seguridad anteriores a la visita de Kissinger, un día antes, no hubiesen revelado nada.
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A la luz de fallos tan asombrosos en el sistema de seguridad, pareció increíble que Franco nombrase sucesor de Carrero al responsable de la seguridad, Arias Navarro. Quizá se había redimido a sí mismo por la rapidez con que forzó al general Iniesta Cano a renunciar al envío de un telegrama a los mandos de la Guardia Civil en provincias y que obligó a Blas Piñar a mantener a sus hombres fuera de las calles. No obstante, fue inevitable, quizá, que se especulara mucho sobre el mensaje de fin de año que Franco en el que dijo: No hay mal que por bien no venga. Probablemente Arias debió su nombramiento a una presunta amistad personal con Franco y con su mujer y al hecho de que La Vanguardia lo hubiese calificado como el hombre más duro del anterior gobierno. Aparte del lapsus de la muerte de Carrero, Arias, como ministro de la Gobernación, había logrado varios grandes éxitos contra ETA y el PCE.
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El nombramiento de Arias no dejó dudas : se emplearía la fuerza bruta frente a cualquier amenaza contra el orden establecido. La inclusión en el gabinete de tres vicepresidentes, los ministros de Gobernación, Hacienda y Trabajo, indicaba que las principales preocupaciones del Gobierno tenían que ver estrechamente con los problemas de la inflación, del descontento de la clase trabajadora y de la cuestión del orden público.
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Cuando se hicieron recaer los aumentos del costo de la energía prácticamente, y de manera indiscriminada, en el consumidor, se produjo un descenso significativo de la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, con el consiguiente aumento de la militancia. En el primer trimestre de 1974 los precios de la electricidad subieron un 15 por 100, los del petróleo un 70 por 100, los del gas butano un 60 por 100 y los transportes un 33 por 100. No es de extrañar, pues, que se produjera el nombramiento de un duro a la cabeza del Ministerio de Gobernación.
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11. El espíritu del 12 de febrero.
El nuevo ministro, José García Hernández, era, como Arias, es colaborador del general Alonso Vega. El antiguo ministro de Trabajo, el falangista Licino de la Fuente, proveniente del gobierno de Carrero, fue conservado en su puesto, lo que no auguraba nada bueno para la flexibilidad que se necesitaba en el campo laboral. En concreto, Arias conservó a ocho ministros de Carrero Blanco e introdujo o reintrodujo a cierto número de burócratas falangistas de la línea dura. Prácticamente, la única concesión a la modernidad, y que en su día pareció pequeña, fue la conservación de Antonio Barrera de Irimo, ex presidente, tiempo atrás de la Compañía Telefónica Nacional de España, en el cargo de ministro de Hacienda.
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El gobierno de Arias no podía ser más retrógrado. Con todo, par sorpresa de prácticamente toda la clase política, su primera declaración sobre la política a seguir fue relativamente liberal. Su celebrado discurso del 12 de febrero de 1974 echó las bases para una apertura controlada, al hablar de una participación política más amplia para todos los españoles, aunque dentro de los límites del orden más estricto.
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Un plan limitado preveía la elección, frente al nombramiento gubernamental, de los alcaldes y altos funcionarios locales. El número de diputados electos en las Cortes sería incrementado de un 17 a un 35 por 100. Los sindicatos verticales serían dotados de un mayor poder de concertación. Se prometió la creación de asociaciones políticas, pero no de partidos políticos. No era mucho y, además, en los siguientes dos años todo aquello iba a ser reducido a la nada por el búnker. Con todo, se trató de la declaración más liberal nunca efectuada por un ministro de Franco. Al principio, la declaración tuvo su traducción en la actitud menos represiva hacia la prensa y los editores, adoptada por Pío Cabanillas, ministro de Información. Ello, unido a un aumento de la tolerancia con los sectores más moderados de la oposición, dio lugar a cierto optimismo.
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Sea como fuere, el gobierno de Arias osciló entre las promesas de liberalización y la más violenta represión. Con la salud de franco ya en crisis se percibía una cierta sensación de pánico. Arias se daba cuenta de que la liberalización era algo que debía hacerse, pero, enfrentado al malestar obrero y estudiantil y ante el aumento del problema terrorista, adoptó medidas aun más duras. En parte esto era instintivo, pero en este caso ello era expresión del éxito del búnker en manipular las reacciones reflejas del casi acabado Franco.
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Mientras el Caudillo siguió con vida, la vieja guardia del búnker continuó siendo muy poderosa y capaz de movilizarse contra las reformas, apelando a los valores de la guerra civil. Esto hizo insostenible la postura de Arias. Su tarea era la de intentar ajustar las formas políticas del régimen a la nueva situación socioeconómica. En plena crisis energética esto se convertía en un reto imposible. Además de los problemas derivados de la urgencia de cubrir sus propias necesidades energéticas, España padecía las graves consecuencias de la crisis del petróleo. La consiguiente recesión a nivel europeo iba a costarle caro pronto en lo que hacia a una de sus principales fuentes de divisas extranjeras: el turismo y las remesas de los trabajadores emigrantes. La perspectiva de un aumento del desempleo y de un bajón del nivel de vida anticipaba un paralelo aumento de la militancia obrera, por lo que un reforma política limitada pareció ser una concesión sensata, con el fin de evitar problemas más serios a toda la estructura de poder en España. Por desgracia para Arias, el hecho de necesitar aplacar constantemente al búnker, le obligó a adoptar medidas que tuvieron un efecto contrario y que destruyeron su credibilidad.
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Dos semanas después del discurso del 12 de febrero, Arias se vio obligado a probar que el nuevo espíritu manifestado en su declaración no le impediría defender los valores fundamentales del franquismo.
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Después de la muerte de Carrero se produjo una breve tregua con la iglesia. Arias había hablado de un nuevo entendimiento y se había enviado una delegación al Vaticano, en un intento de mejorar las relaciones. Sin embargo, el 24 de febrero el obispo de Bilbao, monseñor Añoveros Ataún, publicó una pastoral en la que se hacía un llamamiento para que se reconociese la identidad cultural y lingüística del pueblo vasco. Decir esto poco después del asesinato de Carrero Blanco por lo miembros de ETA, era más de lo que la extrema derecha podía tolerar. Añoveros fue acusado de lanzar ataques subversivos contra la unidad nacional. Arias se plegó a las presiones y condenó a Añoveros y a su vicario general, monseñor Ubieta López, a arresto domiciliario. Poco después, las esperanzas de una reconciliación con la Iglesia fueron barridas por un torpe intento de expulsar a Añoveros de España. El obispo se negó a abandonar el país, alegando que sólo lo haría bajo órdenes directas del Papa. Una expulsión forzada sería considerada una violación del Concordato y traería consigo la excomunión de todo católico que pusiera las manos encima al obispo. El asunto atrajo mucha expectación y se convirtió en cuestión extremadamente delicada para el Gobierno español. Arias se vio forzado, al final, a proceder a una humillante retirada, y tras haber logrado sólo acelerar la retirada de la Iglesia de la órbita de las fuerzas del régimen.
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El golpe dado a la credibilidad del llamado espíritu del 12 de febrero acabó de completarse poco después con una nueva prueba de que Franco y el búnker no se hallaban dispuestos, en absoluto, a hacer concesión alguna que pudiera interpretarse como debilidad. El 1 de marzo, Franco se negó a conmutar la pena de muerte a que había sido condenado el anarquista catalán Salvador Puig Antich. Fue ejecutado a garrote vil al día siguiente, ante el clamor internacional. Esto no hizo más que exacerbar la mentalidad de cerco del búnker. La derrota de Fanfani en el referéndum sobre el divorcio en Italia, la caída del régimen de los coroneles griegos y, poco después, en abril de 1974, la revolución portuguesa, todo ello contribuyó a endurecer ulteriormente el inmovilismo del búnker. El proceso se intensificó debido a las numerosas figuras del régimen, de mente más abierta, que consideraban había llegado ya el momento de abrirse a la izquierda.
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La izquierda española recibió con alegría los acontecimientos de Portugal y no es sorprendente que el búnker se desmelenase. El blanco de sus ataques no podía ser otro que el que fue: la relajación de la censura con Pío Cabanillas era el único campo en que el espíritu del 12 de febrero funcionaba de verdad. Así pues, el 28 de abril, José Antonio Girón publicó una airada arremetida contra Cabanillas y contra el otro miembro del gobierno relativamente liberal, Barrera de Irimo. El Gironazo, publicado en Arriba, fue acompañado de denuncias virulentas del Gobierno por parte de Blas Piñar. La ofensiva verbal fue acompañada asimismo por una serie de triunfos tangibles. El 13 de junio el jefe del Estado Mayor, el general liberal Díez Alegría, fue destituido como castigo tras una visita a Rumania. El 15 de junio, cuando Arias anunciaba su plan para la asociaciones políticas, simultáneamente se declaró que éstas no deberían alterar el papel del movimiento ni el espíritu del régimen.
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12. La enfermedad de Franco.
Cuando Franco enfermó de flebitis y fue ingresado en un hospital, el 9 de julio, las esperanzas de liberalización parecieron reanimarse por breve tiempo. Se pensaba con cierto optimismo que quizá el Caudillo pudiera dimitir en favor de Juan Carlos. El 19 de julio, Franco delegó poderes, provisionalmente, en el Príncipe: fue una experiencia humillante para él. Franco mostró una notable tenacidad, y el 30 de julio abandonó el hospital, y sin perder tiempo reasumió sus poderes. El 2 de septiembre terminaba oficialmente el aprendizaje del Príncipe. El principal efecto del episodio fue que aceleró la marcha hacia una más amplia unidad de la izquierda.
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Un Partido Socialista revigorizado, bajo Felipe González, comenzaba a reorganizarse y, en un intento de ganar la iniciativa, el Partido Comunista respondió a la noticia de la enfermedad de Franco lanzando, el 30 de julio, la Junta Democrática, que reunía a Comisiones Obreras, al pequeño Partido Socialista Popular (PSP), al Carlista y a un gran número de independientes, entre los cuales el más notable era Rafael Calvo Serer.
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Pese a la no participación del PSOE y de diversos grupos cristiano-demócratas, la Junta era un muy importante golpe publicitario para los comunistas. Y volvió a concertar el interés en su Pacto por la Libertad. Las personas no pertenecientes a partido comenzaron a considerar a la Junta como una alternativa potencial, en un momento en que la legitimidad del régimen comenzaba a resquebrajarse. Una diplomacia inteligente proporcionó a la Junta el reconocimiento general como la principal fuerza de oposición, y al mismo tiempo galvanizó al PSOE y le obligó a realizar mayores esfuerzos.
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La idea comunista, demasiado optimista, de que una huelga nacional inspirada por la Junta conduciría a la instauración de un Gobierno provisional democrático, estaba equivocada. Sin embargo, el búnker vio así confirmada su convicción en la necesidad de emplear tácticas defensivas y quemar hasta el último cartucho. Por ello, cuando Arias Navarro anunció, el 10 de septiembre, que estaba decidido todavía a llevar adelante su programa del 12 de febrero y legalizar las asociaciones políticas para antes de enero de 1975, se encontró con una feroz oposición.
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La oportunidad la proporcionó el atentado con bombas contra la cafetería Rolando, de Madrid, el 13 de septiembre. Según el libro de Lidia Falcón, Viernes y 13 en la calle del Correo, se trató de una operación irresponsable ejecutada por un comando de ETA y algunos simpatizantes de Madrid. La cafetería era un lugar frecuentado por policías y había varios miembros de este cuerpo entre los once muertos y más de setenta heridos.
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Inmediatamente se desencadenó una redada de izquierdistas y simpatizantes de los terroristas. La reacción política llegó poco después: comenzó con un ataque de Blas Piñar en Fuerza Nueva. Más tarde, cuando a Franco le fue presentado un dossier sobre literatura presuntamente pornográfica e izquierdista permitida por el ministro de Información, los ultras pudieron persuadirle de que insistiese en la dimisión del ministro Pío Cabanillas, sobre la base de que había abierto la prensa y los medios de comunicación a los "rojos".
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Fue precisamente esta victoria de los ultras la que reveló la crisis real del sistema, al convencer a muchos elementos del régimen que debían optar por las reformas si deseaban garantizar su propia supervivencia. Esa revelación de la bancarrota del régimen provocó una oleada de significativas dimisiones. La salida del subsecretario de Cabanillas, Marcelino Oreja, y del director general de RTVE, Juan José Rosón, fue seguida por la dimisión masiva de protesta de altos funcionarios democristianos del régimen, pertenecientes al grupo Tácito. Aún más significativas fueron las dimisiones del presidente de la sucursal de la ITT en España, resultaba ser un excelente barómetro de opinión tanto para España como para el mundo de las empresas multinacionales.
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En contexto semejante, los continuos esfuerzos de Arias para llevar adelante las reformas parecían cada vez más inútiles. El 16 de diciembre fue aprobado el Estatuto de Asociaciones por el Consejo Nacional del Movimiento. Apenas había alguna mejora respecto del estatuto Solís. Por un lado, el nuevo Estatuto daba a las asociaciones un cierto grado de existencia electoral. Por otro, se exigía que las asociaciones tuvieran por lo menos 25.000 miembros, repartidos en un mínimo de 15 provincias, excluyéndose las asociaciones de tipo regional. Además, ya que su legalización quedaba en manos del Consejo Nacional, estaban obligadas obviamente a aceptar la legitimidad del régimen existente. No obstante, Arias prosiguió con sus esfuerzos para dotar a su gobierno de un barniz liberal.
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Su problema era que los éxitos del búnker estaban acelerando el proceso por el cual amplios sectores de la oligarquía española comenzaban ya a imitar a la oposición en sus demandas de democratización. Durante 194 se llevaron a cabo reuniones prácticamente públicas entre prominentes industriales y financieros, por un lado, y personalidades de la oposición tolerada, por toro. Entre las más célebres están las que tuvieron lugar en el hotel Ritz de Barcelona y en casa de Joaquín Garrigues en Aravaca (Madrid). Garrigues era un persona de las más significativas figuras del capitalismo español, y en varias ocasiones había sido representante de diversas corporaciones multinacionales; no hacía ningún secreto de su convicción de que la liberalización política debía ser un riesgo que había que correr con el fin de evitar una confrontación catastrófica. Así que dimitió de sus numerosos cargos de director de empresas para dedicarse a la creación de un partido político. La actividad de la derecha civilizada coincidió con una tendencia aplastante hacia la unidad en la izquierda.
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13. Recomposición del Gobierno.
Por el contrario, el gobierno Arias se hallaba en estado de desintegración. En febrero, Licinio de la Fuente dimitió, frustrado, cuando el búnker bloqueó las leyes que permitirían un derecho de huelga limitado. También Arias quiso relanzar sus esfuerzos, incluso, como se dijo, a costa de tener fricciones con Franco. Destituyó a Antonio Izquierdo, director de Arriba, que había sido uno de los bastiones de la oposición del búnker a la reforma.
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El 4 de marzo anunciaba la recomposición del Gobierno, lo que indicaba su deseo de romper el poderío de los ultras. El ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, íntimo aliado de Girón, fue sustituido por el algo más liberal José María Sánchez Ventura. Más significativa todavía fue la sustitución del ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina -uno de los canales por los que el búnker influía en Franco--, por el más reformista Fernando Herrero Tejedor. Por desgracia, Herrero Tejedor murió en un accidente de carretera a mediados de junio. Por esas fechas, el optimismo disminuyó. Herrero, la gran esperanza de Arias, fue sustituido por Solís. Sin embargo, la muerte de aquél ayudó a situarse en primer plano a su protegido Adolfo Suárez.
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De cualquier modo, las actividades de Arias llegaban demasiado tarde. Eran cada vez más numerosos los antes franquistas duros que ahora deseaban el cambio, hasta tal punto que, el 20 de mayo, Luis María Ansón escribía en ABC : "Las ratas están abandonando el barco del régimen (...). La cobardía de la clase gobernante española es realmente vergonzosa (...), ya se ha llegado al sálvese quien pueda, a la rendición incondicional".
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El 24 de febrero, Fernández ordoñez pidió la reforma constitucional. Se rumoreaba ya que José María de Areilza, Pío Cabanillas, Fraga y Silva Muñoz se habían unido a los Tácitos, y Fernández Ordoñez a una asociación política reformista. Se conocían planes referentes a una asociación más continuista que se denominaría Unión del Pueblo Español, en la que estarían Solís, Herrero Tejedor, Adolfo Suárez y Emilio Romero. Esto era una estratagema para neutralizar el plan Fraga-Areilza por medio de la movilización de toda la prensa y la radio del Movimiento. Fraga se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y se apartó completamente de todo el plan de asociaciones. La retirada de Fraga, Areilza, los Tácitos y Fernández Ordóñez dejó totalmente en ruinas la operación.
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En relación con la agitación del país, los planes de asociaciones y, en general, el continuismo no pudieron ser más irrelevantes. Bandas terroristas de extrema derecha atacaban a abogados y a sacerdotes izquierdistas y liberales, a librerías y a obreros. Esto intensificó la postura crítica de la iglesia. En una declaración de la comisión de Justicia y Paz, del 26 de mayo, exigía el fin de la actuación indiscriminada de la policía y pedía que las autoridades tomasen medidas contra la actividad de los grupos terroristas ultraderechistas.
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La militancia laboral seguía en aumento. El 25 de abril se estableció el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, y se lanzó una vasta operación de terror policial contra la población de esas provincias. Las detenciones al azar, los encarcelamientos, las torturas por parte de lo que, en la práctica, era un ejército de ocupación formado por guardia civiles y policías armados, se vieron complementadas por las agresiones de los guerrilleros de Cristo Rey. El 26 de agosto, el Gobierno aprobó una durísima ley antiterrorista que dejaba a la izquierda expuesta a la acción draconiana de la policía. A lo largo de 1975 se reforzó la censura una vez más y numerosos diarios y semanarios, incluidos Triunfo y Cambio 16, fueron secuestrados.
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El intento del régimen de resolver la crisis por medio de una vuelta a la represión sin trabas de los años 40 no podía no tener una respuesta adecuada. Se convocaron huelgas políticas generalizadas, que tuvieron éxito en Madrid, del 4 al 6 de junio, y en el País Vasco, el 11 de junio. Otras huelgas, que comenzaron siendo económicas, como la que había paralizado Valladolid en la segunda mitad de abril, tomaron pronto un profundo carácter político. La posibilidad de un baño de sangre, que habría alejado definitivamente las esperanzas para España de ingresar en la CEE, pareció hacerse realidad, especialmente durante el tenso período que culminó con la ejecución de cinco militantes de ETA y del FRAP en septiembre.
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La Ley Antiterrorista había extendido a toda España la legislación que antes se aplicaba sólo al país Vasco. A tres activistas vascos, ya condenados a muerte, se unieron, el 12 de septiembre, tres miembros del FRAP. A esa lista se añadieron posteriormente, el 18 de septiembre, otros cinco miembros del FRAP también condenados a muerte. El 26 de septiembre, Franco presidió en Consejo de Ministros para discutir la posible suspensión de las ejecuciones de las once personas condenadas, dos de las cuales eran mujeres embarazadas. Finalmente, las mujeres y cuatro de los hombres fueron perdonados, pero los otros cinco vieron confirmadas sus sentencias.
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Las ejecuciones tuvieron lugar el 27 de septiembre, en medio de una oleada de repulsas nacionales e internacionales. Trece países retiraron a sus embajadores de España. El miedo y el asco provocados por los acontecimientos políticos de los últimos momentos de Franco reforzó el prestigio de la Junta Democrática, fundada esta última en julio de 1975 por el PSOE y formada por la Unión Social-Demócrata Española, de Dionisio Ridruejo, la Izquierda Democrática, de Ruiz Giménez, y cierto número de grupos regionalistas.
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Cuando Franco murió, el 20 de noviembre de 1975, fue ya imposible ocultar la crisis del régimen. Madrid y Barcelona estaban borrachas de champán. Desde los primeros momentos de su fatal enfermedad, en octubre, hasta el traspaso de la Jefatura del Estado a Juan Carlos, a fines de ese mes, las acciones subieron bastante en la Bolsa de Madrid. En otras palabras, la solución inmovilista del franquismo sin Franco había muerto con Carrero, y la solución aperturista/continuista de Arias había quedado destruida por las maquinaciones del búnker y por sus propias deficiencias. Ahora, pues, la obsolencia política de las estructuras del régimen había llevado a que coincidieran en su interés por el cambio la oposición democrática y una parte de la oligarquía económica.
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14. La monarquía.
Pero el éxito estaba lejos de ser inevitable. Es posible que la historia estuviese del lado de las fuerzas progresistas que aspiraban a avanzar hacia la democracia. Sin embargo, en los primeros momentos tras la muerte de Franco, el búnker, atrincherado en el ejército, la policía y la guardia civil, tuvo mayor potencia de fuego. Más de 100.000 falangistas seguían poseyendo licencia de armas. En gran medida, la solución de la crisis sin que se produjera una matanza a gran escala dependía de la habilidad de Juan Carlos, de los ministros que él eligiese y de los líderes de la oposición.
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El Rey se enfrentaba a un dilema terrible. Había muchos factores en favor de la democratización. Juan Carlos no podía ignorar que importantes sectores del capitalismo español estaban ansiosos por abandonar los mecanismo políticos del franquismo. Optar audazmente por esta solución significaba obtener un amplio apoyo popular. Con todo, tampoco ignoraba que el búnker seguía teniendo fuerza y que él mismo se veía atado por lo mecanismo de la constitución franquista. Así pues, en los primeros momentos de su reinado avanzó con cautela.
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Los izquierdistas estaban controlados y el búnker se sentía optimista. Después de todo, tal como el búnker lo veía, el que Juan Carlos pudiera presidir la restauración de la democracia en España significaría renegar de su herencia y de su educación. Como Blas Piñar voceó esperanzado, "no se trata de una restauración monárquica, sino del establecimiento de una monarquía franquista nueva que no tiene tras de sí otro pensamiento que no sea el de la victoria nacional en la guerra civil". Al excluir de España a la monarquía durante cuarenta años, y por su arrogancia al nombrar a su propio sucesor, pareció que Franco había acabado con cualquier neutralidad política que Juan Carlos pudiera haber gozado, y que, asimismo, había socavado los otros dos atributos de la monarquía, la continuidad y la legitimidad. No fue sorprendente que la izquierda recibiese la noticia de la transición con titulares, en sus publicaciones clandestinas, como los siguientes: ¡No a un Rey impuesto! o ¡No a un Rey franquista!.
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La supervivencia a largo plazo de Juan Carlos dependía de que pudiese llegar a un compromiso con el cada vez más fuerte deseo de los españoles de vivir en democracia, pero Franco había embrollado las cartas constitucionales de tal manera que las posibilidades de acción del Rey eran extremadamente difíciles. Las instituciones del régimen, el Consejo del Reino, el Consejo Nacional del Movimiento y las Cortes, se hallaban en manos de franquista convencidos, y detrás de ellos estaban el ejército y la guardia civil Por otro lado, existía una apoyo internacional en favor de un proceso de democratización; y en la misa de la coronación el cardenal Enrique y Tarancón había hecho partícipe al Rey de las esperanzas populares, cuando le había exhortado a convertirse en "Rey de todos los españoles".
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Su primer gobierno fue, a primera vista, bastante decepcionante para aquellos que tenían esperanzas de reforma. Presidido por Arias, incluía a gran número de elementos de la línea dura. Pero había cierto número de innovaciones significativas: Manuel Fraga, en Gobernación; Areilza, en Asuntos Exteriores, y Antonio Garrigues, en Justicia. Todos ellos eran hombres comprometidos, como era sabido, con el cambio. Y todos ellos, como varios otro ministros, habían sido antes o después representantes de los intereses de importantes empresas españolas o de importantes corporaciones multinacionales, como la United States Steel, IBM, Rank Xerox y General Electric.
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Nunca como entonces los interese del gran capitalismo habían tenido una representación tan visible en el Gobierno español. Lo que parecía sugerir que, pese al búnker, se entreveía en lontananza algún tipo de cambio. Gran significado tuvo también ,en todo caso, el nombramiento de Torcuato Fernández de Miranda como presidente de las Cortes. Su capacidad para la intriga política, su conocimiento de las leyes constitucionales franquistas y su relativa familiaridad con toda la élite política franquista hacían de él un perfecto guía para el laberinto en el que Juan Carlos estaba atrapado.
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La reacción de la cada vez más amplia coalición de la oposición era la de denunciar lo que consideraban como meros ejercicios para la continuidad. Como alternativa, la oposición propugnaba un rápido y total apartamiento del franquismo, la llamada ruptura democrática. El Gobierno esperaba realmente poder conceder a los españoles la gracia, de manera paternalista, de una moderada democratización que pudiese resolver la crisis sin provocar al búnker. Pero esto quedaba muy lejos de las demandas de la oposición, que deseaba una total amnistía política, la legalización de todos los partidos políticos, sindicatos libres, el desmantelamiento del movimiento y de los sindicatos y elecciones libres. Los próximos dieciocho meses iban a presenciar una prueba de fuerza entre ambas opciones. De la amenaza de la agitación popular, por un lado, y de la amenaza del búnker y del ejército, por el otro nació la democracia en 1977.
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No pasó mucho tiempo para que el primer gobierno de Juan Carlos se viese forzado a constatar que sólo un compromiso más claro con las formas democráticas podría evitar serios peligros para el sistema en vigor. En los primeros meses de 1976 se produjeron manifestaciones masivas en favor de la amnistía de los presos políticos y se multiplicaron las huelgas laborales de grandes dimensiones. Esto se debía, en parte, al llamamiento comunista en favor de una "acción democrática nacional", pero sobre todo reflejaba la exigencia de las masas populares de un cambio político.
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En enero, Madrid quedó paralizado por una oleada de huelgas organizadas por Comisiones Obreras. En febrero, la Assemblea de Catalunya movilizó a más de 100.00 personas en manifestaciones de masas en pro de la amnistía, a lo largo de varios domingos sucesivos. En marzo se convocó a una huelga general en el País Vasco, organizada por un variado espectro de fuerzas políticas locales que incluía a ETA, ELA, LAB y LAIA, como protesta por la muerte por la policía de cinco personas en Vitoria. Los dirigentes comunistas hubieron de aceptar el hecho de que las posibilidades para una "acción democrática nacional" quedaban limitadas a Madrid y Barcelona, pues la situación en el País Vasco era incontrolable. Se vio así la necesidad urgente de llegar a una unión más estrecha con la Plataforma de Convergencia Democrática. Al abandonar la insistencia comunista en una ruptura total y en la marcha de Juan Carlos, Carrillo se vio recompensado con la fusión, el 4 de abril, de la Junta y de la Plataforma, pera forma Coordinación Democrática.
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El fortalecimiento de la oposición causó honda preocupación en el Gobierno. Los acontecimientos de Vitoria habían dañado gravemente la credibilidad de Fraga como reformista y, en una dramática vuelta a estilos pasados, llegó a obsesionarse por el restablecimiento de la ley y el orden. El Gobierno persistía en su empeño de preparar como fuese una nueva ley de asociaciones políticas, sin enterarse, al parecer, de que su plan de reforma limitada había encallado hacía tiempo. La oposición, por su parte, estaba dándose cuenta de que un derrocamiento total y radical del franquismo no sólo era difícil de llevar a cabo, sino que además, probablemente, podría conducir a otra guerra civil. Esto fue evidente cuando el PCE decidió abandonar la idea de la ruptura democrática y aceptar con el PSOE y los democristianos la idea de ruptura pactada. La creación de Coordinación Democrática implicaba, efectivamente, una valoración más realista de los límites de la acción de masa y un giro hacia una ampliación del frente de la oposición, con el fin de incluir en él al centro e incluso a grupos de centroderecha, con el fin de aislar simultáneamente al Gobierno.
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15. El Gobierno Suárez.
El Rey se sentía cada vez menos satisfecho con Arias por su incapacidad para reaccionar contra el fortalecimiento de la izquierda de otra manera que no fuese con la represión y la violencia. El 9 de junio las Cortes aprobaron una nueva ley de asociaciones políticas, pero se negaron a modificar el código penal, lo que habría permitido legalizar a los partidos políticos, tal como preveía la nueva ley. Incapaz de negociar con el búnker, e incapaz de negociar con la oposición, Arias dimitió el 1 de julio.
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Pese a que se esperaba, en general, que se formase un gobierno encabezado por Areilza, Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez para el cargo de presidente del Consejo de Ministros. La principal ventaja de Suárez era que, como antiguo secretario del Movimiento, podría ser capaz, guiado por Fernández Miranda, de utilizar al sistema contra sí mismo.
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La ventaja, con todo, no resultaba evidente a mediados de 1976. Las credenciales falangistas de Suárez horrorizaron a la oposición, por lo que en la segunda semana de julio se convocaron manifestaciones masivas a favor de las libertades políticas y de la amnistía. El éxito de éstas no dejaron duda en Adolfo Suárez de que era necesaria una reforma rápida y completa si se quería resolver la crisis sin violencia.
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En efecto, con un gobierno formado por elementos ligados a los sectores más progresistas del capitalismo español, Suárez decidió rápidamente establecer planes para una democratización más profunda. Una prensa dinámica y polémica se convirtió enseguida en el escenario para los debates sobre la reforma política. Suárez se enfrentaba a una difícil situación: por un lado, estaban el búnker y el ejército; por el otro, una oposición que concebía la ruptura pactada en términos de negociaciones con el Gobierno, con el fin de llegar a un acuerdo para formar un gobierno provisional tipo Pacto de San Sebastián, que preparase elecciones libres para formar unas Cortes constituyentes.
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Carrillo, en particular, mantenía su presión por medio de una política calculada destinada a sacar a la luz de nuevo al PCE, retando al Gobierno a que tolerase la existencia del Partido o bien revelase su verdadera catadura volviendo a los métodos represivos. Tras una reunión del Comité Central del PCE, celebrada abiertamente en Roma a fines de julio, el Partido comenzó (en otoño) a distribuir carnets. Luego Carrillo informó a Suárez, a través de intermediarios, que si no conseguía un pasaporte, celebraría una conferencia de prensa en Madrid en presencia de Oriana Fallaci, Marcel Niedergang y otros influyentes periodistas.
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Se estaba desarrollando así una verdadera lucha entre Suárez y la oposición por el control del proceso de transición. Como pretexto para retrasarlo, Suárez podía siempre hacer mención de los militares; como incentivo para acelerarlo, la oposición podía amenazar con un aumento de la presión de las masas populares. Suárez podía tan sólo tomar la iniciativa si era capaz de combinar importantes concesiones con sus esfuerzos para dividir al frente unido de la oposición.
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Objetivo prioritario era hacer que los comunistas dejaran de marcar el ritmo de las reivindicaciones de la oposición y se situasen en un estado más defensivo para intentar evitar su aislamiento. A lo largo del mes de agosto Suárez se entrevistó con una amplia gama de personalidades de la oposición, incluido Felipe González, a quienes hizo una impresión favorable. Se mantuvo también en contacto con Carrillo a través de José Mario Armero e instó al líder del PCE a que no hiciera imposible la transición.
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Suárez se hallaba en la cuerda floja. Cualquier reforma había de sortear a los militares y al establishment franquista, pero la presión se ejercía sobre Suárez. El 4 de septiembre, un amplio abanico de grupos liberales, socialdemócratas y democristianos, se reunieron en Madrid, en el Eurobuilding, para discutir con Coordinación Democrática y otros frentes de oposición regionales una serie de problemas relativos a la elaboración de una estrategia común.
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Todo lo que salió de la reunión fue la creación de comités de enlace, pero esto no bastaba para obligar a Suárez a acelerar los preparativos para la presentación de su proyecto de reforma política. No era de extrañar que hubiese rumores constantes de golpe de estado militar. Nada muestra mejor las notables cualidades de Suárez para la maniobra política que la destreza con la que aseguró la aquiescencia del ejército respecto de sus planes. El 8 de septiembre presentó el proyecto ante un grupo de oficiales de alta graduación y les pidió su patriótico apoyo. Suárez gozaba del apoyo de Juan Carlos, por lo que sus planes fueron aceptados por los militares, aunque con reticencias, éstos insistían en que el PCE debía ser excluido de cualquier futura reforma. Suárez no mantendría su promesa y ello conduciría a que la hostilidad de los militares contra él fuese en aumento.
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Por el momento, el primer aviso fue la dimisión del vicepresidente par Asuntos de la Defensa, general Fernando Santiago y Díaz de Mendívil, que declaró que "el Gobierno prepara una disposición, posiblemente con el rango de decreto-ley, al que me he opuesto infructuosamente, por el que se autoriza la libertad sindical, lo que supone, a mi juicio, la legalización de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en zona roja, y de las CC.OO., organización sindical del Partido Comunista". La dimisión provocó declaraciones de solidaridad por parte de otros militares, expresiones de alegría en la prensa del búnker y el nombramiento del general liberal Manuel Gutiérrez Mellado para sustituir a aquél. Las esperanzas puestas por el búnker en un golpe de estado quedaron defraudadas.
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El 10 de septiembre, Suárez presentó el proyecto de reforma al país. Dado que había sido su gobierno el que había propuesto celebrar elecciones antes de mediados de 1977, y dado que no haría mención para nada de su dimisión y la formación de un gobierno provisional, el PCE denunció el proyecto, al que calificó de fraude antidemocrático. Sin embargo, otros grupos de la oposición se habían visto agradablemente sorprendidos por la amplitud de la democratización de la vida cotidiana, por lo que parecía cobrar cuerpo las promesas de Suárez. La presa funcionaba normalmente, lo grupos políticos a la derecha del PCE no tenían impedimentos, el PSOE estaba preparando su XXVII Congreso, e incluso al PCE se le permitió, extraoficialmente, que se ocupara de sus asuntos dentro del territorio español.
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La iniciativa estaba pasando a manos de Suárez. Este pudo insinuar a los socialistas y a los democristianos que podría hacer incluso mayores concesiones, siempre que no se agitase demasiado el barco y no se provocase a los militares insistiendo en una prematura legalización del PCE. Con su típica habilidad y astucia, Suárez estaba tratando de utilizar el asunto para meter una cuña entre los grupos de la oposición y, al mismo tiempo, para imponer prudencia a Carrillo. Enfrentada a la evidente imposibilidad de imponer cambios en contra de la voluntad de los militares y a los considerables signos de que las cosas marchaban deprisa y bien con Suárez, la oposición no podía hacer otra cosa más que conformarse.
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En efecto, con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda, Suárez esta teniendo un gran éxito en conducir su proyecto de reforma por entre las instituciones franquistas. El 8 de octubre, en un atmósfera algo tensa, su proyecto fue aprobado, con alguna enmienda sin importancia, por el Consejo Nacional por ochenta votos contra trece y seis abstenciones. A mediados de noviembre, cuando el proyecto fue discutido en las Cortes, hubo habilidosos despliegues de sofisterías, utilizándose toda la panoplia de las teorías políticas franquistas, por ambos bandos: Blas Piñar asumió la defensa del búnker y Miguel primo de Rivera la del proyecto de reforma. Las maniobras previas entre bastidores de Suárez y Fernández Miranda produjeron sus frutos, pues la reforma fue aprobada por 425 votos, contra 59 y 13 abstenciones. Era un suicidio colectivo, debido, probablemente, tanto al hábito de la obediencia como a un exagerado sentido del patriotismo. Al estar las instituciones franquista ya en voluntaria liquidación, el camino quedaba expedito para la celebración de las elecciones. Suárez había tenido plenamente razón al confiar en que la oposición habría aceptado su versión de una reforma otorgada desde arriba.
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La oposición permaneció en una actitud recelosa, lo que era comprensible tras los inútiles intentos de reforma de los que había sido testigo con Solís, Carrero Blanco y Arias Navarro. El 23 de octubre, Coordinación Democrática se había unido a cinco frentes regionales, de Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y Galicia, para formar la Plataforma de Organismos Democráticos. Al saberse que Suárez pensaba convocar un referéndum, la Plataforma había amenazado con boicotearlo. Sin embargo, ahora era Suárez quien marcaba el tono, y se fue abriendo paso la idea de que habría un comité de notables de la oposición para negociar con el Gobierno. La ola de huelgas fue perdiendo empuje y, pese al llamamiento de la oposición en favor de la abstención, el referéndum del 15 de diciembre vio como se aprobaba el proyecto por el 94 por 100 de los votos. Por estas fechas el PSOE estaba ya dispuesto a aceptar que Suárez era capaz de acabar con el franquismo. En su XXVII Congreso, los socialistas decidieron participar en las elecciones, aunque no se hubieran legalizado todavía todos los partidos.
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16. La legalización del PCE.
De este modo, el PCE quedó metido claramente en un ghetto, por lo que el objetivo principal de la política comunista fue el de su legalización. Cuando Carrillo supo que el resto de la oposición probablemente no iba a arriesgar lo que había conseguido ya para que se legalizara al PCE, intentó forzar el paso. Vivía clandestinamente en Madrid, por lo que convocó una conferencia de presa el 10 de diciembre, que era como una provocación, aunque sus palabras fueron conciliadoras. Dejó entrever que, si se permitía al PCE participar en las elecciones, su partido colaboraría en la elaboración de un contrato social que permitiese hacer frente a la crisis económica. Dada la influencia comunista en CC.OO. y dado el hecho de que el descontento de la clase obrera era una de las razones por las que incluso los franquistas habían contemplado la necesidad de reformas, se trataba, evidentemente, de una oferta significativa. Carrillo fue detenido pero fue liberado ocho días después. Si no hubiese sido liberado habría quedado dañada la credibilidad liberal de Suárez. La liberación de Carrillo fue uno de los más importantes pasos en favor de la legalización del PCE.
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En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la desesperación del búnker se iba agudizando. Inmediatamente después de que Suárez hiciese su primera declaración referente a su compromiso con el cambio, había comenzado un intento muy bien orquestado para desestabilizar a España según las líneas de acción de la extrema derecha en Sudamérica y en Italia.
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Un presunto grupo marxista-leninista escindido, el GRAPO, infiltrado o manipulado por la derecha y por elementos de la policía, comenzó su actividad con una campaña de atentados con bombas, para pasar luego, después de que el referéndum había demostrado que existía un apoyo popular masivo al cambio, al secuestro de dos prominentes figuras del establishment, el presidente del Consejo del Reino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar. El 24 de enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco personas, de las que cuatro eran abogados laboralistas comunistas, en la calle Atocha.
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El PCE hizo un llamamiento a la serenidad y organizó un despliegue gigante de solidaridad, en silencio, durante los funerales de las víctimas. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE no sólo impresionó a Suárez personalmente, sino que gran parte de la hostilidad popular a la legalización del partido se desvaneció ante su respuesta autocontrolada a la tragedia. Una delegación de dirigentes de la oposición negoció con Suárez y, a cambio de promesas de actuación contra la violencia del búnker, ofreció una declaración conjunta gobierno-oposición denunciando el terrorismo y haciendo un llamamiento al pueblo para que apoyara al Gobierno. Fue uno de los mayores triunfos de Suárez. No sólo su respaldo popular se vio reforzado, sino que recibió la izquierda como perteneciente a las fuerzas democráticas de la nación.
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En febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partido políticos. El escollo mayor lo representaba el PCE. Para el búnker y el ejército, la legalización del comunismo significaba echar por la borda aquello por lo que habían combatido desde 1936. Por otro lado, Suárez tenía que estar de acuerdo con la oposición en que la democracia no podría ser completa se excluía un partido de la importancia del PCE. Además, tanto él como los demás partidos confiaban en que, al haber llegado con retraso a la palestra, el PCE dispondría de un apoyo popular menor del que esperaba.
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El 27 de febrero Suárez estaba ya preparado para verse con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, adoptó la bandera monárquica y ofreció su cooperación para llegar a un futuro pacto social. Para refrescar la memoria al Gobierno sobre la capacidad del PCE para organizar un escándalo internacional si quedaba excluido de las elecciones, el 2 de marzo Carrillo hizo de anfitrión en el Hotel Meliá-Castilla, de Madrid, al recibir a Berlinger y a Marchais, que iban a asistir a una cumbre comunista. El 9 de abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE.
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Esto condujo a la última y más seria crisis en el camino hacia la democracia. El almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, presentó la dimisión como protesta por la legalización. Se rumoreó que los ministros de Aviación y del Ejército y cierto número de jefes militares importantes habían dimitido también. Ciertamente, la hostilidad del ejército contra Suárez será desde entonces un hecho, y, como mostrarán los acontecimientos de 1981, nunca disminuirá. El Consejo superior del Ejército encajó la noticia de la legalización con una demostración de reticente disciplina y patriotismo. El Rey y Gutiérrez Mellado hubieron de trabajar duro para contener la crisis.
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Con un ánimo algo alarmado, la comisión conjunta de la oposición y del gobierno elaboraron una ley electoral. La campaña se desarrolló en una atmósfera de fiesta popular, que recordó a muchos el advenimiento de la segunda república en 1931. Los carteles, los mítines y los programas televisivos llevaron la campaña hasta un número sorprendentemente elevado de españoles. Votaron dieciocho millones de personas, casi un 80 por 100 de todo el electorado, y aproximadamente un 90 por 100 de éste votó claramente por el cambio.
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El régimen de Franco llegó realmente a su fin el 15 de julio de 1977. El fin había estado cerca durante muchos años, pero había faltado el método. La creciente decrepitud del sistema franquista había sido algo obvio durante años: desde los últimos sesenta, un número cada vez mayor de antiguos franquistas comenzó a darse cuenta de ello. Y comenzó un proceso bidireccional. Por una parte, se hicieron diversos esfuerzos para adaptar el franquismo a las nuevas circunstancias sin cambiarlos fundamentalmente. Solís, Carrero y Arias lo intentaron, uno después de otro, y uno después de otro naufragaron ante la oposición del búnker y ante los propios instintos esencialmente franquistas. Por la otra, los repetidos fracasos en realizar la reforma convencieron a cada vez más amplios sectores de la oligarquía económica, de los monárquicos liberales y, a veces, de los franquista inteligentes, de que su supervivencia dependía del cambio.
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Así, los ideales de la oposición, alimentados desde 1939, acabaron siendo compartidos, si bien de forma moderada, por algunos de sus enemigos de antaño. Lo que faltaba era un método por el cual pudiese llevarse a cabo la transición de la dictadura a la democracia sin derramamiento de sangre. En 1976 pareció todavía como si el enfrentamiento fuese inevitable. Si esto no fue así, hay que atribuirlo a la habilidad de Adolfo Suárez, al valor y a la decisión del Rey Juan Carlos, a la sensatez y moderación desplegadas por Felipe González, Santiago Carrillo y otros dirigentes de la oposición, a los cuarenta años de lucha de la oposición para mantener en pie las ideas democráticas y vivos los ideales, y sobre todo, al buen sentido de la gran mayoría del pueblo español.
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Varias fuentes. Recopilación realizada por A. Torres.
